Recortar la prevención: el retroceso que Chile no puede permitirse

El Ciudadano

Por Christian Barrera Galdámez

Chile enfrenta una discusión presupuestaria que no puede reducirse a una planilla Excel. Bajo el argumento de la responsabilidad fiscal, el Ministerio de Hacienda abrió la posibilidad de revisar, ajustar o descontinuar programas públicos vinculados a educación, salud, infancia, intervención territorial y prevención social. Según antecedentes publicados, el oficio presupuestario sugiere revisar y/o descontinuar 142 programas dependientes de 22 ministerios.

El problema no es evaluar programas. Todo gasto público debe ser revisado, medido y mejorado. El problema es tratar la prevención como una variable de ajuste fiscal. Porque cuando el Estado recorta la prevención, no necesariamente ahorra, solo traslada el costo hacia el futuro, cuando los problemas sociales ya se transformaron en violencia, enfermedad, exclusión, deserción escolar o crisis comunitaria.

La responsabilidad fiscal es necesaria, pero no puede ser una excusa para debilitar el rol social del Estado. Es cierto que Chile posee limitados recursos. De acuerdo con Revenue Statistics 2025 de la OCDE, Chile mantiene una carga tributaria significativamente inferior al promedio de los países desarrollados llegando al 20,5% del PIB, frente al 34,1% promedio de la OCDE, ubicando al país entre los de menor recaudación del grupo. Por eso, la respuesta no puede ser simplemente recortar programas preventivos, sino discutir con mayor seriedad cómo se financia, prioriza y evalúa la acción pública.

La prevención no es una consigna ideológica, es una herramienta seria de la administración pública. Prevenir significa intervenir antes de que el daño ocurra. Significa sostener trayectorias educativas, acompañar a las familias, fortalecer la salud mental, recuperar barrios, apoyar a NNA (niños, niñas y adolescentes) y evitar que el conflicto llegue tarde al sistema penal, hospitalario o judicial.

Chile ya vive esa tensión. La ENUSC 2024 mostró que el 8,5% de los hogares fue víctima de delitos violentos durante el año, el 55% de esos hogares no denunció y que el 87,7% de las personas percibe que la delincuencia aumentó en el país. Es decir, el país no solo enfrenta delitos concretos, sino también una creciente sensación de exposición cotidiana que no se resuelve únicamente con más reacción policial.

Chile necesita ordenarse, pero no a costa de desarmar su capacidad preventiva. Un presupuesto público no es solo un instrumento contable; es una definición política sobre los territorios, las familias y los problemas prioritarios.

Por eso resulta contradictorio pedir más seguridad y, al mismo tiempo, cuestionar los programas que ayudan a prevenir la violencia antes de que ocurra. Una política seria de seguridad no empieza en la cárcel. Empieza mucho antes: en la educación pública, en la salud mental, en la prevención del suicidio, en la reinserción educativa, en los municipios, en los espacios comunitarios y en los territorios donde el Estado no puede retirarse.

Por eso preocupa que entre los programas mencionados en la discusión aparezcan áreas tan sensibles como educación, salud y alimentación escolar. El Programa de Alimentación Escolar, por ejemplo, entrega prestaciones a más de dos millones de estudiantes a nivel nacional. Aunque Hacienda ha señalado que no existiría una decisión final de recorte, la señal política ya es grave, instala la idea de que derechos sociales básicos pueden entrar al debate como simples partidas ajustables.

Chile necesita ordenarse, pero no a costa de desarmar su capacidad preventiva. Un presupuesto público no es solo un instrumento contable; es una definición política sobre los territorios, las familias y los problemas prioritarios.

Recortar prevención es un retroceso. Es una decisión de vista corta, socialmente costosa y políticamente equivocada. Porque cuando el Estado ahorra en educación, salud, infancia, barrios y prevención social, la sociedad termina pagando la cuenta con más inseguridad, más desigualdad, más enfermedad y más exclusión.

La responsabilidad fiscal no debe significar que el Estado se deba retirar de los lugares donde más se necesita. Chile necesita usar bien sus recursos, pero también estar presente y prevenir a tiempo. La prevención no es el gasto que sobra; es el costo que evita que Chile pague más caro mañana.

Por Christian Barrera Galdámez

Asistente Social y Licenciado en Trabajo Social. Docente Universitario y Especialista en Convivencia y Área Psicosocial. Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio Universidad Alberto Hurtado.

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