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El proyecto apuntará a conductas de menores que generen daño a bienes nacionales de uso público o a un particular, ya sea en su persona o en su patrimonio. Las sanciones que contempla el gobierno no son penales, serán proporcionales y principalmente formativas. Eso incluirá amonestaciones, multas, reparación del daño u obligación de asistir a programas de habilidades parentales.