
Este martes, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago dejó con la medida cautelar de prisión preventiva a 62 de los más de 70 imputados -incluyendo a 42 exgendarmes- en el marco de la Operación Apocalipsis.
Esto había sido adelantado el lunes por fiscal de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, tras finalizar la jornada de últimos alegatos de este caso que indaga una red de corrupción carcelaria, donde funcionarios de Gendarmería y civiles son investigados por cohecho, soborno y beneficios indebidos a internos.
En esa ocasión, el persecutor precisó que existen 300 días para la investigación, donde aseguró que “hay diligencias pendientes, hay líneas de investigación, hay sujetos que son de interés para nosotros”.
En la causa, 71 personas, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, están en calidad de imputados por formar parte de una supuesta organización criminal que se dedicaba al ingreso de encomiendas ilegales a los recintos penitenciarios de Santiago Uno y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Durante los alegatos registrados en los últimos días, la Defensoría Penal Pública señaló que cuestionan los delitos de base como cohecho y soborno, por tanto, aseguraron, el delito de lavado de activos perdería también sustento. Asimismo, sostienen que no habría estratificación ni triangulación con las transferencias, como ha expuesto la Fiscalía, sino un mero aprovechamiento del dinero proveniente de un delito previo.
Por su parte, el fiscal Sergio Soto defendió la investigación, destacando que muchos de los argumentos dados por la Defensoría se podrían deber a un desconocimiento de sus colegas sobre ciertas normativas de los delitos de lavado de activos, asociación criminal y del cohecho o soborno, según corresponda.
Sobre el lavado de activos, dijo que de los imputados a quienes se les levantó el secreto bancario “todos tenían transferencias de internos o de visitas de internos”. Y recordó que la norma no exige que los ingresos sean ilícitos, sino simplemente injustificados.
Y sobre la asociación criminal, el abogado dijo que si bien no habían logrado dar con un centro operativo, la estructura que detectaron responde a varios rasgos que debe tener una asociación criminal como es contar con un número importante de participantes, que haya permanencia en el tiempo, que exista una actividad ilícita común y un trabajo colaborativo.
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