El Ciudadano
En diciembre de 2025 la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS), y cuestionó pagos a un conjunto de 15 personas, entre las que figuran actores políticos como la exministra de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; así como el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado por el Ministerio Público de los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en el marco del denominado Caso Hermosilla.
La medida se produjo tras desarrollar una investigación, por un lapso de 15 meses, en la que concluyó que parte de las remuneraciones pagadas por la casa de estudio se encontraban fuera de los rangos definidos por su propia normativa y a través de la cual se detectaron irregularidades en contrataciones académicas.
Marcela Cubillos: el millonario sueldo que destapó la caja de Pandora
Según reveló el medio Reportea, la pesquisa se inició en septiembre de 2024, luego de que El Mostrador revelara que Marcela Cubillos, exministra de Educación bajo el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, percibía un sueldo de $17 millones brutos, y que las labores que realizaba la también exdiputada no correspondían con la magnitud de esa cifras. De hechos, se determinó que no cumplía plenamente con las funciones como docente e investigadora por las cuales era remunerada., incluso en el período en que se encontraba fuera de Chile.
También se señaló que en la contratación de Cubillos se habría incumplido normas internas que exigen grado de magíster para académicos regulares, requisito que no posee.
Cabe señalar que al estallar la polémica, la exministra defendió su remuneración, argumentando que en Chile existe libertad de contratación en el ámbito privado.
Ante este escenario de , el ente regulador decidió solicitar antecedentes a la USS y e iniciar una indagatoria que sacó a la luz el entramado de irregularidades.
Luego de haber transcurrido 15 meses las conclusiones de la investigación fueron formuladas y en diciembre pasado los directivos de la USS recibieron la formulación de cargos. Según fuentes internas del plantel consultadas por Reportea, el informe objeta la contratación y los pagos de cerca de 15 personas, en su mayoría vinculadas a partidos políticos.
Irregularidades detectadas
Las irregularidades detectadas se agrupan en dos áreas, la primera está relacionada con pago de sueldos, que habrían incumplido la propia normativa de la casa de estudio que fija un conjunto de bandas, como es el caso, por ejemplo, del sueldo millonario que percibía Marcela Cubillos.
En segundo término, se constataron contrataciones irregulares, tras los ingresos de personal en los que no respetaron los lineamientos establecidos ni los requisitos para que un trabajador pudiera llegar a un cargo de nivel académico o directivo.
Esto implicaría que personas sin los méritos académicos suficientes, o sin cumplir con la totalidad de los requisitos reglamentarios, fueron igualmente incorporadas a la planta de la universidad, en algunos casos en posiciones de alta responsabilidad.
Tras ser contactados por el medio citado, desde la USS no estuvieron disponibles para responder preguntas. Mientras que la Superintendencia de Educación Superior señalaron que no se pronunciarían sobre este tipo de casos que se encuentran en desarrollo, manteniendo la reserva que ha caracterizado este proceso desde sus inicios.
Luego de la formulación de cargos realizada a fines del año pasado, la universidad hizo llegar sus observaciones a la Superintendencia, institución que se encuentra en condiciones de imponer sanciones y que según el artículo del periodista Sergio Sepúlveda para Reportea, «es algo que debiera ocurrir en los próximos días».
En 2025 la USS fue sancionada por haber mantenido una “sede fantasma” en la ciudad de Rancagua entre los años 2018 y 2022 y debido a esta reincidencia es poco probable que el en regulador aplique nuevamente una amonestación por escrito que es a sanción más baja contemplada por la ley
El expediente de esa investigación es explosivo, y hasta ahora se mantiene bajo reserva. La indagatoria, que se extendió por 15 meses, concluyó que parte de las remuneraciones pagadas por el plantel estaban fuera de los rangos definidos por su propia normativa y detectó irregularidades en contrataciones académicas, alcanzando a cerca de 15 personas, entre ellas dirigentes políticos de alto perfil como la exministra Marcela Cubillos y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, además del exfiscal regional oriente Manuel Guerra, este último formalizado por cohecho en una arista del caso Hermosilla.
USS: ¿Una caja pagadora de la política?
El reportaje también plantea que «dentro de la universidad las posiciones están divididas». ya que dos trabajadores que ocupan cargos de jefatura, le declararon al medio citado, bajo condición de anonimato, indicaron que en el seno del plantel están conscientes de que se realizaban contrataciones políticas,» como apoyo a dirigentes que habían perdido una elección, o que estaban momentáneamente sin trabajo».
Incluso se refirieron a contrataciones y pagos a figuras que pese a no formar parte ni pertenecer a los partidos, de igual modo «eran reclutadas para mostrar influencia».
El medio de investigación recordó que en el momento en que salió a la luz el caso Hermosilla, se descubrió que varios de sus protagonistas tenían vínculos con la casa de estudios universitarios,,
«Entonces como Decano de la Facultad de Derecho figuraba Andrés Chadwick, y la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ejercía como académica, al igual que su par del máximo tribunal Jean Pierre Matus. También estaba allí el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, quien ocupaba el cargo de vicerrector de la sede de Santiago. Y Manuel Guerra era académico desde 2021», señaló.
La USS también tenía en su nómina a un conjunto de figuras poíticaas que habían sido funcionarios del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre los que figuran Sebastián Sichel (exministro Desarrollo Social), Julio Isamit (exministro de Bienes Nacionales), Enrique Paris (exministro de Salud), Víctor Pérez (exministro del Interior), Juan José Ossa (exministro Segpres), y Rodrigo Ubilla (exsubsecretario del Interior). También tenían contrato los exdiputados Gonzalo Arenas y Rodrigo Álvarez, ambos de la UDI.
Reportea señaló que «no pudo confirmar cuántos de ellos forman parte del proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia de Educación Superior en contra de la USS».
El caso de Arturo Squella: del Congreso a la USS
Sin embargo pudo constatar que Arturo Squella, actual senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano, había sido contratado por el plantel en 2018, tras su salida del Congresoen donde ejerció como diputado durante ocho años.
Al llegar a la casa de estudios dictó clases de derecho constitucional y llegó a ocupar el cargo de director del Centro de Derecho Público y Sociedad. Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento del monto del sueldo que recibía, «fuentes internas señalan que su remuneración estaba muy por sobre lo que percibían otros académicos con similar carga horaria y antigüedad»
La polémica contratación del exfiscal Guerra
El ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra está siendo imputado por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación por sus vínculos con el abogado o con Luis Hermosilla.
En medio de las investigaciones su contratación en la USS ha sido uno de los focos principales, ya que según la Fiscalía llegada a habría estado vinculada a decisiones adoptadas durante su desempeño en el Ministerio Público, siendo una de las formas en que se materializó el cohecho.
Guerra fue contratado en 2021 con una remuneración de $6,3 millones por jornada parcial.
Cabe recordar que la investigación del Ministerio Público se originó a raíz de mensajes encontrados en el celular de Luis Hermosilla, en los cuales se daba cuenta de las operaciones que realizaban el exministro Andrés Chadwick y Manuel Guerra para cerrar causas que involucraban a sujetos de interés.
Algunas de las investigaciones que habrían terminado en impunidad gracias a las gestiones de Guerra y Chadwick fueron el caso Penta, el cual involucraba a prominentes figuras de la UDI, y el caso Dominga, que implicaba al expresidente Sebastián Piñera.
Al día siguiente de dejar la fiscalía, Guerra fue contratado como profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, casa de estudios en la que Andrés Chadwick se desempeñaba como docente. Más tarde, el exministro del Interior sería ascendido a decano y finalmente a presidente de la junta directiva.
Precisamente ese contrato es el que está hoy en la mira del Ministerio Público, debido a los millonarios montos que comenzó a recibir Guerra una vez que salió de la fiscalía.
«A juicio de la fiscalía, el arribo de Guerra a la USS fue un premio por el cierre de esas causas, entre las que se cuentan el financiamiento político ilegal de Penta, la utilización de boletas falsas por parte del senador Iván Moreira (UDI) para financiar su campaña, la compraventa de la minera Dominga en la que participó la familia Piñera Morel, y el rol de Santiago Valdés en una campaña electoral de Piñera». señaló Sepúlveda en el artículo para Reportea.
Una universidad bajo la lupa
Además de los casos ya mencionados, la USS ha enfrentado cuestionamientos por la calidad de algunas de sus carreras, por las condiciones laborales de sus académicos a honorarios y por su estrecha vinculación con grupos políticos y económicos.
Cuando en los próximos días la Superintendencia de Educación Superior fije la sanción que impondrá a la USS, el plantel tendrá 20 días para pedir una reconsideración. Las fuentes de la universidad consultadas por Reportea, no descartaron acudir a tribunales para intentar dar vuelta el pronunciamiento del ente regulador de la educación superior.
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