El Ciudadano
Por Tania Melnick

La Patagonia vuelve a arder.
En Chubut —provincia de la Patagonia argentina— los incendios iniciados el lunes 5 de enero ya han consumido más de 12.000 hectáreas, destruido viviendas, causado la muerte de cientos de animales y forzado la evacuación de centenares de familias. No se trata de una tragedia “natural”. Es la reiteración de un patrón estructural.
Muchas de las comunidades afectadas aún no se recuperaban de los incendios de 2025. Hoy, nuevamente, enfrentan el fuego con sus propias manos. Porque aquí no estamos hablando solo de calentamiento global, sino de una sequía histórica, de la sustitución de bosque nativo por monocultivos de pino altamente inflamables, de la escasez de agua, y de décadas de colonialismo extractivista e inmobiliario: minería, forestales, grandes proyectos inmobiliarios y especulación del suelo, una verdadera piromanía empresarial, idéntica a la que conocemos en Chile.
A este cuadro se suma una responsabilidad política directa. El gobierno de Javier Milei recortó cerca del 70 % del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, desmantelando la prevención ambiental y vaciando los organismos de control.
Mientras el Parque Nacional Los Alerces —patrimonio de la humanidad— se quema sin pausa, la respuesta oficial no es protección ni prevención, sino montaje mediático: recompensas millonarias, criminalización de habitantes locales y persecución del pueblo mapuche, desviando la atención de una negligencia deliberada y funcional al negocio.
Porque la cordillera es un botín. Y los gobiernos —de derecha y progresistas— han facilitado históricamente la entrega de vastos territorios al gran capital, persiguiendo a quienes siempre han defendido la tierra: la gente de la tierra, mapu che.
Los incendios son la consecuencia directa del vaciamiento del Estado, de la mercantilización de la naturaleza y de un modelo que convierte los territorios en mercancía. El fuego avanza mientras se ajusta, se privatiza y se entrega.
Los incendios son la consecuencia directa del vaciamiento del Estado, de la mercantilización de la naturaleza y de un modelo que convierte los territorios en mercancía. El fuego avanza mientras se ajusta, se privatiza y se entrega.
En este contexto reaparece el panfleto nazi conocido como “Plan Andinia”: una teoría conspirativa judeófoba formulada y difundida por la ultraderecha argentina a comienzos de la década de 1970, luego adoptada por sectores militares y por las dictaduras del Cono Sur, y hoy reciclada para fabricar un enemigo interno y ocultar a los responsables reales del saqueo territorial. Frente a esta operación, los datos no son un detalle: son una herramienta política imprescindible.
Dicho con claridad —y sin concesiones—: sí existen inversiones israelíes en tierras, minería, tecnología y seguridad en distintos países de Abya Yala, y sí existe una estrategia sionista de penetración económica, política y militar a escala global. Pero eso no equivale, ni empírica ni históricamente, a la existencia de un plan para crear un “nuevo Israel” en la Patagonia.
Confundir deliberadamente ambos planos no solo es intelectualmente deshonesto, sino políticamente funcional al encubrimiento del colonialismo extractivista e inmobiliario realmente en curso.
En la Patagonia argentina, la mayor concentración de tierras no pertenece a judíos ni a israelíes.
El grupo italiano Benetton concentra cerca de 1 millón de hectáreas.
Joe Lewis posee alrededor de 10.000 hectáreas.
Los emires de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos superan las 120.000 hectáreas.
Según datos del Sistema Argentino de Información Jurídica, apenas el 6,09 % de las tierras privadas de la Patagonia argentina está en manos extranjeras.
Para evitar cualquier confusión interesada: Eduardo Elsztain, empresario argentino sionista con intereses inmobiliarios, financieros, tecnológicos y agroindustriales, posee alrededor de 800.000 hectáreas, pero mayoritariamente en el centro y norte del país.
En Chile, los datos son igual de claros. Desde 2010, capitales alemanes han adquirido cerca de 350.000 hectáreas en la Patagonia chilena. Según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, solo el 1,2 % de las tierras privadas patagónicas —que además no superan el 50 % del total— pertenece a israelíes. Los principales propietarios extranjeros son italianos y suizos.
Y en relación con los incendios, la información de Conaf es contundente: el 99 % de los incendios en la Patagonia son causados por la industria maderera, negligencias humanas o pirómanos locales. No por turistas, más allá de casos puntuales comprobados, hoy instrumentalizados para sostener acusaciones sin evidencia.
El llamado turismo israelí —asociado al año sabático posterior al servicio militar obligatorio— es sustantivamente menor al de Europa, Sudeste Asiático, Estados Unidos o incluso Brasil. Convertirlo en una amenaza geopolítica carece de todo sustento empírico.
El llamado turismo israelí —asociado al año sabático posterior al servicio militar obligatorio— es sustantivamente menor al de Europa, Sudeste Asiático, Estados Unidos o incluso Brasil. Convertirlo en una amenaza geopolítica carece de todo sustento empírico.
El “Plan Andinia” se desarma con datos.
La última gran operación de compra de tierras patagónicas fue realizada por el emir de Qatar, quien incluso recibió trato preferencial en el Congreso argentino bajo el gobierno de Milei.
Decir la verdad no debilita el antisionismo. Lo fortalece.
Y, sobre todo, permite desmontar una operación peligrosa: la confusión deliberada entre judaísmo y sionismo, que no combate al sionismo, sino que alimenta la judeofobia.
Esa confusión es funcional al propio sionismo, que ha usurpado la identidad judía para blindar la impunidad del Estado de Israel mediante la figura de la “víctima absoluta”. Combatir la judeofobia no es cuidar una imagen, sino impedir que la discriminación sea instrumentalizada como arma política.
El antisionismo no es un cheque en blanco para el prejuicio. Es una posición ética y política que exige precisión.
Criticar a un soldado que exhibe insignias de las fuerzas de ocupación israelíes no es judeofobia: es denunciar su complicidad con un régimen colonial y genocida. Exigir justicia no es deshumanizar.
El problema aparece cuando convertimos a todo israelí en sospechoso, reproduciendo la lógica esencialista que el nazismo aplicó contra los judíos y que el sionismo aplica contra los palestinos. Aprender a distinguir es una tarea política urgente.
Si los letreros en hebreo en el sur de Chile son “prueba” de colonización, ¿por qué no generan alarma los carteles en alemán en Frutillar o Puerto Varas?
Así opera la lógica conspirativa: un dato aislado + miedo = “evidencia”.
Se inventa al turista-colonizador para no mirar a los verdaderos actores del despojo: extractivistas, terratenientes y capitales inmobiliarios sin bandera, protegidos por Estados serviles.
Se inventa al turista-colonizador para no mirar a los verdaderos actores del despojo: extractivistas, terratenientes y capitales inmobiliarios sin bandera, protegidos por Estados serviles.
Ha sido un proceso histórico de desposesión: compra masiva de tierras, privatización del agua, persecución y militarización de comunidades, expulsión de pueblos originarios, ecocidio.
Colonialismo extractivista e inmobiliario.
No busca poblar, sino controlar; no necesita asentarse, sino despojar; no reemplaza poblaciones, pero las expulsa, precariza o invisibiliza; no establece una colonia, sino un territorio funcional al capital.
Eso es lo que quema la Patagonia.
Y esa misma operación de distracción sirve para correr el foco del genocidio en Palestina, de la ofensiva fascista global, de la doctrina Monroe reeditada en Abya Yala, de las amenazas imperiales sobre Venezuela, Cuba, Colombia y México, y de movilizaciones masivas que crecen incluso en el corazón del imperio.
En palabras de Rodrigo Karmy,“todo el planeta ha devenido Gaza”: cualquier lugar puede volverse blanco de exterminio, cualquier territorio puede ser Gaza.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿Son los turistas israelíes una amenaza existencial para la Patagonia? ¿O lo es la complicidad de los gobiernos con los capitales extractivistas e inmobiliarios?
¿No será más fácil fantasear con conspiraciones antijudías que admitir que hemos permitido la entrega de los bienes comunes naturales —incluida el agua, privatizada en Chile como en ningún otro país del mundo— a quienes dominan el capital global?
Hablar con precisión no debilita la lucha: impide que sea desviada.
Para profundizar, una lectura imprescindible: Federico Finchelstein, El mito del Plan Andinia (2018).
Por Tania Melnick
Fuente fotografía
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La entrada Reciclar el “Plan Andinia” como coartada del saqueo se publicó primero en El Ciudadano.
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