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La iniciativa ingresada al Senado crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que permitiría al Presidente de la República adoptar medidas extraordinarias frente a amenazas graves a la seguridad. La propuesta contempla restricciones a la libertad personal, de desplazamiento, reunión y asociación, además de la intervención de comunicaciones y la requisición de bienes.