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El Gobierno de España prevé aplicar sanciones éticas y económicas a las compañías que gestionan las redes sociales cuando estas no eliminen contenidos que promuevan el odio o que sean nocivos para menores, según detalló el presidente Pedro Sánchez. Esta iniciativa contempla la elaboración de lo que denomina "huella de odio y polarización", un mecanismo que rastreará, medirá y evidenciará de qué modo los algoritmos digitales fomentan la división social y amplifican discursos hostiles. Las declaraciones y el anuncio se produjeron en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, según informó El País.

Al presentar las líneas principales de la propuesta, Sánchez especificó que la responsabilidad recaerá sobre las plataformas tecnológicas y sus principales responsables cuando no se tomen acciones para bloquear o eliminar estos contenidos perjudiciales, lo que podría derivar incluso en consecuencias penales para los directivos. El mandatario enfatizó que difundir discursos de odio tendrá un costo, tanto desde la perspectiva económica como en términos de responsabilidad social.

De acuerdo con El País, la herramienta permitirá monitorear el impacto de los algoritmos de recomendación en la propagación de mensajes divisivos y contenidos que propicien el enfrentamiento social. El sistema para rastrear la “huella de odio y polarización” funcionará como base para establecer sanciones proporcionales a la gravedad y frecuencia de las infracciones detectadas por parte de las plataformas digitales. Otra de las acciones anunciadas introduce la tipificación como delito de la manipulación intencionada de algoritmos de recomendación orientados a potenciar mensajes ilegales.

Entre las medidas adicionales, el presidente del Gobierno mencionó la intención de combatir de manera más estricta todas las conductas relacionadas con la difusión de contenidos sexualizados de menores, postura que describió con la política de “tolerancia cero”. La sanción y la persecución de estas prácticas estarán integradas dentro de los nuevos planes regulatorios.

El paquete de iniciativas presentado por el Ejecutivo incluirá también una prohibición destinada a impedir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Para ello, se obligará a las compañías tecnológicas a implementar sistemas efectivos para verificar la edad de los usuarios. La propuesta toma como referencia la legislación australiana, que desde diciembre del año pasado impone restricciones similares y obliga a las empresas a establecer comprobaciones de edad fiables antes de permitir el uso de sus servicios digitales.

Según consignó El País, la aprobación de estas acciones se llevará a cabo en la próxima reunión del Consejo de Ministros, en la que se discutirá tanto la composición técnica de la herramienta para rastrear la influencia de los algoritmos como la modalidad para aplicar las sanciones a los responsables de las plataformas. El Ejecutivo pretende redefinir el papel del Estado en la regulación digital y establecer nuevas pautas para recuperar lo que considera el “control de la gobernanza digital”, subrayó el presidente durante su intervención.

La creación de la “huella de odio y polarización” figura en este contexto como un esfuerzo por proporcionar mayor transparencia sobre el funcionamiento interno de los sistemas de recomendación digitales, permitiendo identificar los focos en los que se producen dinámicas amplificadoras de división social y discursos hostiles. La administración señaló que este registro facilitará la adopción ágil de medidas correctivas y administrativas contra las compañías reincidentes.

El medio El País indicó que el conjunto de iniciativas incluye una revisión exhaustiva de las obligaciones legales de las plataformas que prestan servicios en España, incorporando no solo el control de contenidos, sino también la cooperación activa con las autoridades ante investigaciones sobre delitos relacionados con el uso de algoritmos y la gestión inadecuada de mensajes ilegales.

El Gobierno expresó, según reportó el medio, que estas medidas se suman a la tendencia internacional de involucrar de forma más directa a los operadores de redes sociales en la defensa de los derechos digitales y la protección de sectores vulnerables, especialmente los menores. La propuesta subraya la relevancia de que empresas y directivos asuman consecuencias tangibles cuando la actividad de sus plataformas facilite la diseminación de odio o contenidos ilícitos.

Por último, según precisa El País, la “huella de odio y polarización” servirá también como referente para diseñar futuras políticas públicas de prevención y educación digital, con el objetivo de modificar el clima social generado por la actividad de las redes. La batería de medidas, tal y como se desprende de la intervención del presidente en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, da respuesta a una creciente demanda por parte de la sociedad y de los reguladores para establecer un mayor control democrático sobre los procesos algorítmicos que moldean el comportamiento y las actitudes de los usuarios en Internet.