Un fuerte ajuste presupuestario en el Ministerio de Seguridad encendió las alertas en el mundo político y policial. Según reveló una investigación de CIPER, el gobierno anunció una rebaja de más de $72 mil millones para 2026, en el marco de un recorte transversal del 3% aplicado a todos los ministerios por Hacienda.
El impacto principal recaerá en Carabineros, institución que concentrará el 71% del total del ajuste, con una disminución superior a los $51 mil millones. La Policía de Investigaciones (PDI), en tanto, enfrentará un recorte cercano a los $16 mil millones. En conjunto, ambas policías absorberán el 94% de la reducción presupuestaria de la cartera.
El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario Andrés Jouannet ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde se detalló que uno de los ítems más afectados será la compra de vehículos policiales.
En el caso de Carabineros, el recorte en este ítem alcanza los $33 mil millones, equivalente a más del 70% del presupuesto destinado originalmente a renovar la flota. A esto se suman reducciones en bienes y servicios de consumo —que impactan directamente en la operatividad diaria— y en gasto de personal.
Aunque desde el Ejecutivo se intentó transmitir que la medida no afectaría áreas críticas, el propio subsecretario Jouannet reconoció que la disminución en vehículos “afectará directamente la ejecución del plan contra el crimen organizado”, en un contexto donde la seguridad pública se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas.
En paralelo, la PDI también verá restringidos sus recursos, particularmente en gasto de personal e inversión. Esto ocurre en un escenario donde la institución arrastra un déficit histórico en su dotación, con un crecimiento limitado en el número de funcionarios en los últimos 15 años.
Pero los recortes no se limitan a las policías. La investigación de CIPER también advierte que programas clave para enfrentar la violencia y el crimen organizado sufrirán ajustes. Entre ellos, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, el Plan Calles Sin Violencia —orientado a frenar el alza de homicidios—, el programa Somos Barrio y el sistema de seguimiento de causas judiciales.
Estos recortes se producen en un momento particularmente sensible: el aumento sostenido de delitos violentos y homicidios ha tensionado la capacidad del Estado para responder eficazmente a la crisis de seguridad.
A ello se suma la reducción de recursos en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, creada en 2024 para enfrentar amenazas digitales, lo que abre un nuevo flanco en materia de protección de infraestructuras críticas.
Desde el gobierno han señalado que los ajustes buscan eficiencia fiscal y responden a una instrucción general de Hacienda, que además contempla una rebaja adicional de hasta US$1.000 millones en el gasto público. Sin embargo, la implementación concreta de estos recortes aún debe ser visada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El debate de fondo, sin embargo, ya está instalado: cómo compatibilizar la disciplina fiscal con la urgencia de enfrentar una crisis de seguridad que sigue escalando en el país.
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