El Ciudadano
La reciente decisión de la justicia australiana de rechazar el intento de la ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Adriana Rivas González por frenar su extradición a Chile, fue valorada por el abogado Francisco Ugás Tapia, quien es uno de los representantes de los familiares de las víctimas, ya que permitirá «que una criminal de lesa humanidad enfrente la justicia nacional«.
Rivas, quien fuera secretaria y mano derecha del jefe del aparato represor de la dictadura cívico militar, Manuel ‘Mamo’ Contreras, es requerida por su presunta participación en los crímenes de siete dirigentes del Partido Comunista, cometidos durante la operación de la Brigada Lautaro, un grupo de exterminio que operó entre 1974 y 1977.
Ugás, quien es jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados y representante de seis de las siete familias de las víctimas, calificó el fallo del juez Michael Lee, de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur, como un paso decisivo que acerca el final de una larga batalla judicial que se ha extendido por más de una década. El jurista no solo valoró el aspecto técnico de la resolución, sino que también destacó el significado humano y simbólico de que una persona acusada de delitos de lesa humanidad sea juzgada en el país donde se cometieron los crímenes.
Un fallo “contundente” que desestima todos los argumentos de la defensa
En concreto, la justicia australiana desestimó el recurso con el que la defensa de Rivas buscaba impugnar la decisión del Gobierno australiano que, en agosto de 2024, ya había autorizado su entrega. Este nuevo revés judicial, según explicó Ugás, deja a la ex agente de la DINA en una situación procesal muy compleja, allanando el camino para que el proceso de extradición entre en su etapa final.
“Nos satisface, la decisión contundente del magistrado, para desestimar cada uno de los argumentos y las pretensiones de la defensa de Rivas. Nos emociona, por cierto, avizorar un horizonte que pondrá término definitivo a este asunto, que se ha extendido por más de 15 años, contados desde el 2011, cuando ese año advertimos en Chile la fuga de ella a Australia. Y nos conmueve, también, toda la fortaleza, la solidaridad y la perseverancia con que las familias de las víctimas y el grupo de trabajo que desde Australia nos han apoyado, han vivido de manera incombustible todo este proceso, que ha sido largo, complejo y doloroso”, afirmó, citado en una nota de prensa.
Los tres escenarios posibles para Rivas
En sus declaraciones, el abogado Francisco Ugás realizó un análisis jurídico de los pasos que podrían seguir a partir de ahora, delineando tres posibles escenarios, que van desde una resolución rápida hasta una potencial, aunque difícil, apelación ante instancias superiores.
El primer y más deseable de los panoramas, según explicó el representante legal, es que la propia Adriana Rivas decida no presentar más recursos y consienta en su entrega a Chile.
“Que la defensa de Rivas no recurra y ella consienta en la extradición, cuestión que allana de manera definitiva el proceso y nos permitiría contar con ella en Chile a la brevedad. Esta entrega debería materializarse en un plazo no mayor a 2 meses, que es lo previsto por el tratado de extradición suscrito entre ambos países”, planteó.
El segundo escenario posible, según Ugás, implica una apelación ante la misma Corte Federal. Sin embargo, el abogado restó probabilidades de éxito a esta opción, argumentando la solidez del fallo original.
“Es que dado que esta decisión del Juez Lee es recurrible, si la defensa de Rivas apela, el caso deberá ser discutido ante la Corte Federal. Difícilmente podría prosperar una apelación de dicha defensa, dada la contundencia de lo argumentado por el Juez Lee, en su sentencia”, señaló.
El tercer y último escenario, que Ugás calificó como altamente complejo, sería un intento de llevar el caso ante la Alta Corte de Australia, la máxima instancia judicial del país oceánico.
“Que la eventual decisión de la Corte Federal intente ser recurrida ante la Alta Corte de Australia, por motivos jurídicos estrictos y de interés nacional para Australia, cuestión que debe contar con una venia previa para recurrir dicha decisión, lo cual es altamente complejo que prospere, dada la naturaleza del caso”, indicó el profesional.
“Destino ineludible”: «Que una criminal de lesa humanidad enfrente la justicia”
Francisco Ugás hizo un llamado directo a la defensa y a la propia Adriana Rivas para que cesen las maniobras dilatorias que han aplicado durante años y se facilite su comparecencia ante la justicia chilena.
“Evidentemente, deseamos que a la brevedad ella esté a disposición de la justicia de Chile, por lo que lo ideal, para nosotros, es que ella consienta en dar curso a la extradición. Que ella y su defensa no dilaten más la ocurrencia de un destino ineludible, cual es, que una criminal de lesa humanidad enfrente la justicia nacional”, afirmó.
El historial de Rivas y los crímenes que se le imputan
Para contextualizar la relevancia del caso, es necesario recordar el perfil de Adriana Rivas, conocida en el aparato represor como “La Chani” y quien fue mano derecha y secretaria personal del director de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras. Su labor no se limitó a tareas administrativas, sino que, según las investigaciones, participó activamente en acciones represoras.
El Estado de Chile la requiere como coautora de los secuestros calificados de siete víctimas: Víctor Díaz, ex secretario general del Partido Comunista; y los dirigentes y militantes Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, esta última embarazada de cinco meses al momento de su detención. Todos fueron detenidos por la Brigada Lautaro, grupo al cual pertenecía Rivas, y posteriormente torturados y desaparecidos.
En sus declaraciones, Rivas ha descartado haber sido una agente operativa de Lautaro, argumentando que cumplía funciones como secretaria administrativa. Sin embargo, en la investigación se encuentran múltiples testimonios de exagentes y colaboradores que la vinculan como miembro activo de la temida brigada, que operó en el cuartel Simón Bolívar, uno de los centros de tortura más brutales de la dictadura, quienes la han descrito como una persona despiadada en los interrogatorios.
La ex agente de la DINA estaba procesada por estos delitos que motivan su extradición, con libertad provisional bajo fianza y prohibición de salir del país, cuando en 2011 decidió darse a la fuga, pasando primero por Argentina y luego estableciéndose en Australia, para no responder por su participación en crímenes cometidos durante la dictadura.
El ministro Miguel Vázquez Plaza solicitó su extradición en 2013, y la Corte Suprema chilena declaró procedente la petición a comienzos de 2014, la cual fue formalizada por el Estado chileno ante Australia.
Finalmente, en 2019 fue detenida en Sídney, tras haber vivido más de tres décadas en ese país. Con el reciente fallo del juez Michael Lee, que rechaza su intento por frenar la entrega, el largo proceso entra en su etapa final y decisiva para que Adriana Rivas, “La Chani”, enfrente finalmente a la justicia chilena por su presunto rol en uno de los capítulos más oscuros de la represión en dictadura.
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