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SEÑOR DIRECTOR:

Los períodos de transición gubernamental ofrecen oportunidades para la adopción de decisiones que, fuera de ese marco, resultan políticamente más costosas. En ese contexto, un pacto entre el gobierno saliente y el entrante para implementar un plan extraordinario y acotado de regularización debe entenderse menos como un gesto moral o ideológico que como una decisión racional orientada a reducir costos futuros para ambos sectores, aunque por motivos distintos.

Para el gobierno que finaliza, permitiría cerrar un ciclo marcado por la brecha entre objetivos declarados y resultados efectivos de la política migratoria, atenuando una responsabilidad política difícil de eludir. Para el entrante, implicaría evitar asumir de inmediato un problema estructural cuya persistencia genera externalidades previsibles: informalidad laboral, debilitamiento del control estatal y aumento de la conflictividad social.

La evidencia es clara: la irregularidad prolongada no fortalece ni el orden ni la gobernabilidad, sino que reduce la trazabilidad poblacional, expande la economía informal y erosiona el Estado de Derecho. Un proceso extraordinario de regularización, correctamente delimitado y administrado, mejora la información disponible y fortalece el control posterior.

Resignados a que ni los que llegan ni los que se van tienen voluntad de abordar la migración desde criterios normativos o humanitarios, solo resta, como último argumento, un principio de eficiencia política. La transición ofrece una oportunidad singular para distribuir costos de manera más racional. Desaprovecharla es una decisión estratégicamente difícil de justificar, incluso por conveniencia.

Rodrigo Sandoval

Ex jefe de extranjería y académico U.Central