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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que existe una investigación en marcha de "denuncias importantes" y la apertura de un expediente sancionador por prácticas de conversión LGTBI+.

"En estos últimos meses hemos recibido denuncias importantes, tanto individuales como colectivas en relación con la práctica de estas terapias. Estamos investigándolas y se ha incoado esta misma semana un expediente sancionador porque, como digo, estamos hablando de conductas muy graves que tienen sanciones administrativas. Estamos incoando el procedimiento y, desde luego, vamos a seguir hasta el final", ha informado Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Pleno del Congreso, al ser interpelada por la diputada de Compromís, Àgueda Micò, que ha reclamado medidas de protección y de apoyo a las víctimas, como una alternativa habitacional.

La titular de la cartera de Igualdad ha insistido en que "de lo que se trata es de reconocer a la gente cómo es, de mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son". "No de intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado, menos forzosa o forzadamente", ha añadido.

Además, ha rechazado el término "terapias de conversión" porque, a su juicio, "no se ajusta a la realidad". En su lugar, ha precisado que son "terapias de restricción de la identidad de las personas" y "absolutamente contrarias a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales y a la igualdad y a la no discriminación".

Asimismo, Redondo ha avisado de que "preocupa especialmente" la situación de los más jóvenes, de las personas que no están "absolutamente formadas" y que "perfectamente pueden terminar en una situación irreversible".

Por otro lado, ha defendido la iniciativa, impulsada por el PSOE, que está en estos momentos debatiéndose en el Parlamento para castigar estas prácticas, "en la dirección de seguir avanzando, de seguir incorporando derechos a las personas LGTBI+". "Una iniciativa coherente con el camino recorrido por nuestro país durante las últimas décadas", ha recalcado.

En esta línea, Redondo ha trasladado su "máximo respeto a los procedimientos legislativos" y ha destacado que, tras el debate sobre estas prácticas entre los grupos parlamentarios, se llegará "a unas conclusiones mayoritariamente respaldadas".

También ha destacado la posición "muy firme" del Gobierno en materia LGTBI+ "Hemos avanzado siempre que hemos podido. Incluso contra el Partido Popular, que muchas veces nos ha impedido seguir avanzando", ha asegurado, al mismo tiempo que ha exclamado "¡cobardía nada!".

Finalmente, ha pedido ser "conscientes de las dificultades", ya que, según ha explicado, "no se puede legislar en el Código Penal aquellas medidas que les van a corresponder a otras Administraciones o que tienen que estar reconocidas en otras disposiciones y otras normas". "Por supuesto, vamos a hacer seguimiento, vamos a estar controlando", ha afirmado.

COMPROMÍS PIDE "IR HASTA EL FINAL"

Por su parte, Micó, en su intervención, ha acusado al PSOE de no tener "el valor político" para "ir hasta el final" con la ley para castigar las terapias de conversión. En este sentido, ha recordado que esta formación, Sumar, EH Bildu, BNG, ERC y Podemos han presentado una ley propia y enmiendas a la proposición de ley que se está tramitando.

"El Partido Socialista tiende a abordar los problemas profundos con soluciones superficiales. Una herida abierta no se soluciona con una tirita y la violencia estructural no se combate con una declaración institucional o con un texto normativo que solo tipifica el delicto. Tenemos que ir más allá", ha subrayado Micó.

En este punto, ha señalado que las soluciones de la propuesta socialista "se quedan a años luz de la respuesta necesaria para solventar este problema". Así, ha expuesto que la formación quiere que esta ley sea "útil", que tipifique en el Código Penal el delito de "tortura" por terapias de conversión, pero también que la ley establezca que ayudas económicas y una alternativa habitacional.

"En todo caso, señorías, el problema de fondo es que el Partido Socialista, para nosotras, continúa abordando esta cuestión con una lógica demasiado limitada, como si el objetivo fuera simplemente aprobar una ley. Y tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que exigir recursos, mecanismos, garantía y valentía política de este Gobierno", ha recalcado.

Según fuentes del Ministerio de Igualdad, desde la entrada en vigor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se han recibido en la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las Personas LGTBI+ un total de 23 denuncias.

Un total de 20 han sido archivadas por no incardinarse en ninguna de las infracciones recogidas en la norma o por incompetencia territorial o material. Cuatro de ellas han sido trasladadas a la Comunidad de Madrid, una a la Comunidad Autónoma de Andalucía y una a la Fiscalía Provincial de Madrid. Por otro lado, tres denuncias se encuentran en fase de actuaciones previas.