La receta médica en papel tiene un problema serio: es fácil de falsificar, difícil de rastrear y casi imposible de auditar. Hoy en Chile, la falsificación de una receta médica no es delito por sí sola. Un proyecto de ley que avanza en el Senado —boletín 17.355-11— busca terminar con esa vulnerabilidad y transformar la receta electrónica en un estándar obligatorio para todo el país. Las cifras del Instituto de Salud Pública respaldan la magnitud del problema: el decomiso de fármacos en la RM aumentó en un 1.000% entre 2021 y 2022, y solo en un trienio reciente se sacaron de circulación más de 130 mil unidades de fármacos vendidos en ferias e internet que requerían receta médica.
El riesgo para los profesionales de ser suplantados mediante una receta falsa es creciente. El objetivo central es simple: que cada prescripción quede registrada en un sistema único, verificable y trazable, desde que se emite hasta que el paciente retira el medicamento en la farmacia. A eso se suma una segunda idea, igualmente relevante: obligar a prescribir por Denominación Común Internacional y no por marca comercial, como ya obligaba la primera Ley de Fármacos.
Los beneficios se concentran en la seguridad: hoy los farmacéuticos no cuentan con herramientas para verificar si una receta es auténtica, un vacío que ha sido aprovechado por redes de narcotráfico y falsificadores para operar a través de farmacias. Un sistema con trazabilidad completa cierra esa puerta y entrega a la autoridad sanitaria información que hoy no existe sobre cómo se prescribe y se dispensa en el país.
El segundo beneficio es económico y toca directamente el bolsillo de las personas. Chile ha elevado sustantivamente su gasto en salud; pero cada vez más de ese gasto está representado por lo que las familias gastan directamente, sin protección alguna, en comprar medicamentos. La cifra es escalofriante: un 40% del gasto de salud es financiado directamente por las personas, la mitad de ese monto corresponde a medicamentos. Eso deja a los más vulnerables gastando una porción sustantiva de sus pensiones en la farmacia, y a muchos, sin poder cumplir con los tratamientos que los mantienen en un razonable estado de salud. Un informe reciente de la Fiscalía Nacional Económica, justificando un nuevo estudios de la industria, mostró que la versión de marca de productos como Celecoxib o Sertralina tienen un precio entre 20 y 30 veces más que su alternativa bioequivalente.
El proyecto también enfrenta un desafío concreto: no exigir en la misma ley un plazo acotado para dictar el Reglamento respectivo. El diseño final, en especial los plazos de implementación, definirá si esta reforma cierra el mercado negro de medicamentos o se convierte en otra buena idea que tropieza en la ejecución. La recién celebrada ley de etiquetado de alimentos, o la demora en contar con el reglamento de la ley de interoperabilidad de la ficha médica son ejemplos de cómo el lobby sigue activo cuando el Parlamento ya reposa.
Por Jaime Mañalich, exministro, Clapes UC
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