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El Ciudadano
Los productores de soya del municipio de San Juan, en el corazón agroindustrial de Santa Cruz, en Bolivia lanzaron un ultimátum de 72 horas al gobierno del presidente Rodrigo Paz, exigiendo soluciones concretas e inmediatas a la crítica escasez de diésel que paraliza la cosecha y a la abrupta caída del precio interno del grano, originada por su administración.
De no obtener respuestas, el sector anunció medidas de presión indefinidas, incluyendo el bloqueo de carreteras nacionales y la toma de pozos petroleros.
El campo cruceño, pilar de la seguridad alimentaria y de la economía exportadora boliviana, está al borde del paro total y los soyeros diagnosticaron una emergencia sin precedentes recientes.
“El principal punto de preocupación es la falta de diésel, un hidrocarburo vital cuya carencia está paralizando la maquinaria agrícola e impidiendo a los agricultores avanzar con las faenas de producción”, consignó TeleSUR.
Pero el problema no es solo operativo; también es económico. Elsa Coca, una agricultora con años de experiencia, describió una crisis de rentabilidad que no se veía en mucho tiempo. Esta depreciación, sumada a los costos crecientes por la búsqueda y acopio irregular de combustible, hace inviable la campaña para muchos productores medianos y pequeños.
Frente a este escenario, el sector exige al Ejecutivo que establezca controles efectivos para garantizar el abastecimiento de carburante y evitar un mayor perjuicio a la producción agropecuaria y en especial de la soya, considerada pilar de la economía cruceña.
Sin embargo, desde el gobierno de Paz no han emitido una respuesta oficial a las demandas de los soyeros. Este silencio se produce exactamente a un mes de que el mandatario de derecha asumiera el cargo junto a su vicepresidente, Edmand Lara, el 8 de noviembre, cuando se comprometió a garantizar la normalización del sector hidrocarburos.
Asimismo, aseguró que cisternas de hidrocarburos estaban ingresando a Bolivia desde esa fecha e incluso fue captado frente a un convoy de cisternas que había arribado a una planta de Senkata, una instalación clave en Bolivia, ubicada en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, con la que se busca reducir la importación de diésel mediante la producción de Aditivos de Origen Vegetal (AOV).
Sin embargo, distintos sectores de la economía, incluidos transportistas, han denunciado la escasez del combustible.
El malestar soyero no es un caso aislado, sino la punta de lanza de una ola de críticas que crece contra las primeras decisiones del Gobierno de Paz. Más de 60 sindicatos nacionales y organizaciones sociales históricas, como la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, han expresado su rechazo frontal, argumentando que los decretos económicos de la nueva administración favorecen a sectores privilegiados y dejan de lado a las mayorías”.
“Las medidas económicas «simplemente favorecen a ellos, pero menos a la gente campesina»”, afirmó Vicente Choque, vicepresidente de la confederación campesina, en alusión a la rapidez con que el Gobierno atiende las preocupaciones empresariales en contraste con las de los sectores populares y trabajadores.
Para graficar este abandono, Choque relató una emergencia que aún espera respuesta: “la pérdida de más de 3.000 hectáreas de cultivos por lluvias en el Chapare no recibió ayuda gubernamental”, señaló.
“Necesitamos de carácter urgente ahora para recuperar algunas producciones fertilizantes. No hay nada”, dijo, evidenciando el vacío de apoyo estatal tras los desastres naturales, consignó TeleSUR.
Más allá de la falta de auxilio, el dirigente campesino lanzó una severa advertencia sobre lo que percibe como la estrategia discursiva del nuevo Gobierno. Advirtió que el relato oficial, que pinta al país heredado como una “«cloaca y un cadáver»”, esconde un objetivo basado en “predisponer a la población a aceptar la privatización de empresas estatales y la cesión de recursos naturales estratégicos al control privado”.
Mientras este debate político se intensifica, el reloj avanza para los productores de San Juan. Las 72 horas de su ultimátum corren en dirección a un choque frontal si no hay una intervención gubernamental que destrabe el abastecimiento de diésel y estabilice el mercado de la soya.
La primera gran prueba de fuego para el Gobierno de Rodrigo Paz, que llegó al poder prometiendo eficiencia y solución a las crisis, se define ahora en los campos sedientos de combustible de Santa Cruz. El país aguarda si la respuesta será el diálogo o el conflicto.
La entrada Productores de soya dan 72 horas al Gobierno de Bolivia: gestión de Rodrigo Paz deja al campo sin diésel ni cosecha se publicó primero en El Ciudadano.
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