Un médico recibe a un paciente con un dolor persistente. Con la mejor de las intenciones le prescribe un medicamento. Como este provoca efectos secundarios, receta un segundo fármaco para mitigarlos. Luego un tercero para corregir los efectos del segundo. Al cabo de unos meses, el paciente ya no está siendo tratado por su dolencia original, sino por las consecuencias de los tratamientos.
Algo similar ocurre con frecuencia en política pública. Se busca mejorar el bienestar de los trabajadores mediante regulaciones que elevan el costo de contratar formalmente —salarios mínimos elevados, indemnizaciones gravosas, obligaciones previsionales y otros costos asociados al empleo—, pero cuando estas reducen la contratación, aumentan la informalidad o limitan el crecimiento de los salarios de quienes tienen menor productividad, la respuesta suele ser agregar nuevos subsidios, excepciones o compensaciones para corregir los efectos de las medidas anteriores.
Todos queremos mejores salarios y mayor calidad de vida. La pregunta es si estamos tratando la enfermedad correcta.
Un reciente análisis de The Economist advierte que una proporción creciente de estudiantes de educación superior en países desarrollados carece de las competencias necesarias para desenvolverse en empleos complejos. Algunos ejemplos preocupantes son: en instituciones de élite como la Universidad de California, hasta un 30% de los estudiantes llega con graves déficits de preparación, obligando a los profesores a reenseñar contenidos de secundaria; el 8% de los estudiantes terciarios rinde al nivel de un niño de 10 años en pruebas de niveles avanzados; el elevado uso de inteligencia artificial para realizar tareas genera una inflación de notas que están ocultando una falta real de aprendizaje.
El problema no es exclusivo de esos países. En Chile, los resultados de la OCDE muestran que el 56% de los adultos presenta un nivel 1 o inferior en razonamiento matemático y el 53% alcanza ese mismo nivel en comprensión lectora. Apenas un 2% logra desempeños que permitan interpretar información compleja, resolver problemas no rutinarios o generar alto valor agregado.
Estas brechas tienen consecuencias económicas directas. La productividad laboral depende, entre otros factores, de la capacidad para comprender instrucciones, resolver problemas, adaptarse a nuevas tecnologías y aprender continuamente. Cuando una parte importante de la fuerza laboral carece de esas habilidades, su productividad —y, por tanto, sus salarios— enfrenta un límite estructural que ninguna regulación puede eliminar por decreto.
La solución no pasa por acumular nuevas regulaciones para compensar las anteriores, sino por abordar la causa de fondo: la formación de capital humano. Sin una mejora sustantiva en la calidad de la educación y en las competencias cognitivas de los trabajadores, seguiremos intentando curar los síntomas mientras la enfermedad permanece intacta.
Por Macarena García, economista senior, Libertad y Desarrollo
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