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La Superintendencia de Insolvencia se querelló contra el liquidador Tomás Andrews por presunta corrupción en la quiebra de Minera Tres Valles, acusándolo de favorecer ilegalmente a un acreedor a cambio de $544 millones. El liquidador fue removido de su cargo en junio de 2025. Su defensa niega los hechos, asegurando que la acción legal presenta "inexactitudes e interpretaciones erróneas".