El Ciudadano
El Ministerio de Justicia instruyó al Programa de Derechos Humanos y a los abogados de éste, a no presentarse a alegar en casos en que los condenados por violaciones a los derechos humanos soliciten cambiar o reducir sus penas.
Para la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), un acto administrativo como este, «que no ha sido motivado e informado, se transforma en un acto ilegal y arbitrario».
«Los actos administrativos, además, deben ser transparentados y comunicados, pues es la única forma que la sociedad y los organismos de defensa de los derechos humanos puedan cumplir su rol de exigir la rendición cuentas», afirmó la abogada de Codepu, Mariela Santana.
Desde la Corporación relataron que en el día de ayer (21/4), familiares y sobrevivientes de la operación Alfa Carbón, ejecutada por la Central Nacional de Informaciones, CNI, entre los días 23 y 24 de agosto de 1984, y que terminó con la vida de 7 personas en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, a partir de falsos enfrentamientos, hicieron público un comunicado en que expresan estar en alerta y denuncian una seria de maniobras en beneficio de los criminales.
Luego de relatar el largo proceso por alcanzar justicia, señalan los intentos de los perpetradores para retrasar el cumplimiento de las condenas, en una sentencia recién dictada en marzo del 2024, es decir 40 años después de cometidos los crímenes. Esto, sin considerar los muchos obstáculos a la investigación realizada por la justicia.
Pero, a menos de 2 años de prisión, Jorge Camilo Mandiola Arredondo, jefe de regionales de la CNI Concepción, condenado a 15 años, ya solicitó al tribunal de primera instancia suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria, denuncian los familiares y sobrevivientes.
Además, la denuncia indica que por instrucciones desde el Ejecutivo y desde el Ministerio de Justicia, dirigido por Fernando Rabat, se instruyó al Programa de Derechos Humanos y a los abogados de éste, de no presentarse a alegar en casos que los condenados por delitos de lesa humanidad soliciten libertades u otros beneficios.
Los familiares y sobrevivientes de la operación dictatorial Alfa Carbón, denuncian que por esta vía «ya no es siquiera necesario gestionar indultos, con todo lo que eso podría suponer para este gobierno y para su Presidente», ya que éstos se hacen efectivos por la vía de prohibir las acciones judiciales de los abogados del Programa de derechos Humanos «facilitando que criminales de lesa humanidad no cumplan con sus condenas».
No hay que olvidar que una de las promesas realizadas por el actual Presidente, José A. Kast, es hacer el máximo de esfuerzos posibles y si es necesario recurrir a la facultad presidencial de indultar a agentes del Estado responsables de violaciones de los derechos humanos.
Por otra parte, el Protocolo de Actuación del Programa de Derechos Humanos suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2017, señala que el área jurídica debe intervenir en acciones interpuestas por los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, más aún, si éstos no prestaron toda colaboración con la justicia, se encuentren condenados en numerosas causas judiciales o cuando genere la sensación de impunidad respecto del cumplimiento de la pena.
Abogados de derechos humanos han denunciado la situación, tomando en cuenta que decisiones administrativas como estas, tienen un enorme impacto en los familiares, y el caso Alfa Carbón no ha sido el único en que se ha prohibido la intervención del Programa de derechos Humanos. Así ocurrió en la Operación Colombo, y en el caso de la Subcomisaría de la Granja.
Interpelación al ministro Rabat
Con motivo de una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la abogada Mariela Santana de Codepu, interpeló al ministro Rabat para que explicara la situación. En ese momento no hubo respuesta.
«El Estado tiene la obligación ineludible de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, y cuando sus prácticas institucionales operan como factores de impunidad, el Estado se convierte en cómplice, transgrediendo el Pacto de san José», explicó la abogada.
Hasta ahora, agregó la profesional, «no se ha entregado ningún fundamento de la decisión de la autoridad para instruir al Programa de Derechos Humanos y a sus abogados para que dejen de ser parte de las causas de cumplimiento de las sentencias de los condenados».
Para la abogada Santana, «el argumento de que el Protocolo está siendo revisado no exime de cumplirlo, porque están faltando a su deber legal, pero también están faltando a los compromisos internacionales del Estado de Chile».
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