El Ciudadano
Se registró el primer golpe en el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Ley de Escuelas Protegidas, luego de que el órgano jurisdiccional admitiera este martes de manera unánime admitir a trámite y declarar admisibles los requerimientos presentados por parlamentarios de centroizquierda, oficialismo e independientes, que buscan impugnar diversas disposiciones de esta iniciativa impulsada por el Gobierno de José Kast.
El cuestionado proyecto que fue aprobado la semana pasada en general en la Cámara de Diputadas y Diputados c con 105 votos a favor y 46 en contra, pero enfrentó reservas de constitucionalidad por parte de varios parlamentarios.
La ley, compuesta por seis artículos, establece medidas de seguridad, orden y respeto en los colegios, así como la cuestionada revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para quienes participen en tomas o actos de violencia.
Sin embargo, el contenido del artículo 6 es un de los puntos que causó más controversia es el que incorpora un nuevo requisito para acceder al beneficio de la gratuidad: no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública.
Esta condición, según alertaron los parlamentarios de oposición, vulnera garantías fundamentales y establece un castigo doble para los jóvenes de escasos recursos.
Señalaron que plantea una doble sanción, es decir, la pena, la pérdida de gratuidad y que la regulación se derive a reglamento, contraviene la garantía del debido proceso y desproporcionalmente el derecho a la educación, contraviniendo lo dispuesto en los numerales tres, 10 y 26 de dicho artículo.
El golpe ante el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes se concretó tras los reparos formulados por un bloque transversal de legisladores de las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido de la Gente y diputados independientes.
En el requerimiento ingresado señalaron que parte del contenido del proyecto impulsado por la administración del mandatario de ultraderecha incurre en la vulneración de garantías constitucionales explícitas y contraviene compromisos internacionales suscritos por Chile relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Según el líbelo acusatorio impulsado originalmente desde el Frente Amplio, la propuesta de ley cercena los derechos fundamentales de los estudiantes y de las comunidades y plantearon que entre las garantías afectadas figuran el principio de igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y el derecho a la educación, consignó ADN Radio.
Dentro de las normas impugnadas se encuentra la potestad de inspeccionar las mochilas, carteras y enseres de los alumnos, junto con la habilitación para que Carabineros y la PDI puedan efectuar registros de prendas y objetos dentro de los colegios sin requerir un mandato anticipado de la Fiscalía.
Asimismo, los parlamentarios rechazaron el precepto que exige vetar cualquier tipo de indumentaria o complemento que fomente, ensalce o haga alusión a la violencia, el narcotráfico, conductas ilegales o cualquier otra acción que contravenga el ordenamiento jurídico.
TC admite requerimientos contra Escuelas Protegidas
A través de un comunicado, el TC informó que «acordó admitir a trámite y declaró admisible por unanimidad de votos los
requerimientos de un Grupo de H. Senadoras y H. Senadores, que impugnan de inconstitucionalidad de los artículos 1°, numeral 2, en lo que respecta al artículo 16 J, en las oraciones finales de sus incisos octavo y noveno; 2°; y 6°, numerales 1 y 2, del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, correspondiente al Boletín N°18.156-04″.
Indicó que a la par, adoptó en el requerimiento de un» Grupo de H. Diputadas y H. Diputados, que piden que este Tribunal declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, numeral 2, en lo que respecta al artículo 16 J; 2°, en cuanto
incorpora el artículo 87 ter, inciso primero; 5°, y 6°, numerales 1 y 2, del mismo proyecto de ley».
Desde el órgano destacaron que el requerimiento quedó en condiciones de «continuar con su tramitación para pronunciarse sobre el fondo».
Por tal motivo, indicaron que corresponde ahora a los magistrados del TC determinar si las disposiciones impugnadas podrán permanecer en la redacción final o si, por el contrario, deben ser suprimidas al considerar que vulneran la Carta Magna.
*Foto destacada: Soy Chile.
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