El Ciudadano
El fantasma de un “Punta Peuco VIP” vuelve a instalarse en la discusión pública luego de que Gendarmería dispusiera el traslado masivo de reos comunes desde el Centro Penitenciario de Til Til —ex penal Punta Peuco— hacia otras cárceles del país. La medida, que el organismo penitenciario justificó como una gestión técnica basada en solicitudes voluntarias de los internos, encendió las alarmas entre parlamentarios de oposición, que ven en esta decisión el posible retorno de condiciones privilegiadas para los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar.
La diputada Daniela Serrano, jefa de la bancada del Partido Comunista (PC), calificó el operativo como “un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”.
En sus declaraciones, la parlamentaria vinculó directamente los traslados con una intención subyacente: “Lamentablemente, detrás de estas decisiones se podría estar escondiendo el real propósito de todo esto, que es reconstruir a Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad”
. La advertencia no es menor, ya que el recinto había sido originalmente concebido para albergar a agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos, pero fue defendido como excepción en el mapa penitenciario y su “estatus VIP” funcionó como distancia política respecto del resto de las cárceles del país.
“Un gobierno también se define por a quién protege”
En la misma línea, el diputado Marcos Barraza (PC), subjefe de la bancada del Partido Comunista e Independientes, elevó el tono de la crítica al cuestionar las prioridades de la administración de José Antonio Kast.
“Un gobierno también se define por a quién protege”, sentenció, para luego preguntarse: “¿Qué hace que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad reciban tratos especiales financiados con el dinero de todos los chilenos?”.
Barraza fue más allá al advertir que lo que está en juego no es solo una decisión administrativa, sino “la credibilidad del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el compromiso democrático de que nunca más existan espacios de impunidad o privilegio para quienes atentaron contra la vida y la dignidad de miles de chilenos”, consignó Bio Bío Chile.
«Siguen haciendo las cosas de manera opaca»
La diputada Lorena Fries (Frente Amplio), ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), centró su crítica en la forma en que se ejecutó la transferencia de los reos comunes. “Siguen haciendo las cosas de manera opaca, poco transparente, sin asumir públicamente las decisiones que toman”, disparó Fries, agregando que ese proceder “no es lo que espero de un gobierno, incluso cuando es de ideas opuestas a las mías”.
La legisladora puso el acento en la falta de información oficial y en la improvisación que, a su juicio, caracteriza a la gestión penitenciaria bajo el actual gobierno.
Desde la vereda institucional, Gendarmería salió al paso de las críticas mediante un comunicado en el que defendió la legalidad y el carácter técnico de los traslados. Según el documento, la reubicación de los privados de libertad desde el Centro Penitenciario de Til Til se realizó “conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación”.
Señaló que los reos fueron transferidos a distintos establecimientos penitenciarios luego de presentar una solicitud por escrito de manera voluntaria. “Se trata de gestiones técnicas y normativas que se desarrollan de manera continua, orientadas en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto”, detalló Gendarmería.
Sin embargo, para los parlamentarios denunciantes, la explicación oficial no disipa las sospechas. La salida de los reos comunes deja al ex penal Punta Peuco con una población reducida, mayoritariamente compuesta por condenados por lesa humanidad, lo que allana el camino para que vuelvan a gozar de beneficios —como áreas verdes, mayores espacios de esparcimiento y recreación, visitas más extensas, módulos tipo cabaña, piezas amplias, en comparación con las cárceles comunes— que en el pasado generaron el apodo de “cárcel VIP”.
La controversia queda abierta y, con ella, la pregunta sobre si Chile está dispuesto a tolerar nuevamente que quienes cometieron crímenes y violaron derechos humanos vivan en condiciones de privilegio.
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