El Ciudadano
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por un profesor jubilado y ordenó al Ministerio de Educación (Mineduc) emitir un pronunciamiento en un plazo máximo de cinco días sobre la solicitud de pago del aporte correspondiente a la denominada «deuda histórica», gestión que el docente realizó hace más de un año sin obtener respuesta.
Según la describe el sitio web de la cartera de Educación, esta deuda consiste del perjurio salarial sufrido por miles de docentes de la educación pública durante la dictadura de Augusto Pinochet, “cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores”.
La decisión unánime de la Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro José Pablo Rodríguez, la ministra Elsa Barrientos y el abogado (i) Luis Hernández, calificó como «arbitraria» la omisión del Mineduc, que justificó su silencio en la existencia de una acción judicial civil pendiente entre el recurrente y la Municipalidad de Chillán.
El fallo reproduce los artículos clave de la Ley N°21.728, que establece en su artículo 1 el otorgamiento de un aporte único para los profesionales de la educación que no recibieron íntegramente la asignación contemplada en el decreto ley N°3.551 de 1980, durante el proceso de traspaso de establecimientos desde el Mineduc a las municipalidades o corporaciones, entre los años 1980 y 1987. El artículo 2 de la misma ley exige, como uno de los requisitos, no mantener un juicio o reclamación administrativa pendiente que persiga el pago de esa asignación o su indemnización ante cualquier tribunal.
Sin embargo, para resolver el caso, el tribunal ordenó como medida para mejor resolver que el relator certificara los antecedentes de la causa C-3432-2017, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de Chillán. La certificación arrojó que ese proceso fue iniciado por la Municipalidad de Chillán en contra del profesor, por el cobro de una deuda de patente comercial de apenas $99.035, que la demanda fue presentada en agosto de 2017 y que nunca fue notificada al docente, encontrándose archivada desde el 20 de junio de 2018 sin escritos pendientes.
Este dato resultó determinante para la Corte que consideró que el tiempo transcurrido desde la solicitud del profesor –presentada el 1 de abril de 2025– hasta la fecha configuraba una omisión arbitraria por parte del Mineduc.
“Que, lo certificado y la fecha en que el recurrente realizó su solicitud para optar a los beneficios de la Ley N°21.728, hacen que el periodo de tiempo transcurrido devenga en una omisión, a lo menos arbitraria, no pudiendo excusarse su dilatada tramitación en la falta de antecedentes de un procedimiento civil, respecto del cual el protegido tampoco podía aportar antecedentes al encontrarse en carácter de reservada, atendida su falta de notificación”, planteó el fallo.
Los ministros enfatizaron que no resulta excusable que la tramitación se dilate bajo el argumento de falta de antecedentes de un juicio que, en los hechos, está inactivo desde hace más de siete años. La falta de pronunciamiento del ministerio, a juicio de la Sala, constituye una vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en la Carta Fundamental.
En consecuencia, la Corte acogió el recurso sin costas y ordenó al Mineduc que, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde que la sentencia quede ejecutoriada, se pronuncie expresamente sobre la solicitud de pago del aporte presentada por C.E.M.R., el profesor jubilado que desde hace más de un año esperaba por una respuesta .
El fallo no solo representa un triunfo jurídico para el docente, sino que sienta un precedente relevante para cientos de profesores jubilados que atraviesan situaciones similares, en las que el Ministerio de Educación ha demorado la resolución de solicitudes amparadas por la ley de deuda histórica, utilizando como excusa la existencia de causas judiciales que, en la práctica, se encuentran paralizadas o sin efecto real.
Ver fallo de la Corte de Apelaciones
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