El Ciudadano
Mientras la institución enfrenta una crisis por déficit en programas de integración escolar, contrató mediante trato directo un inmueble en Reyes Lavalle (ex sucursal bancaria) con un canon mensual mensual aproximado de $10 millones – el monto exacto no puede verificarse porque la Corporación no publicó el contrato en transparencia activa-, sumando un pago idéntico a la corredora Colliers sin licitación previa.
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
Todo salió a la luz tras una denuncia administrativa por eventuales irregularidades y vulneración al principio de probidad administrativa en contra de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes ante Contraloría, en la que se solicita se instruya una investigación conforme a derecho.
Según la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Pablo Peribonio, a la que tuvo acceso El Ciudadano, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes incurrió en lo que el documento califica como un “gasto suntuoso sin proceso competitivo”. La acción legal expone el arriendo de unas oficinas en un sector de alta plusvalía, sumado al millonario pago de una comisión a la corredora Colliers, ambos acuerdos realizados mediante trato directo.
La denuncia es parte de una investigación más amplia bajo el folio MTR E157550/25, que documenta, entre otros, la contratación irregular de un chatbot por el Secretario Ejecutivo Nicolás Pizarro Juliá con Eugenio Aguiló Armstrong – compañero de universidad y colega de gabinete en la Municipalidad de Maipú durante la administración de Cathy Barriga- el uso de fondos públicos para coaching personal del Director de Administración y Finanzas Felipe Cox Oddo, y el déficit en la atención de 650 niños con necesidades educativas especiales.
En el escrito, se denuncia que la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, arrendó un inmueble bajo el concepto de funciones administrativas de la Casa Central, en uno de los sectores de mayor valor inmobiliario en la capital, Reyes Lavalle, en un monto mensual cercano a los $10 millones. El documento denuncia que el acuerdo fue realizado sin proceso licitatorio, ni estudios de mercado, ni la fundamentación de la necesidad institucional que justifique el gasto tan elevado.
El conflicto no se queda solo en el arriendo del inmueble, sino que se encuentra la orden de compra N° 136108, emitida el pasado 21 de enero de 2026. A través de este documento, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes desembolsó $12.014.739 a favor de la empresa Colliers Prosin S.A. por concepto de comisión de corretaje.
La Orden de Compra N° 136108 fue firmada por Felipe Cox Oddo, Director de Administración y Finanzas. Es el documento oficial presentado ante Contraloría.
Para el denunciante, aquel pago tiene una densidad probatoria que merece análisis detenido, ya que, en primer lugar, tan solo el pago de la comisión de la corredora supera el valor de un mes de renta, lo que demuestra los cuantiosos recursos administrativos que la Corporación está dispuesta a gastar en una gestión inmobiliaria cuya verdadera utilidad para la institución es cuestionable.
Además, se denuncia que el pago fue realizado sin un proceso competitivo alguno: sin licitación, sin cotizaciones de otras corredoras y sin resolución fundada que justifique el trato directo con Colliers.
En esa línea, la denuncia menciona que el pago de una comisión por la búsqueda de oficinas no tiene ninguna vinculación con las labores esenciales de la Corporación, las cuales están orientadas exclusivamente a la educación y la salud. Este pago por trato directo, sumado al canon mensual del arriendo (por aproximadamente 10 millones de pesos mensuales), totaliza más de 22 millones de pesos solo para habilitar un inmueble ubicado en la calle Reyes Lavalle, uno de los sectores con mayor valor inmobiliario de la capital. La gravedad no es sólo el monto, según la denuncia, sino que el espacio estaría destinado a albergar a un equipo administrativo mucho menor al de las capacidades físicas del lugar de arriendo, lejano al lugar de atención directa de los beneficiarios, generando cuestionamientos sobre la austeridad y la eficiencia en el uso de los fondos destinados a la educación pública.
Prioridades cuestionadas: Los gastos frente a las carencias del PIE
Según los antecedentes presentados en una ampliación de denuncia ante la Contraloría General de la República (MTR E157550/25), este gasto administrativo contrasta fuertemente con la situación financiera de los establecimientos de la comuna.
La denuncia señala que mientras la Corporación pagó un poco más de $12 millones a Colliers por buscar una oficina, su programa PIE acumulaba pérdidas anuales de más de $526 millones a causa de cupos desaprovechados, 650 alumnos en lista de espera para entrar al programa de integración escolar, sin ningún proceso de compra en curso, y normativas de evaluación obsoletas en todos los recintos, a ocho años de la entrada en vigor del Decreto N° 67.
Según el denunciante “El plazo fatal es el 8 de mayo de 2026. No hay Director de Educación ni encargado técnico del PIE. Fue la propia Directora de Educación María Ester Silva – desvinculada por Pizarro Juliá sin garantías de debido proceso – quien encargó la auditoría que documentó esta situación y exigió acciones urgentes.”
“La elección de en qué gastar y en qué no gastar revela, por sí sola, las prioridades reales de la administración”, denuncia el escrito.
Además, la denuncia explica que conforme al artículo 3° de la Ley N°18.575 y al principio de servicialidad del Estado, los recursos públicos deben ser destinados a la satisfacción de las necesidades de las personas y no a la comodidad administrativa de quienes gestionan las instituciones.
“Una comisión de corretaje de $12.014.739 pagada sin proceso competitivo, para arrendar oficinas de alta gama en las que se instala la administración de una corporación que deja sin atención a cientos de niños con necesidades educativas especiales, es la expresión más concreta de la inversión de prioridades que esta denuncia busca poner en conocimiento de ese órgano contralor”, se declara en el documento.
En definitiva, la denuncia ante el órgano contralor pone bajo la lupa la legalidad y pertinencia de este millonario trato directo, exigiendo determinar si el gasto vulnera la normativa de compras públicas y la debida probidad en el uso de los fondos destinados a la educación comunal.
La ampliación de la demanda es enfática en exigir a Contraloría que verifique, en primer lugar, si la orden de compra N° 136108 cumple con los requisitos de fundamentación y proceso competitivo exigidos por la Ley N° 19.886; en segundo lugar, verificar la existencia de un acto administrativo que respalde y fundamente la contratación por trato directo con la empresa Colliers; en tercer lugar, aclarar si el gasto está correctamente imputado al presupuesto corporativo y si fue aprobado por el órgano competente; y por último, verificar si la decisión de arrendar el inmueble estuvo respaldada por una evaluación previa de diferentes alternativas que justifique la conveniencia del valor mensual acordado.
En definitiva, el requerimiento busca determinar si existió un uso arbitrario de los recursos públicos o si se vulneraron los principios de transparencia y probidad en la gestión de la Corporación.
Reacciones desde el Concejo Municipal de Las Condes
En conversación con El Ciudadano, el concejal de Las Condes y presidente de la Comisión de Educación, Guillermo Ureta Larraín (UDI), declaró al respecto que, a primera vista, el gasto genera una legítima preocupación por su proporcionalidad, ya que nos referimos a un gasto cercano a los $10 millones para un equipo acotado, en una ubicación de alto valor.
“Como presidente de la Comisión de Educación, considero que este tipo de decisiones deben estar debidamente justificadas en términos técnicos, operativos y económicos. Esa explicación, hasta ahora, no ha sido entregada al Concejo ni a la comunidad”, señaló.
Agregó que hasta la fecha, el Concejo no ha recibido información respecto de la propiedad ni de sus propietarios, tampoco de los criterios que fundamentaron la contratación por trato directo. Señaló, que aquella información es esencial para que puedan ejercer de manera adecuada su labor fiscalizadora, por lo que será solicitada formalmente.
Además, declaró que, si efectivamente la infraestructura supera los requerimientos técnicos del equipo, se podría estar frente a una posible ineficiencia en el uso de recursos públicos, justamente en un contexto donde existen necesidades fundamentales en educación municipal, por lo que cada peso debe estar correctamente priorizado. Por lo tanto, agregó que es fundamental que se aclare este punto junto a los antecedentes objetivos.
Respecto al pago entregado a Colliers, el concejal indicó que “tanto la Corporación como el municipio cuentan con infraestructura propia, lo que hace aún más necesario entender por qué se optó por esta alternativa. Adicionalmente, el pago de una comisión de corretaje de magnitud relevante, también sin licitación, refuerza la necesidad de explicar integralmente la decisión. Cuando se trata de recursos públicos, la regla debe ser siempre la máxima eficiencia y transparencia”.
Por último, señaló que hasta el momento no se ha presentado al Concejo una explicación fundada respecto de la elección del inmueble ni de la ausencia de un proceso competitivo. “Más que emitir juicios anticipados, lo responsable es exigir que la autoridad entregue todos los antecedentes que justifiquen la decisión adoptada”.
Por otro lado, el equipo de El Ciudadano, conversó con la concejala de Las Condes, Nayati Mahmoud, quien declaró que el monto asociado es innegablemente alto y que esos fondos se podrían destinar en otras áreas. “Aún así, solo con intenciones de ser precisa, entiendo que son más de 10 funcionarios y funcionarias quienes trabajan ahí. No sé si los suficientes para justificar el espacio arrendado, pero sí más de 10”, señaló.
Además, señaló conocer la identidad de la propietaria del inmueble; sin embargo, prefirió reservarse su nombre, argumentando que, hasta donde tiene conocimiento, no existiría ningún vínculo que represente un conflicto de interés entre ella, la alcaldesa o algún funcionario municipal.
Respecto a las características del inmueble, indicó que no le es posible precisar si se trata de instalaciones de lujo, puesto que no las ha visitado presencialmente. “Por ende, tampoco puedo decir si se ajusta a las necesidades técnicas del equipo. Me interesaría mucho conversar con quienes tienen reparos, porque si efectivamente no se justifica el gasto, ni el espacio, es una decisión que se debería revisar por parte de quienes la tomaron”, agregó.
Además, señaló que resulta indispensable optimizar los recursos asegurando que el grueso del presupuesto, o una proporción significativa, se destine a beneficiar de manera directa a los usuarios y usuarias de la Corporación.
“Aún así, manteniendo el criterio y perspectiva, también es necesario que nuestros y nuestras funcionarias cuenten con espacios dignos en que se puedan desenvolver tranquilamente. Esto, sin que signifique arriendos millonarios injustificados, en caso de haberlos”, aclaró.
Respecto al millonario pago a Colliers, declaró que a ellos no se les informa de todas las decisiones que adopta la corporación, ya que se trata de una entidad privada y no propiamente municipal.
“De hecho, tampoco se nos informó previamente del arriendo de esta propiedad, por lo que la información que manejamos es la que podemos buscar por nuestro lado. Pero intuitivamente, imagino que la decisión de la ubicación se debe a la cercanía que tiene del departamento central y como es de esperar, el gasto que implica este sector es sumamente alto”, señaló al respecto.
Por último, indicó que no han existido explicaciones al respecto. Agregó que si bien le gustaría recibir el contexto o información previamente por temas de transparencia, no es obligación que pase por ellos.
“Más aún, cuando ha habido problemas de comunicación con el Secretario General por, justamente, intenciones de visitar establecimientos por parte de Concejales y Concejalas. Por ende, se vuelve más tedioso acceder a la información considerando cómo se han dado las relaciones últimamente”, concluyó.
La defensa y descargos de la Corporación de Educación
El equipo de El Ciudadano se contactó con la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, quienes declararon que el arriendo de las oficinas en Reyes Lavalle 3194 (of. 102 y 202) cuesta 212,55 UF más IVA (unos $8,5 millones). Además, la entidad aclara que operan 32 personas -más de la mitad de la Casa Central-, esperando alcanzar un tope de 46 según la capacidad del espacio.
“Adicionalmente la Corporación de Educación y Salud de Las Condes es una persona jurídica diferente del Municipio y por ende no es posible utilizar espacios municipales”, agrega.
En cuanto a la comisión de corretaje, señalaron que “el pago por comisión de corretaje ascendió a la suma de UF 254 más IVA. Monto que según las estipulaciones del contrato, corresponde al 2% del monto total del contrato, esto es 60 meses de arriendo (5 años)”.
Además, indicaron que la corporación, como entidad de derecho privado sin fines de lucro, está facultada para pagar comisiones de corretaje, una práctica habitual que lleva años realizándose y que no fue creada por la actual administración. Asimismo, señalaron que se trata de un cobro estándar e ineludible en el mercado inmobiliario para este tipo de contratos.
“Al estar los contratos de arriendos de inmuebles exentos de la ley de compras, no se utilizó un trato directo para esta contratación. El corretaje está asociado a la propiedad, siendo la corredora seleccionada por el propietario y no por la Corporación”, señalan.
“Sin embargo la Orden de Compra N° 136108 dice expresamente Comisión arrendatario Colliers y está firmada por Felipe Cox Oddo. Quien paga al corredor es su cliente. Si la Corporación pagó con fondos públicos, la Corporación eligió. ¿Qué habría pasado si el propietario hubiera elegido un corredor que cobraba el doble? ¿La Corporación habría pagado $24 millones de fondos de la educación sin chistar?” señala el denunciante.
Por otro lado, respecto a los propietarios del inmueble, aclararon que sus dueños son María Luz Baldrich Matheits y María Eugenia Baldrich Matheits, quienes lo arriendan a la inmobiliaria M-R Limitada cuya representante legal es Mary Luz Matheits Ruiz.
“Fue con esa sociedad con quien se suscribió el contrato, no existe relación ni conflicto de interés de alguna índole con estas personas, ni ha sido reportado por ninguna persona o funcionario un conflicto de esta índole”, aclararon.
Por último, señalaron que la ley de compras públicas, rige para los contratos de carácter oneroso que suscriban los organismos estatales con el fin de abastecerse de bienes y servicios y que los contratos de arriendo de inmuebles no están sujetos a las disposiciones de esta ley.
“La elección de este inmueble en particular, obedece a criterios objetivos, particularmente de la ubicación estratégica del inmueble, el cual se emplaza justo frente a la Casa Central de la Corporación, lo que permitió priorizar la cercanía y articulación de los equipos de trabajo, siendo una razón de mérito y conveniencia y que genera un ahorro en tiempos de traslado y movilización, teniendo en consideración que existía una serie de funcionarios que cumplían labores en distintos puntos de la comuna”, agregaron.
Para el denunciante “El argumento de la cercanía no resiste un análisis básico. Los colegios que atienden esos funcionarios están en Colón con Paul Harris, Camino del Alba, Tomás Moro, al otro extremo de la comuna. Y las oficinas centrales quedaron con espacios disponibles. Si había espacio allá, ¿para qué gastar fondos de la educación en arrendar oficinas de lujo en el barrio más caro de Santiago?”.
Por último, descartaron la existencia de una falta de transparencia en el proceso, señalando que la contratación se apegó a la normativa vigente, valores de mercado, necesidad y justificación de la contratación y que se formalizó bajo las cláusulas estándar de los contratos de arrendamiento, los cuales están sujetos al derecho privado.
Mientras el denunciante insiste en que “Sin embargo ni el contrato de arriendo ni la orden de compra del corretaje estaban publicados en transparencia activa a la fecha de la denuncia. Este patrón no es nuevo —-el contrato con Impacte SpA tampoco tenía respaldo público hasta el mismo día en que fue consultado por la prensa. El Consejo para la Transparencia detectó en marzo de 2026 incumplimientos generalizados en publicación de contratos de arriendo municipal. Aunque los arriendos estén exentos de la Ley de Compras, el artículo 9° de la Ley N° 18.575 exige emplear algún mecanismo competitivo o justificar fundadamente por qué no. Ese acto no existe. Omitirlo contraviene el principio de probidad del artículo 62 N° 7. Los recursos públicos no solo deben gastarse legalmente —-deben gastarse justificadamente. Hay además un antecedente que esta administración no puede ignorar: algo similar ocurrió con la compra de inmuebles para el tercer CESFAM -sin proceso competitivo y con pago de corretaje sin licitación. Contraloría observó esas contrataciones y se instruyó sumario. Fue la propia Alcaldesa San Martín quien siendo concejala denunció esas irregularidades. La pregunta que surge sola: ¿aprendió la lección? ¿Y a quién le corresponderá el sumario esta vez?”
El caso bajo el escrutinio del órgano contralor
La controversia por el arriendo de las oficinas en Reyes Lavalle pone en evidencia la gestión de los recursos en la comuna. El debate se centra en si estos gastos administrativos son proporcionales a las urgencias de la educación y salud municipal.
Mientras el ente contralor revisa la legalidad de los tratos, los concejales exigen mayor transparencia y explicaciones técnicas. La comunidad aguarda una resolución que determine si se respetó la probidad en el uso de los fondos públicos.
Finalmente, el caso subraya la urgencia de reorientar el presupuesto hacia las necesidades de los usuarios y estudiantes. La resolución de Contraloría será clave para definir el estándar de probidad que regirá a la Corporación.
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
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