El Ciudadano
La Familia y Red de Apoyo al Machi Celestino Córdova denunció que las autoridades del CET de Vilcún negaron el permiso a la autoridad mapuche para realizar la ceremonia de Wiñol Txipantü en el recinto.
A través de un comunicado donde dieron a conocer la situación, acusaron que «las razones que da Gendarmería son arbitrarias y discriminatorias, ya que da como primer argumento que el lugar propuesto, el Ngüllatuwe, no permitiría condiciones de seguridad», lo cual no es cierto pues el lugar «tiene un régimen semiabierto y ya existe el antecedente de realización de Ngüllatun por 4 días con pernoctación en el lugar. Por lo que el argumento se cae por si solo», advierte la declaración.
En segundo lugar, indicaron que desde Gendarmería «hacen referencia a un pronunciamiento judicial, el cual le niega al machi realizar la ceremonia de Wiñol Txipantü en el Ngüllatuwe, y no a los demás privados de libertad que se encuentran en el CET. Por lo anterior, se les niega el derecho a la libertad de culto consagrado en la Constitución».
«Desde el mal gobierno anterior de Boric hemos visto cómo se ha recrudecido la militarización en territorio mapuche y cómo nuestros derechos conquistados han venido desapareciendo en general, pero muy notoriamente en relación a los derechos relacionados con nuestras costumbres, formas de ejercer nuestra cultura y en particular con el derecho a la libertad de culto en las distintas cárceles», plantearon desde la Red de Apoyo al Machi Celestino.
«Este nefasto gobierno de Kast ha recrudecido lo anterior y quiere avanzar a la fuerza contra todos los derechos en distintos ámbitos que hemos conquistado como pueblos originarios, a través de la movilización, siguiendo las órdenes de Donald Trump para hacernos desaparecer», añadieron.
Por todo lo anterior, hicieron un llamado «a defender nuestros derechos consagrados en la Ley Indígena, el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y exigir las recomendaciones que la ONU en el 2025 ha realizado en relación a garantizar el acceso de los pueblos indígenas a sus lugares sagrados con énfasis en los privados de libertad».
En ese sentido, recordaron que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), órgano de Naciones Unidas compuesto por 18 expertos independientes cuya función principal es supervisar cómo los Estados aplican el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hizo varias recomendaciones a Chile en septiembre de 2025, incluyendo este aspecto.
En específico, el Comité recomendó al Estado chileno tomar medidas «para proteger y garantizar el acceso de los pueblos indígenas a sus lugares sagrados, religiosos y culturales, y asegure el derecho de las personas indígenas privadas de libertad a practicar sus costumbres y ceremonias espirituales y religiosas», principio que nuevamente aparece pasado a llevar por Gendarmería en contra de los presos mapuche.
Seguiremos informando.
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