Presidente, ¿es usted el Orbán chileno? Kast y la corrupción en Hungría

El Ciudadano

Por Verónica Aravena Vega

El 4 de febrero de 2026, cinco semanas antes de ponerse la banda, José Antonio Kast almorzó con Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Budapest. Cuarta reunión entre ambos. Orbán declaró después que habían hablado de «operaciones internacionales relevantes para la próxima década», que es el tipo de cosa que dice alguien que no está recibiendo una visita de cortesía sino chequeando cómo va la inversión.

El día anterior, Kast había discurseado en la VII Cumbre Trasatlántica en el Parlamento Europeo, organizada por la Political Network for Values — la corporación de la derecha radical que él mismo presidió hasta 2024. Al día siguiente se fue a Roma a ver a Meloni. Tres capitales en tres días, todas conectadas por la misma red, todo con cara de gira diplomática, pero con olor a rendición de cuentas.

¿Quién pagó eso? Los vuelos, los hoteles, la logística. No se sabe. Manouchehri y Cicardini lo preguntaron en público. Nada. Un presidente electo recorriendo Europa en eventos de una red hoy bajo investigación por corrupción, y no existe un solo documento que explique de dónde salió la plata. En cualquier democracia europea eso se llama financiamiento irregular. En Chile todavía no tiene nombre porque a nadie con poder institucional le ha dado la gana de preguntarlo.

Y lo que antes era opacidad ahora es urgencia. Porque el anfitrión de aquel almuerzo perdió el poder y sus cajones están a punto de abrirse.

El 12 de abril los húngaros sacaron a Orbán después de dieciséis años. Péter Magyar, que fue su aliado y lo conoce por dentro, lo barrió con dos tercios del parlamento. Lo primero que anunció fue una investigación judicial sobre los «Orbán Files«: el desvío sistemático de dinero público húngaro para financiar a la extrema derecha en medio mundo.

Hay que entender qué gobierno era ese, porque desde Chile suena a documental de domingo. No lo es. Freedom House degradó a Hungría a «parcialmente libre» —primer Estado de la UE en perder esa condición. V-Dem le puso 0,32 en democracia liberal, el peor de los 27: «autocracia electoral». Transparencia Internacional la ubicó última de la UE en corrupción. Bruselas le congeló 17.000 millones de euros porque el dinero entraba y nadie podía explicar adónde iba. No era un gobierno con problemas de imagen. Era una cleptocracia.

La mujer que hablaba de proteger a los niños en cada cumbre le firmó la salida al encubridor de un pederasta. Esa es la persona que le entregó las llaves de la PNfV a Kast. Así de turbio es el pedigrí.

Ese gobierno es el que Kast llamó «una inspiración desde el primer día», once días después de asumir. No lo dijo por compromiso. Lo dijo porque llevaba años comiendo en esa mesa.

La Political Network for Values tiene raíces en el extremismo católico y vínculos con HazteOír, CitizenGo, El Yunque y el Opus Dei. Cuatro continentes, cientos de legisladores articulados detrás de una agenda que se vende como «vida, familia y libertad religiosa» y que en la práctica es antiaborto, antiderechos LGBTQ y antimigración. Kast está ahí desde 2015. La presidió entre 2022 y 2024. Le pasaron el cargo cuando Katalin Novák dejó la PNfV para asumir la presidencia ceremonial de Hungría —cargo que ejercía al mismo tiempo que Orbán como primer ministro. Novák se tuvo que ir en febrero de 2024 porque se supo que había firmado el indulto del subdirector de un hogar infantil estatal en Bicske, condenado por encubrir abusos sexuales a menores cometidos por el director. La mujer que hablaba de proteger a los niños en cada cumbre le firmó la salida al encubridor de un pederasta. Esa es la persona que le entregó las llaves de la PNfV a Kast. Así de turbio es el pedigrí.

Y mientras Kast la dirigía, la PNfV recibió plata del Estado húngaro. Está en la Gaceta Húngara, el Diario Oficial. En 2020, 38 millones de florines del presupuesto estatal a una organización destinada a cooperar con la PNfV. En 2021, 140.000 euros para la IV Cumbre Trasatlántica, en el Parlamento húngaro. En 2022, la PNfV organizó la CPAC europea financiada al alero del Centro de Derechos Fundamentales del Fidesz. El presidente de la PNfV en ese momento: José Antonio Kast.

El excanciller Valdés puso una distinción en El Mostrador: las fundaciones serias —la Ebert, la Adenauer— operan en Chile con oficina, transparencia y pagando impuestos. Lo de la red orbanista no tiene nada que ver. Plata opaca entre fundaciones pantalla, sin presencia local, sin registro, sin que nadie supiera cuánto entraba ni por dónde. Cooperación es una cosa. Lavado ideológico con fondos de un Estado corrupto es otra.

Y a estas alturas alguien en Santiago o en Talca tiene derecho a preguntar: ya, pero a mí qué me importa lo que haya pasado entre Budapest y una fundación que ni conozco.

Si se demuestra que la red financió actividad política de Kast, hay delito electoral: financiamiento extranjero no declarado.

Te importa porque la ley existe para protegerte exactamente de esto. La Ley 18.603 dice textual que los partidos no pueden subordinar su acción a organizaciones foráneas ni a gobiernos extranjeros. La 19.884 prohíbe que extranjeros o personas jurídicas financien campañas. Solo personas naturales chilenas. Esas leyes están ahí para que el presidente que decide sobre tu sueldo, tu pensión, tu hospital, no le deba favores a ningún gobierno que no sea el tuyo.

Kast presidió durante dos años una organización política foránea financiada por un gobierno extranjero hoy investigado por corrupción. ¿Llegó plata de esa red al Partido Republicano? ¿Alguien lo declaró ante el Servel? ¿Existe un solo papel?

No hay respuesta. Y a esta altura la ausencia de respuesta ya no es un problema de transparencia. Es una confesión muda.

Lo que este silencio deja en evidencia va más allá de Kast. El Servel no ha pedido información. La Contraloría no existe para estos efectos. No hay comisión investigadora. Lo único que hay son dos parlamentarios preguntando en redes sociales, que es como apagar un incendio con un tuit. En España, a Vox le prestaron 6,5 millones de euros desde un banco del Estado húngaro y el Tribunal de Cuentas los multó con 860.000 euros. Mismo circuito, misma plata. Allá las instituciones hicieron su trabajo. Acá, nada. Esa diferencia dice más sobre Chile que sobre Hungría.

Pero el silencio tiene fecha de vencimiento. Los Orbán Files van a tener registros de transferencias, actas, contratos internacionales. Magyar prometió publicarlos para desbloquear los fondos de la UE. Cuando salgan va a aparecer el mapa de la plata: quién recibió cuánto, por dónde, a cambio de qué. La PNfV está en el centro. Y el tipo que la presidía hoy despacha desde La Moneda.

Si los archivos muestran transferencias durante el período de Kast, va a tener que explicar qué sabía — no ante la prensa chilena, que hasta ahora no ha preguntado mucho, sino ante la justicia húngara. Si se demuestra que la red financió actividad política de Kast, hay delito electoral: financiamiento extranjero no declarado. Y si queda claro que la PNfV operaba como correa de transmisión de plata pública húngara —que es lo que la Gaceta ya deja a la vista—, la pregunta se vuelve constitucional: ¿subordinó el Partido Republicano su acción a una organización foránea financiada por un gobierno extranjero, en violación de la Ley 18.603?

Si el presidente de Chile resulta vinculado al entramado que provocó ese congelamiento, la credibilidad del país se va al tacho. Y esa credibilidad son tratados, calificaciones de riesgo, inversión, empleos.

Y no es solo Kast. El diputado Luis Fernando Sánchez presidió el Comité Interparlamentario Chileno-Húngaro. José Carlos Meza y el general en retiro Bassaletti viajaron con Kast a la CPAC de Budapest. Esta misma semana, una delegación del Mathias Corvinus Collegium —think tank orbanista financiado con 1.700 millones de dólares públicos según el New York Times— fue recibida en la Academia Diplomática de Chile. En Budapest están vaciando los cajones de la corrupción y en Santiago les abren la puerta para que formen a los futuros embajadores.

Y el asunto ya cruzó el Atlántico en la otra dirección: el congresista demócrata Mike Levin envió esta semana una solicitud formal al IRS, la Comisión Federal de Elecciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investiguen si la CPAC recibió fondos del gobierno húngaro. Ya no es solo Budapest pidiendo cuentas. Es Washington.

Hay una cosa más que nadie dice y que tiene que ver con algo que a Chile le costó décadas construir. El país tiene un Acuerdo Marco con la UE que incluye cláusulas sobre principios democráticos y Estado de Derecho. La UE le congeló 17.000 millones a Hungría por violar esos principios. Si el presidente de Chile resulta vinculado al entramado que provocó ese congelamiento, la credibilidad del país se va al tacho. Y esa credibilidad son tratados, calificaciones de riesgo, inversión, empleos. Se tardó décadas en armarla. Se puede deshacer en un par de titulares internacionales.

Y la pregunta que está debajo de todo, la que ningún medio chileno ha hecho con todas las letras, es la más jodida: si Kast se construyó —no solo, pero sí decisivamente— dentro de una red financiada por una cleptocracia, ¿hasta dónde lo que se decide hoy en La Moneda responde a lo que votaron los chilenos y hasta dónde responde a los compromisos que se armaron en esas cumbres, en esos almuerzos en monasterios de Budapest? ¿A quién le debe Kast lo que Kast es?

Las instituciones chilenas deberían estar formulándose esa pregunta ahora mismo, con poder de citación y con expedientes sobre la mesa. No lo están haciendo. Pero Budapest sí. Y Washington también. Y los archivos no van a esperar.

Por Verónica Aravena Vega

Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram

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