El Ciudadano
El pasado martes 3 de marzo, se dio inicio en el Juzgado de Garantía de Purén a la primera jornada de preparación de juicio oral en contra de los presos políticos mapuche del lof Temulemu Chico, proceso que involucra al werken Rafael Pichun Collonao, al lonko Juan Pichun Collonao y a Pelentaro Llaitul Pezoa. La audiencia, marcó el primero de varios incidentes que los familiares y defensores denunciaron como parte de un patrón de vulneraciones, señalando que “no hay respeto por los derechos humanos básicos”.
En las afueras del recinto judicial, la convocatoria en apoyo a los comuneros se desarrolló con tranquilidad durante toda la jornada. Familiares y vocerías se hicieron presentes desde muy temprano para manifestar su respaldo político y entregar newen a los imputados, en una muestra de unidad que buscaba contrarrestar lo que describen como una arremetida del sistema judicial chileno contra el pueblo mapuche.
Pilar Curiyan Huenchunao, vocera de los presos políticos mapuche del lof Temulemu Chico y del werken Rafael Pichun Collonao, entregó un crudo testimonio sobre lo ocurrido durante la jornada, denunciando lo que considera faltas graves al debido proceso y a los derechos fundamentales de los imputados.
«Hoy se dio comienzo a la primera jornada de preparación de juicio oral y se hizo una convocatoria, se desarrolló con tranquilidad afuera y adentro, lo que por ende entierra el argumento que sería un documento legal de parte del Juzgado de Letras, que indicó que se había negado la presencialidad por haberse convocado una manifestación», señaló Curiyan en declaraciones recogidas durante la jornada.
La vocera fue enfática en señalar que los argumentos esgrimidos por el tribunal para justificar la realización de la audiencia de manera virtual carecían de sustento fáctico. «Esto es idéntico a lo que mencionó un medio o un grupo fascista de la región», agregó, estableciendo un paralelo entre la decisión judicial y narrativas que, a su juicio, criminalizan la protesta y el apoyo a los presos políticos mapuche.
Uno de los puntos más controversiales de la jornada fue la negativa del tribunal a permitir que los imputados comparecieran de manera presencial a la audiencia de preparación de juicio oral. Según explicó la vocera, el Juzgado de Letras argumentó que la decisión respondía a «temas de seguridad», específicamente por haberse convocado una manifestación en las afueras del juzgado de Purén.
Sin embargo, quienes estuvieron presentes en la convocatoria describen una realidad completamente distinta. «Aquí no sucedió nada, aquí estuvimos tranquilos», enfatizó Curiyan, desmintiendo los fundamentos esgrimidos por el tribunal para justificar la medida.
La vocera también hizo presente las falencias que presenta el Juzgado de Garantía en términos de infraestructura tecnológica, las cuales terminaron afectando el desarrollo mismo del proceso. Según denunció, no autorizaron la entrada a observadores internacionales de derechos humanos, ni a familiares, ni a las vocerías, argumentando una «falla en la carga de personas que puede soportar la conexión virtual por zoom».
«La presencialidad en este momento, cuando comenzó la jornada, que comenzó además tarde, que comenzó a las 12, se negó por otro argumento, que no es consecuente con el que se había dado anteriormente, que se dice que no existe el personal suficiente en Gendarmería para poder trasladar a los lamngen y hacerse presente en este recinto para cuidar la vista y seguridad», detalló la vocera.
Esta situación afectó de manera diferenciada a los imputados. Curiyan explicó que «Rafael Pichun Collonao no se conectó en la fuerza, porque él manifestó que exigía la presencialidad de su juicio, como debe ser, sin embargo no silenciaron y además no dejaron ahí encerrado, siendo parte de este proceso. Mientras que los otros lamngen estaban en la cárcel respectiva».
Otro aspecto especialmente cuestionado de la jornada fueron las actitudes que los representantes del Ministerio Público y la Fiscalía habrían mostrado durante el desarrollo de la audiencia. Según el relato de la vocera, las solicitudes presentadas por la defensa fueron recibidas con burlas por parte de los funcionarios del sistema judicial.
«Hoy día se solicitó una cautela de garantía respecto a información de investigación previa que no se ha dado a conocer a los defensores, sin embargo esto se negó. Además se indicó que por esta negación se iba a solicitar un recurso de amparo constitucional, a lo que el juez presente se burló, igualmente el Ministerio Público y Fiscalía, diciendo que esto era algo básico», relató Curiyan.
La vocera fue enfática al señalar que estas actitudes reflejan un problema más profundo en el tratamiento que el sistema judicial chileno dispensa a los imputados mapuche: «Entonces solamente se dejaron notar falencias del sistema, falencias de Gendarmería, falencias del Juzgado de Garantía, falencias del Ministerio Público y además hay que contar la burla de estos mismos Ministerio Público y Fiscalía para con los querellantes», aseveró.
Pese a este adverso escenario, Curiyan destacó que «el grupo de abogados se mantiene firme», en un contexto donde las garantías procesales básicas estarían siendo sistemáticamente vulneradas.
Paralelamente a lo ocurrido en Purén, desde la Cárcel de Temuco, los presos políticos mapuche que se encuentran en la Causa Vegas de Centenario (radicada en el Juzgado de Garantía de Purén) emitieron un comunicado público titulado «Frente a la arremetida político judicial del Estado Chileno, ejecutada por los gobiernos de turno (el que sea)», en el cual denuncian punto por punto las irregularidades que estarían afectando su proceso judicial.
En primer lugar, los comuneros denuncian que «la causa por la que actualmente estamos procesados se ha gestado desde sus inicios de una manera forzada, sin base lógica, cuyas pruebas derivan de diversas investigaciones entre ellas algunas finalizadas o desformalizadas y además supuestamente de carácter ‘reservadas’; es decir, otro tribunal habría ordenado intervención de teléfonos y seguimientos desde mucho antes de sucedido los hechos por los que estamos actualmente formalizados».
Esta situación, descrita como una persecución que antecede a los hechos imputados, constituiría una vulneración grave a las garantías procesales de los imputados, al verse sometidos a investigaciones previas cuyo contenido no ha sido puesto oportunamente en conocimiento de la defensa.
El segundo punto del comunicado aborda directamente las dificultades que ha enfrentado la defensa para acceder a los antecedentes completos de la investigación. «Frente a estas irregularidades, nuestros abogados han solicitado a Fiscalía que entregue la información completa antes de la preparación de juicio oral (APJO), la cual no ha sido entregada hasta la fecha», señalaron en el documento.
Los comuneros relataron que «se presentó una medida cautelar de garantía al Juez de Garantía de Purén, quien rechazó dicha solicitud, dando continuidad a la realización de la APJO sin contar nosotros los acusados, con los antecedentes que dieron origen a esta persecución, lo que constituye una falta grave al debido proceso».
Esta situación adquiere especial relevancia considerando los antecedentes históricos de montajes judiciales contra comuneros mapuche. En este sentido, los presos políticos advirtieron que «para nosotros como acusados es importante aclarar esta información ya que como es sabido y demostrado, por ejemplo en el montaje de la Operación Huracán, en que la policía y Fiscalía conseguían con influencia personal órdenes de tribunal aparentemente legales pero sin fundamentos para perseguir a diferentes comuneros mapuche».
La mención a la Operación Huracán —el montaje policial que implicó la manipulación de evidencia para inculpar a comuneros mapuche por delitos terroristas— sitúa las actuales denuncias en un contexto más amplio de prácticas sistemáticas de persecución judicial hacia dirigentes y comunidades mapuche.
Frente a la negativa del tribunal a permitir la comparecencia presencial de los imputados, los comuneros informaron que «del mismo modo denunciamos a Tribunal de Purén por negarnos el derecho a comparecer presencialmente de esta importante fase del proceso judicial violando nuestro derecho a la Defensa. Por lo cual, nuestros abogados han presentado un recurso de amparo constitucional».
El comunicado también individualiza a los operadores del sistema judicial que estarían incurriendo en estas prácticas.
«Denunciamos al fiscal Héctor Leiva, quien junto al juzgado han obstaculizado de forma sistemática, no tan sólo el acceso a las audiencias, sino a la información ‘reservada’, garantizando mayor acceso a ministerio de seguridad, fiscalía, ministerio público, mientras que nuestros defensores han tenido acceso restringido únicamente a algunos archivos», afirmaron.
Para los imputados, esta situación «parece una acción deliberada del sistema judicial, para tratarnos como culpables a través de la limitación de derechos», configurando un escenario donde la presunción de inocencia se ve erosionada por prácticas institucionales que restringen las posibilidades reales de defensa.
A lo largo de toda la jornada, tanto los familiares presentes en Purén como los comuneros desde la cárcel de Temuco hicieron un llamado a la solidaridad y al respaldo político activo. «Por lo anterior, llamamos a convocarse en las afueras del juzgado de letras y garantía de Purén durante la realización de la APJO, y próximamente en las fechas que correspondan a nuestro juicio, a seguir acompañando y sobre todo a denunciar», señala el comunicado suscrito por los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco.
Pilar Curiyan reforzó este llamado desde su posición como vocera: «Estuvimos presentes durante toda la jornada, desde muy temprano, para poder demostrar este apoyo y para demostrar que nosotros no tenemos que escondernos ante las convocatorias, que nosotros vamos a manifestar nuestro descontento respecto a la presencialidad y a la realización por zoom», dijo.
En declaraciones consignadas por Radio Kurruf, la vocera enfatizó que las restricciones impuestas por el tribunal no solo afectan el derecho de los imputados a defenderse adecuadamente, sino que también vulneran el derecho de las familias a acompañar el proceso.
«Acá es donde decimos que no hay un respeto a los derechos humanos básicos, no hay un respeto a la defensa, no hay un respeto tampoco a la comunicación que un lamngen puede tener con sus respectivos abogados y a nosotros como familiares, como vocería, de poder hacernos presentes y ver a los lamngen en este proceso que debe ser justo», condenó.
El mensaje final de la vocera fue claro en cuanto a las formas de apoyo requeridas: «El llamado es a manifestarse, el llamado es además a difundir por redes y no se queden solo con las redes, háganse presentes si están cerca. Basta con estar presentes un momento para poder brindar un respaldo político. Que los gobiernos que pasen se reencuentren, que el pueblo mapuche tiene de vuelta».
El comunicado emitido desde la cárcel de Temuco fue suscrito colectivamente por los «Presos políticos Mapuche cárcel Temuko», identificándose específicamente como «Ppm Temulemu chico y P.Ll». Las firmas individuales que respaldan el documento corresponden a Cristian Tranamil, Claudio Millanao, Alejandro Millanao, Patricio Zapata, José Llanquinao y Pelentaro Llaitul.
A continuación el texto completo del comunicado:
“COMUNICADO PRESOS POLITIC0S MAPUCHE CAUSA VEGAS CENTENARIO JUZGADO DE GARANTÍA PUREN
Desde la cárcel de Temuco, los presos políticos mapuche que nos encontramos en la Causa Vegas de Centenario (Juzgado de Garantía de Purén). Frente a la arremetida político judicial del Estado Chileno, ejecutada por los gobiernos de turno (el que sea).
DENUNCIAMOS LAS IRREGULARIDADES DE NUESTRO ACTUAL PROCESO JUDICIAL:
KIÑE:
Que la Causa por la que actualmente estamos procesados se ha gestado desde sus inicios de una manera forzada, sin base lógica, cuyas pruebas derivan de diversas investigaciones entre ellas algunas finalizadas o desformalizadas y además supuestamente de carácter «reservadas»; es decir, otro tribunal habría ordenado intervención de teléfonos y seguimientos desde mucho antes de sucedido los hechos por los que estamos actualmente formalizados.
EPU:
Frente a estas irregularidades, nuestros abogados han solicitado a Fiscalia que entregue la información completa antes de la preparación de juicio oral (APJO), la cual no ha sido entregada hasta la fecha. Se presentó una medida cautelar de garantía al Juez de Garantía de Purén, quien rechazó dicha solicitud, dando continuidad a la realización de la APJO sin contar nosotros los acusados, con los antecedentes que dieron origen a esta persecusión, lo que constituye una falta grave al debido proceso.
KÜLA:
Para nosotros como acusados es importante aclarar esta información ya que como es sabido y demostrado, por ejemplo en el montaje de la Operación Huracán, en que la policía y Fiscalía conseguían con influencia personal órdenes de tribunal aparentemente legales pero sin fundamentos para perseguir a diferentes comuneros mapuche.
MELI:
Del mismo modo denunciamos a Tribunal de Purén por negarnos el derecho a comparecer presencialmente de esta importante fase del proceso judicial violando nuestro derecho a la Defensa. Por lo cual, nuestros abogados han presentado un recurso de amparo constitucional.
Denunciamos al FISCAL HÉCTOR LEIVA, quien junto al juzgado han obstaculizado de forma sistemática, no tan sólo el acceso a las audiencias, sino a la información «reservada», garantizando mayor acceso a ministerio de seguridad, fiscalía, ministerio público, mientras que nuestros defensores han tenido acceso restringido únicamente a algunos archivos, lo que parece una acción deliberada del sistema judicial, para tratarnos como culpables a través de la limitación de derechos.
Por lo anterior, llamamos a convocarse en las afueras del juzgado de letras y garantía de Purén durante la realización de la APJO, y próximamente en las fechas que correspondan a nuestro juicio, a seguir acompañando y sobre todo a denunciar.
Firman este comunicado
Presos políticos Mapuche cárcel Temuko
Ppm Temulemu chico y P.Ll
Cristian Tranamil
Claudio Millanao
Alejandro Millanao
Patricio Zapata
José Llanquinao
Pelentaro Llaitul”.
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