Desde la Red de Observadoras en Justicia y Memoria se indicó que se trata de una modalidad “de indulto pasivo” a favor de condenados por diversidad de crímenes cometidos durante la dictadura. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat instruyó, a través de la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos. En declaración de la AFEP se expresó que la instrucción dada en el sentido de que no se interfiera en las peticiones de beneficios para encarcelados por violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad, “neutraliza el valioso trabajo de sus abogados, quienes cuentan con el más absoluto y total reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, cuya defensa estuvo a cargo precisamente del actual ministro de Justicia Fernando Rabat”.
“El Siglo”. Santiago. 22/4/2026. “El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat instruyó, a través de la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos. Esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y del marco jurídico nacional e internacional”.
Así lo señala un comunicado de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, firmado por Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, donde se hace ver que ahora, cuando violadores de derechos humanos (DDHH) y autores de crímenes de lesa humanidad pidan o inicien trámites para beneficios carcelarios, como irse a vivir a sus casas, este gobierno no interferirá ni colocará abogados para impedir esos beneficios.
El comunicado precisa que el actual gobierno “ha definido un giro en la política de cumplimiento de penas: el cese de la oposición estatal ante requerimientos judiciales de libertad. A diferencia de los indultos directos, esta modalidad ‘de indulto pasivo’ permite que condenados por crímenes de lesa humanidad y que argumenten su condición de ser adultos mayores o padecer enfermedades graves obtengan salidas alternativas sin la oposición de los abogados del Estado. Esta omisión de defensa se convierte así en la nueva vía para desestimar el cumplimiento de cárcel efectiva”.
Se añade que las instrucciones dadas por el ministro Rabat, “van en dirección opuesta a las afirmaciones y declaraciones oficiales emitidas respecto a la continuidad del Programa de Derechos Humanos y, especialmente, del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. De la misma forma, la limitación sustantiva en el ejercicio de las funciones propias del Programa, da cuenta del vaciamiento de la función pública legalmente asignada”.
En tanto, en una declaración de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se hizo ver la “profunda preocupación, estupor e indignación” al conocerse las orientaciones dadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “orientadas explícitamente a favorecer el otorgamiento de beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de personas que, durante años, han eludido la acción de la justicia y que hoy, bajo el argumento de su avanzada edad o condiciones de salud, buscan eludir el cumplimiento de sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas”.
En el texto se dice que es una decisión que “constituyen una grave expresión de impunidad que condenamos categóricamente, son de la responsabilidad del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Fernando Rabat”.
“Según los antecedentes recabados, el Ministro habría instruido a la jefa del Programa de Derechos Humanos, señora Constanza Garrido, quien a su vez ha ordenado a los abogados del Programa de Derechos Humanos abstenerse de intervenir en los recursos de amparo y en las solicitudes de rebaja de pena. Esto ha implicado el desistimiento de las apelaciones ya interpuestas y la prohibición de alegar las causas en las que previamente se encontraban compareciendo” se sostuvo en la declaración pública.
La AFEP recordó que el actual ministro de Justicia y DDHH fue un defensor judicial del dictador Augusto Pinochet y un simpatizante de la dictadura civil-militar.
Se indica que la instrucción dada en el sentido de que no se interfiera en las peticiones de beneficios para encarcelados por violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad, “neutraliza el valioso trabajo de sus abogados, quienes cuentan con el más absoluto y total reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, cuya defensa estuvo a cargo precisamente del actual ministro de Justicia Fernando Rabat”.
En el documento se señala: “Denunciamos esta situación porque constituye un acto de impunidad, particularmente en un contexto donde aún existen más de 400 causas abiertas. Estas instrucciones no solo resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico, sino que podrían configurar un escenario de ilegalidad, evidenciando un preocupante abandono de deberes por parte del Estado”.
Desde la AFEP se hizo un llamado a la Contraloría General de la República, “para que se pronuncie sobre la legalidad de estos instructivos, en atención a su eventual contradicción con las obligaciones del Estado derivadas de los Derechos humanos y del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales garantizados tanto en la Constitución como en tratados internacionales vigentes”.
La entrada Protesta ante decisión del gobierno de no impedir beneficios para violadores de DDHH y autores de crímenes de lesa humanidad se publicó primero en El Siglo.
🔥 Ver noticia completa en ElSiglo.cl 🔥
