¿Por qué los impuestos recaudados por el SII transformaron el juego online en un negocio legítimo?

El Ciudadano

El Servicio de Impuestos Internos (SII), con el respaldo pleno del Ministerio de Hacienda, ha remecido los cimientos jurídicos y económicos del país. La Resolución Exenta N.º 69, emitida el 2 de junio de 2026, modifica radicalmente las reglas del juego. Detrás de una disposición burocrática aparentemente simple —obligar a plataformas extranjeras de apuestas online, casinos virtuales y casas de apuestas a pagar el denominado IVA Digital— se esconde, según sus críticos, una verdadera capitulación del Estado frente al mercado gris del juego online.

Las autoridades y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han hecho todo lo posible por contener la polémica. Su argumento se repite como un mantra: «La recaudación de impuestos es una obligación propia del SII para garantizar condiciones equitativas de competencia; esto no implica una legalización». En la misma línea se ha pronunciado el ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, quien ha intentado responder a las críticas apelando al marco institucional: «La legalización de actividades como los juegos de azar online corresponde exclusivamente a una ley de la República, actualmente en discusión en el Congreso. El SII es simplemente un organismo autónomo que actúa dentro de las facultades que le otorga la ley».

Las autoridades repiten que «cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad», pero para muchos observadores esa distinción resulta cada vez más difícil de sostener. En una economía de mercado, la tributación es uno de los principales indicadores de reconocimiento institucional. Si una industria se registra ante el Estado, declara ingresos y paga impuestos de forma regular, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto puede seguir considerándose completamente ilegal. Por ello, los críticos sostienen que insistir simultáneamente en la ilegalidad del juego online mientras se recauda dinero proveniente de esa misma actividad constituye una contradicción jurídica y política difícil de justificar.

Una amnistía de facto para la industria

Hasta la publicación de esta resolución, el marco jurídico chileno en materia de juegos de azar parecía claro y relativamente estable. De acuerdo con la legislación vigente, los únicos operadores autorizados eran Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, Teletrak y los casinos presenciales que cuentan con licencia oficial. Cualquier otra modalidad de explotación de juegos de azar fuera de ese marco era considerada ilegal.

El senador Esteban Velásquez (FREVS) recordó con dureza a las autoridades tributarias un precedente que considera fundamental. «En septiembre del año pasado, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y estableció de manera categórica que las plataformas de juegos de azar online que operan sin autorización legal desarrollan una actividad ilícita. El fallo no dejó espacio para interpretaciones ambiguas y ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a estos sitios», señaló el parlamentario.

Sin embargo, para los críticos de la medida, la nueva resolución del SII deja en una posición incómoda el criterio fijado previamente por la Corte Suprema. A su juicio, la introducción del IVA Digital equivale, en los hechos, a otorgar una especie de regularización retroactiva a una industria cuya situación jurídica seguía siendo objeto de controversia. El argumento es sencillo: las plataformas extranjeras que operan sin residencia en Chile podrán incorporarse al sistema simplificado mediante el formulario F129 y regularizar obligaciones tributarias correspondientes a los últimos 36 períodos fiscales, es decir, tres años. Para quienes cuestionan la decisión, resulta difícil conciliar esta integración al sistema tributario con la idea de que dichas actividades continúan siendo completamente ilegales. Desde esta perspectiva, exigir el pago de impuestos por operaciones realizadas durante años y, al mismo tiempo, sostener que esas mismas actividades podrían ser objeto de bloqueo o prohibición genera una evidente contradicción. De ahí que algunos sectores interpreten la medida como una señal de reconocimiento práctico hacia la industria del juego online, independientemente de que su regulación formal siga pendiente en el Congreso.

«El intento del SII de obligar a empresas que operan al margen de la ley a registrarse y pagar IVA Digital constituye un absurdo jurídico de enorme magnitud y funciona, en la práctica, como una forma de regulación encubierta», sostiene Velásquez. Las críticas no provienen únicamente de sectores de oposición o de quienes defienden una regulación más estricta. También han surgido voces desde la centroderecha. El abogado y militante de la UDI Pablo Tolosa cuestionó la decisión durante una entrevista en Radioanálisis, llevando el debate hasta sus últimas consecuencias: «La Corte Suprema ya emitió un fallo claro sobre esta materia. Que ahora el SII pretenda recaudar impuestos de estas plataformas es algo sencillamente insólito».

Existe además otro elemento central en esta controversia. Aunque el SII goza de autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones, forma parte de la estructura del Estado y actúa dentro del marco definido por el Poder Ejecutivo. Por ello, los detractores de la medida sostienen que la única autoridad con capacidad política y administrativa real para frenar, modificar o revertir una resolución de esta magnitud es el propio Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los críticos acusan al ministerio encabezado por Jorge Quiroz de haber optado por una estrategia distinta: priorizar la recaudación fiscal derivada de la actividad de las plataformas de apuestas online, amparándose en la autonomía institucional del SII para evitar asumir directamente el costo político de una decisión que sigue generando una intensa controversia pública.

Regularización encubierta y la indignación de la industria legal

Como era de esperar, la medida provocó una fuerte reacción entre los operadores tradicionales del sector, que durante años han pagado cuantiosos impuestos y gravámenes al Estado bajo un marco regulatorio estricto. La Asociación Chilena de Casinos de Juego acusó abiertamente al Gobierno de impulsar una «legalización encubierta» de actividades que hasta ahora eran consideradas ilegales, motivada principalmente por el interés de aumentar la recaudación fiscal en el corto plazo.

La presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, fue especialmente crítica durante una entrevista concedida a Radio 13C:

«Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en una actividad legal. Sin embargo, el mensaje que recibe el mercado es muy claro: estas plataformas pueden seguir operando mientras regularicen su situación tributaria. En la práctica, se está permitiendo que negocios que hoy son considerados ilegales ingresen al sistema y obtengan un RUT. Se les está abriendo la puerta sin saber quiénes son realmente los propietarios de estas plataformas, quiénes son sus beneficiarios finales ni cuál es el origen de los recursos que manejan».

Valdés también cuestionó lo que considera una contradicción por parte del Ejecutivo. Recordó que, durante su última Cuenta Pública, el Presidente comprometió mayores esfuerzos para proteger a niños y adolescentes en los entornos digitales. Sin embargo, a juicio de la dirigente gremial, la nueva política tributaria envía una señal opuesta al permitir que plataformas de apuestas que operan desde el extranjero continúen captando usuarios en Chile mientras regularizan su situación fiscal.

Mientras el Senado lleva años debatiendo el proyecto de ley destinado a regular las apuestas online, los críticos sostienen que el Ejecutivo, a través del director del SII, Jorge Trujillo, ha optado por avanzar por la vía administrativa antes de que exista una definición legislativa clara. Esta interpretación ha cobrado aún más fuerza debido a que, poco antes de la emisión de la Resolución Exenta N.º 69, el Gobierno redujo el nivel de urgencia legislativa asignado al proyecto que actualmente se tramita en el Senado.

El senador Diego Ibáñez ha sido igualmente categórico en sus críticas: «Hoy nadie controla realmente a las plataformas de apuestas online. Su eventual legalización debe definirse en el Congreso, particularmente en el Senado, y no mediante una decisión administrativa de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Regularizar por la vía administrativa un negocio que sigue sin regulación específica equivale a ceder completamente ante el lobby de las grandes casas internacionales de apuestas. Por ello, hemos decidido presentar estos antecedentes ante la Contraloría y citar al director del SII, Jorge Trujillo, para que entregue explicaciones ante el Senado».

Un crecimiento explosivo que ya parece imposible de detener

Mientras las autoridades, los legisladores y los reguladores discuten sobre definiciones jurídicas, los chilenos siguen apostando. Según un informe de Apuesta Legal Chile, las principales plataformas de juego online registraron 72,4 millones de visitas solo durante el primer trimestre de este año, un 8% más que en el mismo período del año anterior. Las cifras reflejan la magnitud de un mercado que ha experimentado un crecimiento sostenido y que, para muchos analistas, ya forma parte de la economía digital chilena.

Para sus defensores, la Resolución N.º 69 del SII no hizo más que reconocer una realidad que ya existía: el mercado del juego online se ha consolidado en Chile y continúa expandiéndose pese a la ausencia de una regulación definitiva. Por ello, sostienen que las discusiones políticas, las investigaciones solicitadas ante la Contraloría y las críticas provenientes de distintos sectores difícilmente podrían revertir una transformación que ya está en marcha.

Desde la perspectiva de quienes respaldan esta interpretación, en una economía de mercado los impuestos constituyen uno de los principales indicadores de legitimidad. Si una plataforma está inscrita en el sistema del SII, declara ingresos y paga tributos por cada transacción realizada, cualquier intento futuro de bloquear su actividad podría generar una evidente contradicción para el propio Estado. Sus partidarios sostienen que resulta difícil justificar la exclusión de operadores que aportan recursos al fisco mediante mecanismos como el formulario F129. En este contexto, consideran que el modelo tradicional dominado por Polla Chilena y los casinos presenciales enfrenta un desafío histórico y que la expansión del juego online ha abierto una nueva etapa para la industria, cuyo impacto sería difícil de revertir.