Procultura: cómo crecer diez veces en un año y que nadie sospeche

Procultura: cómo crecer diez veces en un año y que nadie sospeche

¿Se imagina tener una empresa que, de un año a otro, multiplica por diez sus ingresos? En el mundo privado, esto podría ser el sueño de cualquier emprendedor. De hecho, hay startups que lo logran gracias a la tecnología o a una innovación disruptiva, captando rápidamente la atención de inversionistas y generando filas de venture capital dispuestos a apostar por su crecimiento.

Pero ¿qué ocurre cuando no hay innovación alguna? Cuando la empresa sigue igual: mismo giro, sin ningún cambio visible, y cuya única ventaja competitiva parecen ser los buenos contactos de su fundador en el poder. ¿No resultaría, al menos, sospechoso? ¿No deberían haberse encendido las alertas?

Eso es precisamente lo que parece haber ocurrido con ProCultura, un caso que solo salió a la luz a raíz del escándalo del millonario convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que marcó el inicio del Caso Convenios. Con el tiempo, ProCultura se transformó en la arista más extensa y compleja de esta trama, revelando un mecanismo para defraudar fondos públicos, aprovechándose de vínculos políticos y una débil fiscalización.

La fundación fue creada en 2009, y entre 2021 y 2022 aumentó más de diez veces sus ingresos, pasando de $316 millones a $3.280 millones. Hoy es investigada por un posible fraude al fisco por más de $6 mil millones a través de convenios firmados con reparticiones públicas en siete regiones del norte, centro y sur de Chile. La indagatoria también abarca presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación indebida, asociación ilícita, tráfico de influencias e incluso un eventual financiamiento irregular de campañas políticas. Aunque el foco principal recae en su exdirector ejecutivo, Alberto Larraín, la investigación también incluye a otros miembros de la fundación y a autoridades como seis gobernadores regionales y a Miguel Crispi en su rol de exsubsecretario de Desarrollo Regional.

Entre las irregularidades cuestionadas están la ejecución de proyectos que en su mayoría se alejaban de su giro declarado en el Servicio de Impuestos que era “venta al por menor de libros en comercios especializados; edición de libros; otros tipos de enseñanza; fundaciones y corporaciones, y asociaciones que promueven actividades culturales”. En ese sentido, llama la atención que se les haya asignado -vía trato directo- millones de pesos para ejecutar proyectos tan disímiles como pintar fachadas, realizar diagnósticos territoriales o campañas de prevención del suicidio, y que no existieran licitaciones de por medio.

Además, se indagan cobros con sobreprecio, gastos ajenos a los fines de los convenios, sin una rendición de cuentas adecuada, y la tercerización de proyectos a empresas vinculadas a miembros de la misma fundación, lo que habría facilitado el desvío de fondos públicos. Incluso se arrendaban inmuebles sin justificación clara. Un caso que llama particularmente la atención es la gestión de Alberto Larraín para adquirir una casa en Limache que habría sido comprada por su padre, arrendada por ProCultura y utilizada como sede de campaña de Sebastián Balbontín, actual pareja de Larraín.

Frente a hechos como estos, resulta incomprensible la ausencia de sentido común y diligencia por parte de las instituciones encargadas de asignar y fiscalizar los fondos públicos. Irregularidades tan evidentes debieron haber sido detectadas a tiempo. Esto no solo plantea serias dudas sobre los criterios con que se asignan los recursos públicos, sino que evidencia un uso discrecional, opaco y potencialmente corrupto del dinero público. ¿Cuántos otros casos similares están ocurriendo en silencio, amparados por las mismas fallas sistémicas y el manto de la impunidad?

En 2023, el mismo año en que estalló el Caso Convenios, se conformó la Comisión Asesora Ministerial para regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, conocida como “Comisión Jaraquemada”. De ella surgieron 46 medidas orientadas a mejorar esta vinculación, pero hasta ahora muchas de ellas están en etapa de estudio o como proyectos de ley sin mucho avance. Como ejemplo, la iniciativa legislativa que propone la creación de un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas fue presentado diciembre de 2023, y actualmente se encuentra en su primer trámite en el Senado sin urgencia.

Recordemos, igualmente, que más allá de crear nuevas normativas, es urgente fortalecer la ética y asumir una responsabilidad colectiva para prevenir hechos como estos. El caso ProCultura no puede ser solo otro escándalo más. Debe marcar un antes y un después en cómo se gestionan los recursos públicos y en cómo el amiguismo y los favores personales han influido en la asignación de proyectos. No seamos cómplices pasivos, porque cualquiera puede encontrarse en un lugar donde ocurran hechos cuestionables, pero lo importante es denunciar si algo nos parece irregular, negarse a participar en acciones que despierten dudas éticas o legales, respetar los conductos regulares y actuar siempre con transparencia y probidad.

Necesitamos recuperar la confianza en nuestras instituciones. Si nos quedamos inmóviles y no aprovechamos la crisis para hacer cambios, los desvíos seguirán ocurriendo, solo que con distintos protagonistas y nuevos mecanismos.