SEÑOR DIRECTOR:
El proyecto de ley que modifica la Ley N.° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente (Boletín 15.589-07), ingresado en 2022 tras el alza de casos del primer semestre de ese año y actualmente con urgencia de “discusión inmediata” en el Senado, propone endurecer las penas para adolescentes que cometen delitos graves y reiterados, bajo el supuesto de que ello mejorará la seguridad pública.
Sin embargo, el estudio de la Fiscalía Nacional publicado el 30 de julio recién pasado muestra un panorama distinto: 2020-2021 fue el período con menos casos de la década y, a nivel nacional, en 2025 los casos siguieron por debajo de los registrados en 2015, aunque la Macrozona Sur ya los supera.
El estudio distingue tres grupos: quienes ingresan por primera vez, a veces vinculados al consumo de drogas y a bandas delictuales; una mayoría que abandona el delito tras un contacto breve con el sistema; y un 2,4% que concentra el 13,4% de los delitos, principalmente robos en domicilios y robos por sorpresa.
Endurecer las penas cambia la consecuencia jurídica del hecho, pero no interviene sobre los factores que explican cada trayectoria: la captación por drogas y bandas o la reiteración en robos patrimoniales, procesos sobre los que ya actúan la Ley 21.527 y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mediante prevención, investigación especializada e intervención intensiva según el perfil.
El Congreso debe explicar a qué perfil apunta este aumento de la severidad, por qué tendría un efecto disuasivo y por qué la respuesta de reinserción ya vigente no sería suficiente.
Antonia Aguirre
Directora de Estudios e Innovación
Lucas Molina
Abogado
Fundación Ciudad del Niño
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