La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples fallas en la implementación del Nuevo Sistema de Identificación (NSI) del Servicio de Registro Civil e Identificación, iniciativa que entró en funcionamiento en noviembre de 2024 con el objetivo de modernizar la emisión de cédulas de identidad y pasaportes.

De acuerdo con el Informe Final N° 264/2025, durante las primeras semanas de operación la plataforma presentó problemas relevantes que afectaron directamente la entrega de documentos. Entre los errores, el organismo identificó abreviaciones incorrectas, cédulas entregadas sin activación e incluso casos en que recién nacidos aparecían con profesiones o adultos con ocupaciones que no correspondían.

El informe también evidenció retrasos masivos en la entrega de documentos. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el servicio recibió más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 168.411 se entregaron fuera de plazo, es decir, cerca del 17% del total. Las demoras oscilaron entre 9 y 89 días hábiles.

A esto se sumó la acumulación de más de 218 mil solicitudes pendientes, algunas con retrasos de hasta 133 días. Frente a estos problemas, funcionarios del servicio realizaron más de 41 mil requerimientos a la mesa de ayuda entre el 16 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, lo que terminó por colapsar la plataforma de soporte durante las primeras semanas de funcionamiento.

La Contraloría también identificó debilidades en los controles internos, señalando la ausencia de planes formales de supervisión. En paralelo, detectó fallas en el sistema de pagos electrónicos, ya que el NSI no se integró con Transbank, lo que dejó inoperativos dispositivos en cientos de oficinas y obligó a contratar equipos de contingencia, generando costos adicionales.

Además, el organismo estableció que el servicio pagó por la implementación de 1.270 estaciones de trabajo, pese a que 436 nunca se habilitaron, lo que implicó un desembolso de $2.478 millones por servicios no prestados.

En esa línea, la Contraloría concluyó que la empresa a cargo del sistema incumplió el contrato, por lo que instruyó al Registro Civil iniciar el cobro de multas que ascienden a más de $3.393 millones. En caso de no concretar estas acciones, el ente fiscalizador advirtió que iniciará gestiones para recuperar los recursos.

Finalmente, debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, la Contraloría anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.