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Chile enfrenta un problema fiscal mucho más serio de lo que suele reconocerse en el debate público. El ajuste anunciado por el gobierno —un recorte de gastos cercano a US$6.000 millones, equivalente a cerca de 2% del PIB— es necesario, pero claramente insuficiente para corregir el desequilibrio heredado. Solo para cerrar ese déficit, probablemente se requerirá al menos el doble de ese esfuerzo, y eso sin considerar las menores recaudaciones que implicaría una rebaja del impuesto de primera categoría desde 27% a 23% o menos, los subsidios al empleo formal comprometidos y el financiamiento de nuevas políticas públicas que inevitablemente deberán implementarse con urgencia.

El déficit fiscal efectivo superó el 3,6% del PIB en 2025, y a ello podrían sumarse deudas acumuladas con proveedores del Estado y otros compromisos que permanecen parcialmente fuera de las cuentas fiscales. Además, existen gastos inevitables que no están plenamente considerados en el presupuesto, como los costos de reconstrucción derivados de los recientes incendios —que ya superan los US$500 millones— y el aumento de recursos que el país deberá destinar a políticas contra la delincuencia, probablemente no inferiores a 1% adicional del PIB, junto con mayores esfuerzos en salud, vivienda social y educación.

En este contexto, discutir nuevas fuentes de recaudación resulta inevitable. Pero la clave está en hacerlo de una manera que dañe lo menos posible el crecimiento económico. Chile necesita recaudar más, pero no puede seguir aumentando la carga tributaria sobre el trabajo formal, el emprendimiento y la inversión como si estas actividades fueran externalidades negativas comparables al tabaco, el alcohol o la contaminación.

Una alternativa consiste en ampliar la base tributaria hacia bienes y servicios de consumo muy masivo, mediante cargos pequeños aplicados sobre bases extraordinariamente amplias. Cuando se diseñan de esta manera, estos instrumentos pueden generar recaudaciones significativas con baja evasión y mínimos costos administrativos. En conjunto, podrían aportar alrededor de 5 puntos del PIB en ingresos fiscales adicionales, incluso después de devolver 2 puntos mediante porcentajes decrecientes de estos nuevos tributos —y del IVA— a los cuatro primeros deciles de ingresos.

A ello deben sumarse políticas procrecimiento que devuelvan certezas a la economía. Entre ellas, avanzar hacia un DL600 2.0, destinado a otorgar estabilidad regulatoria a las grandes inversiones que el país requerirá en infraestructura, vivienda, minería y energía durante las próximas décadas.

Chile, además, posee ventajas estructurales que rara vez se destacan. El desarrollo de la inteligencia artificial y la electrificación del transporte están aumentando rápidamente la demanda por energía, cobre y baterías. A ello se suma la futura producción masiva de robots, que —según ha señalado Elon Musk— podría eventualmente superar el número de seres humanos.

En ese nuevo escenario tecnológico, la combinación de cobre, litio y energías renovables competitivas constituye una ventaja estratégica extraordinaria para el país.

Si Chile logra combinar estabilidad institucional, reglas claras para atraer inversión y una reforma tributaria moderna que no castigue el crecimiento, podría abrirse una nueva etapa de expansión económica. En ese contexto, una reforma tributaria inteligente no sería simplemente un ajuste fiscal más, sino el punto de partida de un nuevo ciclo de crecimiento para el país.

*El autor de la columna es ingeniero civil y comercial de la UC