Afortunadamente, hoy pocos discuten que necesitamos dar un giro en crecimiento. Incluso sectores que ayer relativizaban su importancia hoy reconocen su urgencia. Nuestro país no aguanta más creciendo a un mediocre 2%. Por eso es valioso el proyecto de ley (PDL) del gobierno, que elevaría en 0,5 puntos porcentuales el crecimiento anual promedio hasta 2040 (Informe de Impacto Regulatorio). Aunque aún lejos del 4%, es un necesario puntapié inicial. Precisamente porque sus medidas procrecimiento son clave, también lo es mitigar sus costos y riesgos fiscales: tanto porque la situación fiscal sigue siendo frágil y no se subsana en el actual gobierno, como porque prolongar esa debilidad puede atentar contra el crecimiento buscado.
Chile está a un tris de superar el umbral prudente de deuda pública del 45% del PIB. Se puede debatir el guarismo exacto, pero no el sistemático aumento de la deuda, de la mano de déficits fiscales persistentes y más elevados. Entre 2010 y 2019, el déficit estructural anual promedió 1% del PIB. Durante el gobierno anterior, sin mediar crisis, saltó a 2,3% del PIB. Y las metas del actual gobierno no dibujan un panorama mucho mejor: promediaría casi 2% del PIB. Sin el reciente ajuste metodológico del cobre -para comparar con la administración anterior bajo la misma vara-, ese promedio llegaría a 2,5% del PIB.
Esta es nuestra porfiada realidad fiscal. Algunos seguirán apostando a que para enmendarla basta con redoblar recortes. Pero incluso la encomiable y decidida agenda de ajuste del actual gobierno apenas logra contener el gasto, no reducirlo. Las presiones de gasto terminan imponiéndose: si la meta para 2026 era bajarlo en 4%, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) proyecta que allí donde decía $100 no terminaremos en $96, sino gastando $102. Salud ilustra esas presiones: la sobreejecución -que entre 2010 y 2019 promedió 0,4% del PIB y entre 2022 y 2025, 0,8%- se repetirá este año.
Este complejo trasfondo fiscal es la primera razón por la que el PDL necesita compensaciones: urge una senda de convergencia más robusta que la definida por el gobierno, hoy claramente insuficiente. De lo contrario, completaremos ocho años con un déficit estructural promedio del orden de 2% del PIB. Ello, en el marco de un PDL deficitario al menos hasta 2032. Sin el mayor crecimiento de sus medidas, el déficit anual aumentaría permanentemente en 0,6% del PIB. Incorporando el mayor crecimiento esperado, el déficit adicional promediaría 0,4% del PIB hasta 2032, con superávits posteriores. Pero ese es un valor esperado: el resultado efectivo puede desviarse tanto en magnitud como en timing. Ese riesgo debe considerarse.
La segunda razón es asegurar el objetivo mismo del proyecto: crecer. Agregar costos y riesgos fiscales desde una posición deteriorada y sin una convergencia clara puede contrarrestar el mayor crecimiento esperado.
Un primer canal es el financiero. Una trayectoria de alto déficit estructural y riesgo de desviaciones eleva la probabilidad de deterioro en la clasificación de riesgo de Chile. Una rebaja crediticia de un escalón (notch) implicaría un mayor costo de financiamiento -deuda y capital- de unos 30 puntos base para toda la economía. Puede parecer menor. No lo es. Para las empresas, la pérdida de valor presente por ese mayor costo equivale a subirles la tasa corporativa en cerca de 3 puntos porcentuales. En simple: esa rebaja contrarrestaría buena parte de las ganancias de reducir la tasa corporativa en 4 puntos.
Un segundo canal son las expectativas de los inversionistas. Ante una trayectoria de alto déficit y dudas sobre la sostenibilidad fiscal del PDL, aumenta el riesgo de que las medidas tributarias se reviertan mañana o de que los impuestos corporativos suban por otra vía. Esa incertidumbre debilita su efecto reactivador.
Todo lo anterior subraya la necesidad de compensar y mitigar riesgos. Una primera vía es reducir gasto. Pero confiarlo todo a esa vía es poco realista: incluso los decididos esfuerzos actuales solo logran contenerlo parcialmente. Una segunda es bajar el costo del PDL, acotando el crédito al empleo (0,4% del PIB). Una tercera es allegar ingresos permanentes. Alternativas hay: terminar con la renta presunta (0,05% del PIB); eliminar créditos y devoluciones del impuesto específico al diésel (0,15% del PIB); elevar ese impuesto a la mitad del de las gasolinas (manteniendo créditos, 0,15% del PIB); regular y gravar las apuestas online (0,1% del PIB).
En su último IFP, el gobierno corrigió a la baja los ingresos proyectados de la Ley de Cumplimiento Tributario de 2024: de 1,5% del PIB a un más realista 0,5% del PIB. Cabe felicitarlo por aplicar un sano criterio prudencial. Pero, por consistencia, sería deseable invocar ese mismo principio para mitigar los costos y riesgos fiscales de un PDL con valiosas medidas procrecimiento.
Porque así como es imperativo retomar el crecimiento, también lo es asegurar, con criterio prudencial, una convergencia fiscal más ambiciosa. El PDL y su impacto procrecimiento ganarían con ello.
Por Ignacio Briones R., profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda.
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