SEÑOR DIRECTOR:
La crisis del empleo público en Chile es evidente. Las plantas y la carrera administrativa han caído en la inaplicación, representando apenas algo más del 20% del empleo del Gobierno Central. El resto corresponde a la contrata (casi 55%), honorarios (algunos años en un porcentaje muy significativo) y personal bajo el Código del Trabajo. Esto es grave, porque contrata y honorarios son sistemas de empleo “desvirtuados” que no garantizan (tampoco el C. del Trabajo) un ingreso, desarrollo y término de la relación de trabajo basada en el mérito y el desempeño, como debería ocurrir en una Administración Pública profesional diferenciada del gobierno.
Mientras que el personal administrativo está sujeto a reglas en la línea recién señalada, los cargos de gobierno responden a la confianza de quienes fueron elegidos democráticamente. Esta distinción virtuosa, desvirtuada entre nosotros, debe construirse para resguardar la integridad, continuidad y competencia en la implementación de políticas públicas, así como vínculos de empleo digno.
A lo anterior se añaden más problemas, como los sistemas de calificaciones, los procedimientos disciplinarios, los derechos colectivos o la inestabilidad de la Alta Dirección Pública.
Avanzar en estas materias exige abordarlas como un tema de Estado, lo que supone escuchar a todos los actores involucrados, incluyendo al funcionariado. Formar una comisión transversal, como anunció el gobierno, parece un camino apropiado para identificar fórmulas, consensos y disensos que ayuden a proyectar reglas futuras coherentes y justas para favorecer una buena gestión pública, considerando tanto a quienes trabajan en la Administración Pública como a quienes son atendidos por ella. Ojalá así ocurra.
Enrique Rajevic Mosler
Prof. de Derecho Administrativo
Universidad Alberto Hurtado
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