La desclasificación el pasado 25 de febrero de los documentos sobre el 23-F que el Gobierno español mantenía bajo secreto ha sacado a la luz 166 documentos compuestos por un total de 919 páginas. Proceden de tres Ministerios: Defensa, Exteriores e Interior. Muchos eran conocidos ya, otros aportan nueva base documental para confirmar lo sabido y algunos matizan episodios clave o descubren aspectos desconocidos de ese día y del período posterior. Esto es lo que se sabía sobre distintos aspectos del golpe y lo que la desclasificación ha desvelado.

Un documento manuscrito sin autoría titulado “Panorámica de operaciones en marcha”, de noviembre de 1980, detallaba tres planes de intervención (civiles, militares y mixtas cívico-militares). Se había podido leer en 23F. La pieza que falta del militar golpista Ricardo Pardo Zancada. Ahora está a disposición la versión completa. De entre las tres operaciones descritas, la menos sofisticada y con los dirigentes de más bajo rango fue la que acabó ejecutándose (calificada como de “expontáneos” [sic] en el manuscrito). También era la que se consideraba más viable al apuntarse “serios temores de que el hecho pueda ejecutarse y que triunfe”. El análisis sitúa a uno de los padres de la Constitución, Manuel Fraga, en dos de los tres escenarios golpistas de tinte militar. En una de las alusiones directas se señala que “1 político (Fraga)” había logrado convocar “a varios generales” en la “costa levantina”. En otra se señala que “el Rey operaría constitucionalmente” y, “al no haber cobertura política de partido, Fraga estaría intentando ser el líder civil”.


Según la cronología detallada de las llamadas de esa noche en el palacio de la Zarzuela recogida en un informe sin atribución del CESID, don Juan Carlos le dijo al teniente general Jaime Milans del Bosch (condenado a 30 años por participar en el golpe) a la 1.20: “Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil”.
También se recoge una llamada del general Armada al Rey para incorporarse a La Zarzuela. Según el documento, Juan Carlos I le dijo que no fuera. Entre las 20.00 y las 21.00, el rey mantiene una conversación “muy tensa” con Armada. A las 22.35, envía una comunicación a todos los capitanes generales instando a la defensa del orden constitucional.
Dichas órdenes, según otros documentos desclasificados, consisten en “disparar a dar”. Entre las grabaciones destaca la de un militar que cuenta a su interlocutor cómo su capitán le movilizó el 23-F. Durante la charla, el soldado detalla las órdenes que recibió y cómo le llegaron a indicar que, si se daba el caso, “disparara a matar”. “Pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse [...] Venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie; el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.
Las nuevas llamadas que se han desvelado desde el interior de la Cámara Baja son también las que se conocen por la intervención del teléfono particular de Tejero y de García Carrés. Así se han podido leer las transcripciones de cintas grabadas con las conversaciones de la esposa de Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, con otras personas. En ellas, Carmen se refiere numerosas veces a su marido como “tonto” o “desgraciao”.

Entre los papeles desclasificados hay documentación relacionada con la posición que adoptó Estados Unidos. “Es un asunto interno”, esa fue la primera declaración del Secretario de Estado. Ese posicionamiento llegó a Antonio Tejero. Las consecuencias diplomáticas de ese error fueron analizadas por Misael Arturo López Zapico en una investigación publicada en la revista de historia Ayer. Semanas después del golpe, The New York Times informó de que Felipe González aseguraba que la posición inicial de Estados Unidos “había sido inexplicable en términos democráticos”, como consta en otro documento desclasificado.


Seis agentes del Cesid participaron activamente en los hechos del 23 de febrero. Según un documento desclasificado, estas seis personas, o bien conocían los hechos con anterioridad, o bien planificaron un apoyo operativo para llevarlo a efecto y posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23. De todos los agentes citados, solo el capitán Gómez Iglesias fue condenado a seis años de cárcel por su implicación en el 23-F.


Los golpistas identificaron uno de los factores que provocó el fracaso del 23-F: “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”, como puede leerse en uno de los documentos desclasificados. Por ese motivo, durante el juicio a los golpistas, el servicio de inteligencia incrustó a diversos agentes en las vistas para monitorizar qué se decía sobre Juan Carlos y se susurraba en los corrillos del entorno de los golpistas. Esos comentarios son parte de las notas elaboradas entonces por el Cesid y que han sido desclasificadas.
Diez meses después del golpe, el Rey se reunió con Leopoldo Calvo Sotelo (presidente del gobierno), Alberto Oliart (ministro de Defensa) y la Junta de Jefes del Estado Mayor por la situación “delicada” de las Fuerzas Armadas. La posición del monarca, preocupado por la incomodidad de los militares ante lo publicado por parte de la prensa, quedó fijada en el guion de la reunión que Sabino Fernández Campo (secretario general de la Casa de S.M. El Rey) envió a Emilio Alonso Manglano (director del Cesid). En sus memorias, Oliart escribió esta frase: “tras la entrada de Manglano en el Cesid, dejé de tener golpes de Estado sobre la mesa a diario”.



Ana Fernández
Fernando Anido
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