Bogotá, 17 jul (EFE).- La Fiscalía colombiana judicializó a un presunto integrante de la banda delictiva El Mesa por su supuesta participación en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, el 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el departamento de Antioquia (noroeste), un caso que cuatro años después sigue sin esclarecerse.
El procesado es Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, quien fue imputado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos por el delito de desaparición forzada, cargos que no aceptó, por lo que un juez le impuso medida de detención en centro carcelario.
Según la investigación, alias El Paisa habría participado, junto con otros hombres armados, en la retención del ingeniero forestal, quien ese día salió del hotel donde se hospedaba para desayunar mientras realizaba labores ambientales relacionadas con la hidroeléctrica Hidroituango.
La Fiscalía señaló que Peláez fue interceptado, intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir a un vehículo. Posteriormente, el ingeniero fue llevado a una vivienda, donde lo amarraron y al día siguiente lo trasladaron en un automóvil a las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.
La captura de Tobón fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar, en el municipio de Bello, vecino de Medellín, capital de Antioquia. Por este mismo caso, ya habían sido judicializadas otras dos personas, recordó la Fiscalía.
La búsqueda de Andrés Camilo Peláez, quien tenía 26 años y trabajaba como contratista en proyectos de compensación forestal para Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha sido impulsada durante años por su madre, Claudia María Yepes, a través de la campaña #DóndeEstáCamilo.
En una entrevista concedida a EFE en febrero de 2024, Yepes cuestionó el rumbo de la investigación y aseguró que las múltiples hipótesis planteadas por las autoridades, entre ellas un supuesto robo, un posible vínculo con grupos armados o el descubrimiento de actividades ilegales, nunca fueron esclarecidas, mientras insistía en que el caso no podía quedar en la impunidad. EFE
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