El Ciudadano
Recientemente, la doctora Ana Tania Toro Cepeda lanzó en Change.org una carta abierta a la ministra de Salud, May Chomali, alertando sobre una eventual discontinuidad del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS).
La carta titulada “Riesgo clínico y ético ante la propuesta de discontinuidad de PRAIS”, declara la preocupación en torno a las señales de reducción operativa del programa entregadas en el documento emitido por el Ministerio de Hacienda.
“Más allá de la discusión presupuestaria de corto plazo, es imperativo analizar esta decisión bajo un enfoque de salud pública, bioética y estándares internacionales de Derechos Humanos, toda vez que la alteración de estos dispositivos no constituye una mera eficiencia administrativa, sino una grave vulneración de la integridad asistencial”, señala.
Como primer punto, Toro enfatiza en el enfoque técnico de la reparación, explicando que más allá de prestar un servicio de salud estándar, el PRAIS es un dispositivo de reparación integral enfocado a pacientes con daño psicosocial complejo derivado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Además, señala que la literatura clínica ratifica que tanto el trauma transgeneracional como el daño crónico requieren continuidad en los cuidados y una especialización que va más allá de la oferta médica estándar de la red asistencial con enfoque biopsicosocial.
Para la médica, “eliminar o reducir recursos a estos equipos no es ‘optimizar’, es desconocer absolutamente la mirada integral y la etiología del daño que los pacientes presentan”.
Como segundo punto, Toro se centra en la iatrogenia institucional, que es el daño que generan las instituciones o políticas públicas —no un médico individual— sobre las personas usuarias y la retraumatización como efecto adverso.
Para la médica, la desarticulación de este programa “conlleva un riesgo iatrogénico inaceptable: la revictimización y retraumatización de nuestros pacientes”. Aquí explica que la relación terapéutica bajo el contexto de reparación, requiere un vínculo de confianza y reconocimiento a la dignidad del usuario.
“La interrupción de tratamientos, el cierre de espacios de escucha especializada y la fragmentación de los equipos obligan al paciente a re-narrar su historia ante profesionales ajenos al proceso, lo cual constituye, en sí mismo, un acto de violencia institucional. Un sistema de salud que ignora este fenómeno no está siendo eficiente, está siendo negligente”, declara.
El tercer punto enfatiza en el desconocimiento del marco jurídico y de derechos, señalando que el Estado de Chile tiene obligaciones internacionales vinculantes en materia de reparación, las cuales se materializaron en protocolos ministeriales que hoy están en riesgo.
Toro explica que la disminución de recursos sumado a la precarización de los dispositivos PRAIS, no solo pasa por alto el marco normativo que lo sustenta —basado en la Ley 19.980—, sino que también contradice el sentido de la Ley 20.584 y desconoce que la “humanización de la salud” no es un eslogan, sino una exigencia técnico-asistencial para personas cuyos derechos han sido vulnerados.
“Reducir la atención de derechos humanos a una línea de presupuesto fácilmente recortable revela un desconocimiento flagrante del principio de ‘no repetición’ y del estándar de reparación integral que el Estado está obligado a garantizar”, indica.
Como último punto, Toro plantea una decisión de salud pública deficiente. La médica señala que tanto la historia clínica como la historia epidemiológica, han evidenciado que el abandono del acompañamiento en salud integral de víctimas de violencia estatal provoca una cronicidad de las patologías, lo que termina en costos más altos para el sistema público a largo plazo debido a descompensaciones que pudieron evitarse.
Además, indica que la deshumanización que conlleva este recorte presupuestario, no solo desatiende a los pacientes, si no que perjudica la ética de los profesionales de la salud quienes ven coartada su capacidad técnica para entregar una atención acorde a las necesidades del sujeto de derecho.
“Es por esto que como médicas, médicos, profesionales de la salud y todo/a aquel comprometido con la memoria y la reparación, instamos a las autoridades que proponen la descontinuación de PRAIS y a la figura principal de nuestro Ministerio de Salud, Dra May Chomali a reconsiderar cualquier medida que afecte la operatividad del PRAIS”, señala el escrito.
Además, declara que la gestión de los recursos públicos no puede desvincularse de la evidencia clínica ni de los principios éticos esenciales. Un programa de Derechos Humanos evaluado bajo criterios de ahorro termina desdibujando, en lo fundamental, su sentido reparador.
“Exigimos la garantía de recursos suficientes para mantener la continuidad de los equipos, el respeto a los protocolos de atención especializada y la preservación de un espacio que, antes que administrativo, es un pilar de la ética de salud en Chile”, concluye la carta firmada por la Doctora Ana Tapia Toro Cepeda.
En conversación con El Ciudadano la doctora Ana Toro Cepeda y la doctora Valentina Bustos Bottai, agradecieron la oportunidad de visibilizar la real importancia que tiene el PRAIS, ya que —en sus palabras— es una política pública que no constituye un beneficio “accesorio”, sino que es un derecho y una expresión concreta del deber de reparación del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.
“Desde que se conoció la circular que proponía su eventual descontinuación, reformulación o reducción, desde los equipos especializados PRAIS a nivel nacional, hemos advertido que cualquier debilitamiento del programa implicaría un retroceso grave en derechos humanos, salud pública, memoria democrática y reparación integral”, señalaron.
Para las doctoras, el PRAIS es más que una vía de accesos a prestaciones de salud, es una red clínica, psicosocial y ética construida durante más de 30 años, con presencia en los 29 Servicios de Salud del país y más de 640.000 personas inscritas en la actualidad.
Para ellas, la existencia del programa responde a una verdad fundamental: que el daño producido por la violencia estatal no termina con el paso del tiempo ni desaparece por resolución administrativa.
Respecto a los efectos concretos que representaría la reducción del PRAIS en la práctica clínica, declararon que sería una ruptura crítica del proceso terapéutico, ya que los pacientes no solo requieren atención de salud general, sino que requieren una atención especializada, situada y sensible al trauma político, que sea capaz de comprender las secuelas de la prisión política, la tortura, el exilio, la desaparición forzada, la ejecución política y otras formas de represión estatal.
“La evidencia clínica muestra que las personas sobrevivientes de violencia política y tortura presentan mayor carga de enfermedad física y mental, dentro de las cuales podemos nombrar, entre otras el trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, dolor crónico, enfermedades cardiovasculares, deterioro funcional y trayectorias clínicas más complejas”.
En esa línea, explicaron que en nuestro país, diversos estudios sobre sobrevivientes de prisión política y tortura, han mostrado una mediana de edad de fallecimiento de 68 años, mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares tempranas.
“Este antecedente resulta especialmente relevante si se considera que la esperanza de vida general en Chile se sitúa en torno a los 80 años en mediciones recientes, lo que refuerza la necesidad de mantener una respuesta sanitaria diferenciada y especializada”, señalan.
Por lo tanto, en la atención diaria, el equipo PRAIS no opera como un servicio cualquiera. Para muchas personas, representa el único espacio reparatorio del Estado donde han logrado ser escuchadas sin desconfianza, sin que se relativice su experiencia y sin verse obligadas a explicar una y otra vez el origen de su daño.
Tanto Toro como Bustos declararon que la sola amenaza de reducción o desmantelamiento del programa representa un nuevo estresor traumático, actualizando el miedo, la indefensión y la desconfianza institucional.
“Disminuir el PRAIS no sería una simple reorganización administrativa; significaría exponer a los pacientes a una retraumatización institucional, al detener este programa de reparación con enfoque en derechos humanos y trauma político: La reparación en salud requiere continuidad, vínculo, memoria clínica y confianza. Sin esos elementos, no hay reparación”, señalan.
Por otro lado, al ser consultada por la campaña lanzada en Change.org, declararon:
“A través de esta campaña, buscamos afirmar que la reparación no es un gasto prescindible ni una partida disponible para ajustes de eficiencia. Es una obligación permanente, imprescriptible y ética del Estado. Aunque el Ministerio de Salud haya matizado el lenguaje inicial de ‘descontinuación’ por conceptos como ‘reformulación’, la ambigüedad persiste. En materia de derechos humanos, la ambigüedad institucional también produce daño”.
Por lo anterior, solicitan, en primer lugar, una declaración explícita, pública y verificable de que el programa no será objeto de recortes, debilitamientos ni “optimizaciones” financieras que afecten su cobertura, continuidad o especificidad técnica.
En segundo lugar, exigen el reconocimiento de la experticia clínica de los equipos especializados del PRAIS, señalando que las secuelas derivadas de violaciones graves a los derechos humanos demandan una atención especializada. “Esta experticia no es transferible mecánicamente a la red general, porque no se limita a prestaciones aisladas: implica comprensión del trauma político, enfoque de derechos humanos, memoria histórica, reparación psicosocial y prevención de la retraumatización”, indicaron.
En tercer lugar encontramos la solicitud de una articulación efectiva con la red pública, declararon que el PRAIS no puede funcionar como un dispositivo desvinculado. Sus usuarios también forman parte de la red pública de salud, por lo que los equipos cumplen un papel articulador clave: guían, acompañan y facilitan el acceso a especialidades médicas, urgencias, hospitalización, salud mental y atención primaria, asegurando una atención con enfoque de derechos.
En cuarto lugar, demandan estabilidad y continuidad de los equipos, ya que “la continuidad laboral de los equipos PRAIS es una condición clínica indispensable. El vínculo terapéutico no puede reemplazarse por una planilla, una derivación o un rediseño administrativo. La confianza construida con sobrevivientes de violencia estatal es parte del tratamiento y, por tanto, parte de la reparación”.
Por último, plantean mayor participación de usuarios, agrupaciones y equipos especializados, explicando que cualquier modificación al programa debe ser discutida con quienes han sostenido de forma histórica la reparación, es decir, los usuarios, familiares, organizaciones de derechos humanos y equipos clínicos PRAIS. “Reformular sin escuchar sería una nueva forma de exclusión”, indicaron.
Por otro lado, las doctoras fueron enfáticas en señalar que el debilitamiento del PRAIS configuraría una responsabilidad política por eventual abandono de compromisos históricos del Estado en materia de verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición; legal e institucional, ya que el programa se encuentra reconocido en el marco normativo de Chile y se vincula directamente con el derecho a una atención de salud digna, segura y respetuosa; ética y sanitaria, porque porque fragmentar o diluir esta atención implicaría desconocer el carácter específico del daño producido por crímenes de Estado.
“Cuando el Estado debilita el dispositivo encargado de reparar el daño que el propio Estado produjo, no solo falla en su obligación de cuidado: reabre la herida que decía estar reparando”.
Para Toro y Bustos, es profundamente contradictorio que el Estado reconozca oficialmente la condición de víctima y, al mismo tiempo, intente relegar la necesidad de una atención de salud especializada para quienes sobrevivieron a la violencia política. No se trata solo de números: se trata de personas, de sobrevivientes y de familias enteras que han arrastrado por décadas las huellas del miedo, la pérdida, la tortura, la desaparición, el exilio y el silencio.
“Muchos pacientes reconocidos por el Estado han fallecido esperando una reparación plena y digna. Otros siguen vivos, pero envejecidos, enfermos, cansados y nuevamente enfrentados a la incertidumbre”.
Por último, señalaron que no permitirán que la “eficiencia administrativa” sea utilizada como argumento para justificar el abandono institucional.
“El PRAIS debe fortalecerse, no reducirse. Debe protegerse, no diluirse.Debe ser reconocido como una política de reparación en salud y derechos humanos, no como un programa prescindible. Porque sin salud no hay reparación. Sin memoria no hay democracia. Y sin garantías de no repetición, la promesa del “nunca más” queda vacía”, concluyeron.
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