El Ciudadano
Proyecto ley busca sancionar discursos que promuevan el odio o la discriminación: Iniciativa presentada por el senador Huenchumilla
El senador Francisco Huenchumilla ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar la emisión de expresiones públicas humillantes, denigrantes o vejatorias contra las personas y la incitación pública al odio. La propuesta se plantea en el contexto de una legislación que, a juicio del parlamentario, presenta vacíos frente a determinadas manifestaciones de discriminación y violencia.
El legislador recordó que entre las normas actualmente vigentes se encuentra la Ley Zamudio N° 20.609 y las modificaciones derivadas de ella, entre ellas el artículo 12 N°21 del Código Penal, que permite considerar motivaciones discriminatorias al evaluar determinados delitos. Entre estas se incluyen motivos ideológicos, políticos, religiosos, étnicos, raciales, sociales, de sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
Huenchumilla sostuvo que ese marco constituye un avance, pero planteó que todavía resulta insuficiente para las exigencias actuales. En ese sentido, afirmó: “Esos son grandes avances, pero todavía insuficientes para las exigencias actuales (…) la Ley Zamudio sanciona los actos de discriminación con multa máxima de 50 UTM, pero no existen tipos penales autónomos ni para la incitación pública al odio, ni para actos o atentados graves contra la dignidad e igualdad -como sería, por ejemplo, la injuria racial- lo que hace menos eficaz el combate de la discriminación y la violencia”.
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Incitación al odio, negacionismo y experiencia internacional
La iniciativa incorpora como referencia el derecho comparado y la experiencia de países miembros de la OCDE, donde, según expuso el senador, este tipo de delitos suele contar con una tipificación autónoma. Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Colombia y México fueron mencionados como países que contemplan figuras destinadas a proteger jurídicamente el honor individual, la dignidad humana y la igualdad como un valor constitucional orientado a preservar la paz social.
El parlamentario también citó como referentes el artículo 130 del Código Penal alemán y el artículo 510 del ordenamiento español, disposiciones que contemplan sanciones no solo frente a la incitación directa al odio o la violencia, sino también respecto de la producción y difusión de material discriminatorio y el negacionismo agravado de genocidios o crímenes de lesa humanidad.
En el caso chileno, Huenchumilla sostuvo que existe un ámbito jurídico que requiere fortalecimiento, argumentando que los delitos de injurias y amenazas resultan demasiado generales para proteger la igualdad en su dimensión colectiva, particularmente respecto de pueblos originarios, inmigrantes y diversidades sexuales. La propuesta busca incorporar al Código Penal un nuevo párrafo denominado “De los delitos de atentados graves contra la dignidad y la igualdad e incitación pública al odio”.
El nuevo tipo penal contemplaría expresiones públicas gravemente humillantes, denigrantes o vejatorias contra determinados grupos o personas por su pertenencia a ellos cuando existan fundamentos discriminatorios; la incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia; el negacionismo agravado de genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; y la producción o difusión de material relacionado con estas conductas.
Respecto de las sanciones, el proyecto plantea, para las expresiones públicas graves, presidio menor en grado mínimo a medio, además de multa; mientras que para la incitación al odio y el negacionismo agravado propone presidio menor en grado medio a máximo, también acompañado de multa. Huenchumilla reconoció que la iniciativa abrirá una discusión política y jurídica relevante, particularmente por sus implicancias respecto de la libertad de expresión y de los límites frente a discursos discriminatorios.
El senador advirtió que el proyecto puede generar un debate intenso en el Congreso, incluyendo la discusión sobre el negacionismo de crímenes de lesa humanidad en función del pasado reciente de Chile y controversias actuales vinculadas con acusaciones de incitación al odio. En ese contexto, cerró su planteamiento con una apelación al debate democrático: “Es el momento de que, como sociedad entera, encaremos una conversación tan necesaria. Son tiempos de profunda polarización en la política y el debate público, donde los límites de lo que hasta ahora considerábamos tolerable son presionados día tras día. La aprobación de un proyecto de esta naturaleza nos pondría a la par con la sensatez y la civilidad de las democracias que tomamos como referente en el mundo, y sería una herramienta más para cuidar la paz social”, concluyó.
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