Nuevos flancos se abren en la controversia por el presunto instructivo del Ministerio de Justicia para limitar la participación de abogados del Estado en causas de lesa humanidad. Un correo interno de la cartera contradice la versión oficial entregada por el ministro Fernando Rabat.
El secretario de Estado aseguró que “no existe una instrucción de este ministro”, desmintiendo las acusaciones de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria. Desde esa instancia advirtieron que abogados vinculados al Estado habrían dejado de intervenir en audiencias donde se discuten rebajas de pena o medidas alternativas al cumplimiento efectivo de condenas, a petición del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la versión de Rabat se ve tensionada por un correo enviado por la directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido. Según el documento, al que accedió Radio Bío Bío, la funcionaria reconoce la existencia de instrucciones en esa línea.
“Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”, señala el mensaje.
Entre dichos criterios, se solicita informar sobre posibles alegatos adjuntando minutas. Asimismo, en los casos en que la instrucción sea no apelar o no alegar, se pide a los abogados remitir por correo su intención de recurrir, con el objetivo de resguardar la trazabilidad de las decisiones.
En ese contexto, Garrido indica que responderá “señalando que por decisión de la autoridad se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”, reconociendo que la medida podría generar dificultades.
Subsecretaría insiste en criterio “caso a caso”
En paralelo, la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que reafirma que las políticas en esta materia “constituyen políticas de Estado y de continuidad”.
En esa línea, la repartición destacó la vigencia del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia —establecido mediante el Decreto Supremo N° 98 de 2023— y aseguró que durante la actual administración se han realizado diversas diligencias en terreno, además de reuniones con actores vinculados.
Junto con subrayar que el Programa de Derechos Humanos continúa desarrollando su labor, la Subsecretaría sostuvo que, en el ámbito jurídico, sus actuaciones “se rigen por protocolos vigentes desde 2017”, los cuales fijan criterios para intervenir en causas judiciales.
“En particular, toda decisión de hacerse parte en recursos, alegar o ejercer acciones judiciales se adopta sobre la base de un análisis caso a caso, considerando las sentencias, los antecedentes técnicos disponibles y los informes de organismos especializados. No existe, por tanto, una orden del Ministerio ni de la Subsecretaría para detener o dejar sin efecto la tramitación de las causas”, precisaron.
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