Tokio, 11 may (EFE).- La prefectura japonesa de Ibaraki empezó a implementar este lunes un programa para recompensar económicamente a quienes denuncien las contrataciones irregulares de trabajadores extranjeros, entre críticas de la sociedad civil por considerar la medida como discriminatoria.
Las autoridades de la prefectura, motor agrícola clave en el archipiélago, pagarán recompensas de 10.000 yenes (unos 54 euros), para reforzar las medidas contra la presencia de trabajadores extranjeros irregulares, al afirmar que desde hace cuatro años cuenta con la mayor tasa del país de este tipo de empleados.
Bajo este sistema, ofrecen la recompensa "por información especialmente útil", pero únicamente a aquellos casos que "conduzcan" al arresto de empresarios o empleadores. "No se aplica si las empresas son procesadas por cargos distintos a complicidad en empleo ilegal, o si son procesadas pero no se producen arrestos", agregó.
Desde que la prefectura anunció la medida a principios de año, el Colegio de Abogados de Ibaraki y más de una decena de organizaciones no gubernamentales alzaron su voz en contra, sosteniendo que este sistema no ofrece soluciones al problema y que fomentará la discriminación y los prejuicios contra las personas de origen extranjero.
También expertos alertaron de que estas recompensas pueden ser un "caldo de cultivo para actitudes excluyentes" debido a "los altos niveles de xenofobia" en el país, explicó a EFE Kaoru Sonoda, profesor en la Universidad de Keio especializado en sociología industrial.
La medida es "inhumana y discriminatoria, y permanecerá bajo un escrutinio público e internacional constante", dijo en una entrevista, en la que apuntó que los esfuerzos políticos deberían centrarse en eliminar los incentivos para que las empresas contraten a trabajadores extranjeros indocumentados.
Pese a las críticas, el Gobierno de Ibaraki señaló que las medidas vigentes para combatir el empleo irregular no están surtiendo el efecto esperado. "Es esencial demostrar una postura firme contra las actividades ilegales", dijo en un comunicado.
La prefectura ha aclarado además, a través de un aviso en su página web, que no aceptará informaciones sobre trabajadores. El objetivo de las denuncias son las empresas que empleen a trabajadores indocumentados, los intermediarios que faciliten dicha contratación y otras empresas sospechosas de complicidad, precisó.
"Rechazamos categóricamente las denuncias basadas únicamente en las características personales de los trabajadores, como su apariencia o nacionalidad. (...) No aceptaremos denuncias malintencionadas, como las que tengan como objetivo la discriminación o la difamación, ni denuncias falsas", apuntó.
Asimismo, justificó que el Gobierno central ya cuenta con un sistema de recompensas por proporcionar información sobre residencia y empleo irregulares. Sin embargo, la aplicación de la ley, que se limita a aquellos casos en los que la denuncia dé lugar a la emisión de una orden de deportación, ha sido históricamente poco frecuente. EFE
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