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Chile discute educación mirando el sistema desde arriba: financiamiento universitario, aranceles, condonaciones, gratuidad y ajustes presupuestarios. Todo eso importa. Pero hay una pregunta previa —y más decisiva— que seguimos evitando: si el objetivo es movilidad social, productividad y cohesión, ¿por qué tratamos la primera infancia como un nivel más, cuando la evidencia muestra que es donde la inversión educativa genera el mayor retorno social?

James Heckman, Nobel de Economía, ha sido claro: la mayor tasa de retorno proviene de invertir temprano, desde el nacimiento hasta los cinco años, especialmente en hogares vulnerables. No es un eslogan, es un mecanismo. Las habilidades se acumulan de manera complementaria —skills beget skills— y, sin un piso sólido de desarrollo cognitivo y socioemocional, la política pública termina gastando más tarde para compensar rezagos que se originaron al inicio del ciclo de vida. Dicho sin rodeos: cuando se recorta primera infancia, el Estado no ahorra; posterga gasto y reduce retorno.

Con este marco, conviene mirar un dato poco discutido. Según OECD Education at a Glance 2025 (año 2022), Chile destina 2,5% del PIB a educación terciaria (incluida I+D), el porcentaje más alto entre los países con datos comparables. Al mismo tiempo, el gasto total en instituciones educativas, desde primaria a terciaria, alcanza 5,9% del PIB. Esto no sugiere que el país “gaste poco” en educación, sino que obliga a preguntarse si el esfuerzo está asignado donde rinde más y donde es más progresivo.

Más aún, el mismo informe muestra que un alto gasto en la parte superior no garantiza, por sí solo, buenos resultados en habilidades. En comprensión lectora, los adultos con educación terciaria promedian cerca de 283 puntos en la OCDE, mientras Chile se ubica en el extremo inferior del rango, con 249 puntos. Es consistente con una realidad conocida: las brechas que se arrastran desde temprano limitan lo que la inversión tardía puede corregir.

Aquí entra la coyuntura presupuestaria. Corregido por inflación, el debate del Presupuesto 2026 tensiona la base del sistema, con caídas reales en educación escolar y, más preocupante aún, en educación parvularia, incluyendo un retroceso significativo en jardines VTF. De confirmarse, el país estaría ajustando justamente donde la evidencia indica que el retorno marginal es mayor y el impacto distributivo más fuerte.

¿Tiene sentido que un país que lidera el gasto terciario como porcentaje del PIB debilite la educación inicial y escolar? Desde la economía del capital humano y desde una lógica básica de igualdad de oportunidades, la respuesta es no. Es ineficiente, porque empuja a gastar después en nivelación, repitencia y deserción, con retornos menores porque llegan tarde. Es regresivo, porque los hogares de mayores ingresos pueden compensar con oferta privada, mientras los más vulnerables no. Y es miope fiscalmente, porque traslada costos al futuro y erosiona productividad.

Nada de esto sugiere abandonar la educación superior. Implica ponerla en perspectiva y ordenar prioridades. Si de verdad queremos movilidad social, cualquier expansión “arriba” debe ser compatible, por diseño, con un fortalecimiento sostenido “abajo”. Chile puede aspirar a más educación superior, sí. Pero mientras posterguemos la primera infancia, seguiremos construyendo un edificio más alto sobre cimientos frágiles. Y en educación, cuando el cimiento falla, el costo de reconstrucción lo paga toda la sociedad.

El autor es decano Facultad de Administración y Economía UDP.