El Ejecutivo busca crear un Registro Único de Vándalos e Incivilidades que restringiría el acceso a beneficios sociales como la gratuidad, la PGU o el subsidio de arriendo. Parlamentarios de oposición advierten vicios de inconstitucionalidad, vulneración del principio non bis in idem y un uso político del castigo contra la manifestación social.
Equipo ES. 21/06/2026. El Gobierno de José Antonio Kast presentó un proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, una base de datos administrada por el Registro Civil que cruzará antecedentes penales y administrativos para restringir el acceso de las personas inscritas a beneficios sociales del Estado: la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Subsidio de Arriendo, entre otros.
Según el comunicado oficial de la Presidencia, el registro incorporará a quienes cometan delitos como atentados contra Carabineros y personal de salud, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes y daño a monumentos nacionales.
Junto con ello, la iniciativa crea una nueva categoría, «incivilidades», que incluye conductas como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización en propiedad pública o privada y la destrucción de equipamiento comunitario.
La consecuencia común para ambas categorías es la misma: la pérdida de acceso a derechos y beneficios sociales que hoy entrega el Estado.
Según consigna el mensaje del proyecto, este será administrado por el Registro Civil, será público y podrá ser consultado por cualquier persona que se identifique, con un máximo de cinco solicitudes anuales por vía de Transparencia. Las sanciones, incluida la gratuidad y la PGU, se aplicarán por cinco años en los delitos más graves y por un año en el caso de las incivilidades, aumentando con cada reincidencia.
Entre las conductas listadas para el primer tramo de inscripciones, organizaciones sociales han advertido que quedarían incluidas las rifas que muchas juntas de vecinos usan para autofinanciarse, lo que generó el reclamo del jefe de bancada del Partido Socialista (PS), el diputado Raúl Leiva.
«Una lista negra»: las críticas desde la oposición
La medida ha generado un rechazo transversal entre parlamentarios de oposición, que apuntan a tres problemas centrales: la desproporción de las sanciones, la doble penalización y el uso del proyecto como herramienta de represión a la protesta social.
El diputado del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, fue categórico al calificar la iniciativa como «claramente un proyecto dañino». Según el parlamentario, el proyecto «afecta la proporcionalidad desde el punto de vista de la sanción, daña la igualdad ante la ley en el entendido de que una persona que accede a un beneficio social o un derecho social es doblemente sancionada y claramente daña las políticas de reinserción social y reinclusión social cuando se ha cometido una falta o un delito.»
Barraza advirtió además sobre la equiparación de conductas de distinta gravedad: «le da la connotación de delito a un rayado en circunstancias que es una falta o, en su defecto, penaliza con la supresión del subsidio a la vivienda a una persona que comete una falta en circunstancias que se está dañando a la persona y a su núcleo familiar.»
En la misma línea, la diputada de Acción Humanista y subjefa de comité Ana María Gazmuri sintetizó el proyecto como «un malabar más de este gobierno tratando de reprimir, de asegurarse que no exista posibilidad alguna de manifestación social, de la legítima protesta, de reprimir a una ciudadanía».
Gazmuri profundizó en el carácter de clase de la medida, preguntando a quién afectaría realmente la pérdida de beneficios sociales: «¿Qué derecho social le va a quitar usted a un niño de Lo Barnechea, a un joven de Lo Barnechea, incluso cometiendo algunos de los actos señalados en este listado?, si esa persona no utiliza sus derechos sociales porque puede pagar su educación superior, porque tiene salud privada.» Para la parlamentaria, el proyecto expresa «la política de la crueldad» del Ejecutivo hacia «los más desposeídos».
La diputada planteó también una objeción jurídica de fondo, vinculada al principio non bis in idem: «una persona que ha sido ya sea penalizada o sancionada por algún delito o conducta, no puede ser penalizado por segunda vez por ese mismo acto y esto es un principio fundamental.» A su juicio, aunque el registro se presente como una medida administrativa, «crea una pena accesoria» sin las garantías procesales que ese tipo de sanciones exige.
Gazmuri propuso, como contraste, otro tipo de registro: «sería importante para el país, para Chile, que pudiéramos generar un registro de los verdaderos vándalos, los que se corrompen, los que se coluden, los que evaden (…) el vandalismo de cuello y corbata finalmente.»
Efectos en el empleo
El diputado PC por la Región de Coquimbo Bernardo Salinas Maya calificó el registro como «una lista negra» y «una persecución clara a la manifestación y a la protesta, que es un derecho consagrado constitucionalmente y doblemente castigado».
Salinas cuestionó la condicionalidad de derechos sociales que, dijo, no deberían depender de un registro de este tipo: «queda fuera de cualquier beneficio social, que son ni siquiera beneficios, son derechos sociales garantizados.»
El parlamentario alertó además sobre el carácter público y consultable del registro, administrado por el Registro Civil, y sus eventuales efectos en el acceso al trabajo: «va a haber un registro nacional (…) que todos lo van a poder consultar, por tanto, significa que nadie le va a dar trabajo, creo que son desproporcionadas.»
Para Salinas, el proyecto refleja «una agenda punitiva del gobierno» y vinculó su tramitación con el desgaste político del Ejecutivo: «esto va a ser una vez más un elemento que va a golpear el propio gobierno.»
Reserva de constitucionalidad
En tanto, el diputado del PC, Luis Cuello, anunció una reserva de constitucionalidad por una eventual vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley.
Cuello identificó dos vicios: la equiparación de conductas de gravedad muy distinta y la discriminación según condición socioeconómica. «Este proyecto vulnera la garantía de la igualdad ante la ley (…) en dos sentidos. Primero, porque da un igual trato a conductas muy distintas, como el homicidio de un fiscal o rayar una pared; y, en segundo lugar, porque establece sanciones que son discriminatorias, toda vez que atienden a la condición socioeconómica de las personas, quitando beneficios o subsidios otorgados por el Estado», afirmó.
Grietas en el propio oficialismo
Las dudas sobre el proyecto no se limitan a la oposición. Incluso voces del oficialismo y sectores afines al Gobierno han debido reconocer los problemas de proporcionalidad que la centroizquierda denuncia desde un inicio, lo que confirma que las objeciones no son una exageración retórica, sino un defecto estructural de la iniciativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), llamó a revisar el proyecto «con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad», advirtiendo en radio Duna que la falta de gradualidad puede terminar igualando faltas menores con delitos graves: «No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego». El propio Alessandri planteó una inquietud que coincide con lo señalado por la oposición sobre los efectos de la pérdida de beneficios en la reinserción: «Si privas a un joven vándalo de la educación superior, no vaya a ser que lo estés dejando en un loop de violencia del que nunca logres sacar, y sea, al final, un círculo muy negativo para ese joven».
En el Senado, Cristián Vial, independiente cercano al Partido Republicano y respaldo declarado del proyecto, también puso un límite a la fórmula del Ejecutivo: consideró que «una incivilidad no puede desembocar en una sanción perpetua», por lo que el texto «deberá perfeccionarse en el Congreso para establecer límites claros».
Que estas reservas surjan desde dentro del propio bloque oficialista, y no solo desde la oposición, es revelador: incluso sus defensores admiten que el proyecto, tal como fue presentado, carece de la gradualidad necesaria entre faltas leves y delitos graves. Esa coincidencia, aunque parcial y con matices, termina por darle la razón al diagnóstico de fondo que han planteado parlamentarios como Barraza, Cuello y Salinas desde el inicio del debate.
El proyecto de ley ingresa ahora a su tramitación legislativa, donde deberá sortear estas objeciones, tanto políticas como de eventual inconstitucionalidad, en un Congreso donde la oposición ya adelantó un rechazo frontal a la iniciativa.
¿Qué considera el registro?
Según el texto del proyecto de ley ingresado a la Cámara, el Registro distingue dos categorías de conductas, con sanciones diferenciadas.
Actos vandálicos (delitos, sanción de 5 años sin beneficios, 2 años si el condenado es menor de edad):
- Atentado contra la autoridad
- Amenazas a autoridades en ejercicio de sus funciones o perturbación grave de sesiones legislativas o audiencias judiciales
- Impedimento o perturbación del ejercicio de funciones de autoridad por violencia o fraude
- Falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública
- Homicidio de un fiscal del Ministerio Público o de un defensor público
- Lesiones o maltrato de obra contra un fiscal del Ministerio Público o un defensor público
- Atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud
- Retención del transporte público
- Tráfico de estupefacientes
- Daño a monumentos nacionales
Incivilidades (sanción de 1 año, ampliable según reincidencia):
- Venta ilegal de alcohol
- Consumo de drogas en la vía pública
- Rayados sin autorización a la propiedad pública y privada
- Destrucción de equipamiento comunitario
- Elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin permiso municipal
- Uso de transporte público sin pagar la tarifa correspondiente
- Organización de loterías o rifas no autorizadas
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