El Ciudadano
El asesinato de la fiscal que investigaba ataques de EE.UU. contra pescadores ecuatorianos y denuncias de tortura: Revelan nuevas pruebas
Alexandra Bravo, la fiscal encargada de investigar los ataques de Estados Unidos contra tres embarcaciones ecuatorianas y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes, fue asesinada a tiros el pasado 14 de junio en la ciudad costera de Manta, Ecuador, según informó Drop Site News en una investigación publicada el 23 de julio de 2026. Un sicario a bordo de una motocicleta negra disparó contra Bravo cuando ella y su hermana salían de una cafetería alrededor de las 11 de la mañana; su hermana, que se lanzó a protegerla, también murió en el ataque.
Al llegar a la escena del crimen, los agentes encontraron cinco casquillos de 9 mm y al chofer de Bravo herido, pero ningún rastro de la escolta policial asignada para protegerla, según reportó Drop Site News. Bravo es la vigésimo sexta persona del sistema judicial de Ecuador asesinada desde 2020. Además de su asignación habitual de casos de homicidio y crimen organizado, Bravo había estado trabajando en los casos Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca —una serie de ataques con drones contra embarcaciones pesqueras civiles que Drop Site dio a conocer en abril.
Drop Site News reveló que una fuente dentro del departamento de policía de Manta, que conocía personalmente a Bravo, afirmó que la fiscal estaba bajo presión de sus superiores para tratar los ataques de EE.UU. exclusivamente como «casos de desaparición». A Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas una pérdida de visión del 70% y pies desgarrados hasta dejar al descubierto la carne y los huesos, consistentes con sus relatos de explosiones y tortura.
La investigadora principal de Human Rights Watch, quien entrevistó a Bravo como parte de su investigación, recordó que Bravo enfrentó «desafíos internos dentro de la propia institución para avanzar en la investigación» y que solicitó repetidamente la cooperación de otras entidades, pero «ninguna respondió a sus solicitudes de información». El abogado de derechos humanos Fernando Bastías declaró a Drop Site News: «No puedo sugerir que haya sido un asesinato político, pero evidentemente, cuando matan a un fiscal es por la investigación que está llevando a cabo».
El Pentágono, la Guardia Costera y el Comando Sur de EE.UU. han negado tener conocimiento o responsabilidad sobre los incidentes con las embarcaciones. Sin embargo, Drop Site News obtuvo un video exclusivo que muestra actividad de la Guardia Costera de EE.UU. en las inmediaciones del bombardeo de La Negra Francisca, así como datos de rastreo de embarcaciones que sitúan al USCGC Bertholf cerca del lugar del ataque. Un testigo presencial, Darwin Pico-Flores, dijo a Drop Site que su barco fue abordado por la Guardia Costera de EE.UU., que lo interrogó durante casi 12 horas.
En los días previos a su muerte, Bravo fue reasignada a la Fiscalía General en Montecristi y ya no estaba a cargo de investigar los tres ataques. Drop Site News se comunicó con varios representantes de la Fiscalía General para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta. El sustituto de Bravo tenía orden explícita de no hablar con la prensa. La Fiscalía respondió posteriormente que la investigación se encuentra bajo reserva y que no podía pronunciarse sobre las razones del traslado de Bravo.
Para conocer todos los detalles de esta investigación, acceda al reportaje completo de Drop Site News en el siguiente enlace:
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