La Paz, 25 may (EFE).- La posibilidad de que el Gobierno de Bolivia declare un estado de excepción para ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas y bloqueos cobró fuerza después de que el Senado aprobara un proyecto que elimina restricciones legales vigentes desde 2020, en medio de advertencias sobre posibles riesgos para los derechos humanos.
La iniciativa se debate al inicio de la cuarta semana de bloqueos y protestas, principalmente en la zona andina, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio del desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por los cortes de rutas.
El proyecto de ley aprobado el domingo por el Senado abroga la actual Ley de Estado de Excepción y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde se prevé su debate este martes, con el objetivo de dar respaldo legal a Paz para aplicar esa medida, contemplada en la Constitución promulgada en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
El diputado de la alianza Unidad Carlos Alarcón, promotor de la medida, explicó a EFE que la norma busca abrogar la ley aprobada en 2020 por la entonces presidenta interina de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, que regula desde el Parlamento la decisión del Ejecutivo de emplear a las fuerzas de seguridad ante conflictos internos.
La denominada 'ley Eva Copa' reglamenta cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al Estado de Excepción y fue aprobada durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020) para limitar el uso de las fuerzas de seguridad.
Copa dirigió el Legislativo por el Movimiento al Socialismo (MAS) tras la renuncia de Morales en 2019.
Esa ley señala que, cuando se dicte un estado de excepción, "queda prohibido como forma de sanción, cualquier tipo de restricción a la libertad" y que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden".
Alarcón afirmó que la norma "ata de pies y manos" al Gobierno "para que no pueda hacer uso de la fuerza legal y legítima del Estado a través de una declaratoria del estado de excepción".
Además, la normativa permite que el Legislativo pueda "hacer y deshacer" el decreto del Gobierno, lo que Alarcón consideró "absurdo" porque, según dijo, los parlamentarios desconocen las medidas de seguridad necesarias en momentos de "una convulsión o conmoción interna".
El artículo 137 de la Constitución permite declarar el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna, aunque establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales y que podrá aplicarse en todo el territorio nacional o solo en las zonas donde sea necesario.
La Constitución no fija que el estado de excepción implique necesariamente el uso de las Fuerzas Armadas porque eso dependería de la valoración específica que realice el Gobierno ante un conflicto.
Según Alarcón, puede darse el caso de una ejecución escalonada de la medida, que primero sea con un despliegue policial y luego militar en determinadas regiones.
La decisión del Senado fue rechazada por la Vicepresidencia, a cargo de Edmand Lara, que se ha declarado opositor, y por la Central Obrera Boliviana (COB), que impulsa las protestas que piden la renuncia de Paz.
En un comunicado, la Vicepresidencia señaló que la ley de 2020 busca evitar que el Estado "vuelva a responder a conflictos sociales mediante el uso de armas letales después de los dolorosos sucesos" de 2019, en alusión a las muertes ocurridas en medio de la crisis tras la renuncia de Morales a la Presidencia. EFE
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