Punto de inflexión

Punto de inflexión

El título de esta columna corresponde a la expresión utilizada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para referirse al desafío que enfrenta Chile para poner orden en sus finanzas públicas, considerando que en 15 de los últimos 17 años se han registrado déficits en el balance estructural (es decir, considerando el precio del cobre y el crecimiento del PIB en sus niveles de tendencia). En simple, lo que el CFA dijo en su informe de la semana pasada es que la situación fiscal ha entrado en una espiral de desequilibrio preocupante -en un tono que no se le había escuchado antes-, y que ello se ve agravado por las dificultades que se observa para ajustar el gasto público y para lograr aumentar los ingresos estructurales, en un contexto en que la subestimación de los ingresos ocurrida en el ejercicio presupuestario anterior se arrastró al actual, ampliándose por tanto la brecha de desequilibrio. La respuesta del ministro Marcel ha sido que en las actuales circunstancias, caracterizada por una elevada incertidumbre global y por una guerra arancelaria entre Estados Unidos y las principales economías aún en desarrollo, no sería aconsejable implementar un shock contractivo, y que lo prudente es persistir en un ajuste gradual, en línea con lo que hace poco informó la Dirección de Presupuestos. Pero más allá de eso, cuestionó tanto la forma como el fondo del informe del CFA.

Salta a la vista que se trata de dos visiones contrapuestas, y si bien las apreciaciones del CFA no son vinculantes para la autoridad, tienen el mérito de reflejar la opinión independiente de un cuerpo colegiado de alta calidad técnica, que forma parte de nuestra institucionalidad fiscal. ¿Cómo seguir, entonces?

Entendiendo las aprensiones del ministro Marcel en relación con los efectos que podría tener la introducción de un ajuste contractivo en el gasto público, ello no es contradictorio con reasignaciones de gasto de tal manera de no afectar la inversión pública, centrando los ajustes en aquellas partidas que tienen el carácter de transferencias y en lo referido a contrataciones, materias que forman parte de la discusión pública actual. Los ajustes siempre son dolorosos para quienes se ven afectados y por tanto hay un costo político asociado a ello. Pero hoy día la ciudadanía está más receptiva que nunca a ajustes de esta naturaleza, cansada de tener que financiar con sus propios impuestos los malos usos de recursos públicos que se observan en las más diversas áreas, y que están teniendo su máxima expresión en los casos de las fundaciones. La danza de millones de la que se está enterando la ciudadanía, con investigaciones en curso para poder establecer si adicionalmente ha habido o no malversación de fondos públicos, es motivo más que suficiente para generar también en este ámbito un punto de inflexión que ponga atajo a estas situaciones y que permitan orientar los escasos recursos fiscales hacia usos más productivos. El momento es ahora, y el gobierno -bastante golpeado tanto por la situación fiscal como por las irregularidades que se están investigando- debería aprovecharlo.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo