El Ciudadano
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara para exponer los fundamentos del proyecto de ley, presentado por el Gobierno, que busca ampliar el derecho a negociar colectivamente a trabajadores y empresas de un sector o subsector de la actividad económica.
Según consignó el boletín legislativo de la Cámara, el ministro Boccardo aseguró que la iniciativa «recoge una demanda histórica del mundo del trabajo y es parte del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric».
Entre los objetivos del proyecto, el secretario de Estado destacó entre varios puntos: «Devolver a las organizaciones el poder negociar jornadas especiales; el mayor alcance de la negociación al conjunto de trabajadores a través de acuerdos sectoriales; y activar niveles de negociación utilizados inorgánicamente como ocurre a nivel intermedio, por ejemplo, en los acuerdos marco entre contratistas y proveedores en sectores como la minería o el sector forestal.
A lo anterior se suma otorgar una «mayor coherencia en los procesos de negociación reduciendo la atomización sindical y proliferación de procesos paralelos; la continuidad de la negociación a nivel de la empresa; vincular mejoras laborales con eficiencia productiva e innovación mediante incentivos tributarios; y la vinculación con políticas públicas como certificación de competencias o de fomento productivo».
En esa línea, el ministro del Trabajo detalló los alcances del proyecto respecto al reconocimiento del derecho a negociar colectivamente y coordinadamente a nivel sectorial, intermedio y en las empresas.
El texto define que el nivel sectorial tendrá por finalidad establecer regulaciones generales que establezcan estándares mínimos aplicables a los empleadores y personas trabajadoras de un sector o subsector de actividad económica.
El intermedio, por su parte, a través de la suscripción de acuerdos marco, fijar condiciones comunes a contextos económicos específicos tales como proyectos, procesos productivos o cadenas de valor compartidas entre distintos empleadores.
Y, por último, la negociación a nivel de empresa buscará regular las condiciones específicas de trabajo según la realidad productiva y operativa específica de cada empleador.
«Asimismo, en detalle, se establecen los requisitos para iniciar las negociaciones y sujetos que podrán intervenir», apunta el boletín de la Cámara.
La norma también establece un beneficio tributario para que las empresas que formen parte de un sector con acuerdo vigente accedan de forma preferente a los beneficios de la ley 20.241 en materia de incentivos a la innovación y desarrollo.
«En ese sentido, tratándose de contratos de investigación y desarrollo celebrados entre un centro de investigación y dos o más empresas de un sector o subsector económico que hayan suscrito un acuerdo colectivo, estas podrán acceder a un crédito tributario de hasta 45 mil UTM. El límite actual es de 15 mil UTM», indica el texto.
Revisa el proyecto completo AQUÍ
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