Durante las últimas semanas, el actual ministro de Educación aseveró que el verdadero “Gobierno de emergencia” fue el del Presidente Boric. Si bien estos dichos son cuestionables, contienen una arista que obedece a la verdad: la alta deserción escolar -agravada por la pandemia- es una verdadera emergencia en educación. Si bien señalaron que abordarla era una prioridad, aquello sólo fue una declaración de buenas intenciones. A pesar de que el Gobierno anterior entregó en bandeja una valiosa solución, el actual Ejecutivo se negó a impulsar la tramitación del proyecto de ley que otorga una subvención a la nueva modalidad de reingreso. En cambio, priorizó el desarrollo de un Plan de Reactivación Educativa que demostró ser insuficiente, rezagado en su aplicación y acotado en sus aportes. Como resultado, entre 2023 y 2024, la cifra de revinculados fue más baja que el promedio de los últimos 7 años, y un total de 47.509 jóvenes abandonaron sus estudios (Acción Educar, 2025). Estas no son sólo estadísticas, son personas con trayectorias educativas truncadas.
Para entender la importancia de este proyecto, es necesario conocer el contexto. Actualmente, el mecanismo principal para completar la educación formal es la modalidad de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Si bien esta modalidad permite la recuperación de trayectorias educativas, tiene tres problemas fundamentales. En primer lugar, su formato no responde de manera adecuada a las necesidades específicas de los niños, niñas y jóvenes (NNJ) de entre 12 y 21 años de edad. En segundo lugar, limita el universo de establecimientos que pueden proveerla. Y finalmente, la subvención por alumno asignada a la EPJA, además de ser insuficiente, no percibe Subvención Escolar Preferencial.
Para abordar la deserción escolar, el Gobierno anterior diseñó la modalidad educativa de reingreso, aprobada por el Consejo Nacional de Educación en febrero de 2021. Esta se erigió como una opción organizativa y curricular destinada a atender a NNJ de entre 12 y 21 años que se encuentren fuera de los niveles educativos obligatorios del sistema escolar regular por más de 2 años y que, en atención a sus requerimientos de aprendizaje, contextuales y personales, no hayan podido continuar con su proceso educativo. En junio de ese mismo año, el entonces Ejecutivo presentó un proyecto de ley que asignaba una subvención para poder ejecutarla. Dicha iniciativa contempla 4 aportes distintos: la subvención de reingreso; la subvención especial por vulnerabilidad; un incremento de asignación por zona; y otro por ruralidad.
Los beneficios que ofrece esta modalidad son múltiples. Según el informe de la Comisión de Educación de la Cámara, la subvención de reingreso aumenta en un 79% los recursos asignados para los NNJ de un rango etario similar a los que hoy asisten a la EPJA. Además, permite corregir asimetrías, ya que, al ser una modalidad complementaria, otorga un financiamiento equivalente al de estudiantes que se encuentran en la educación regular. Finalmente, como se trata de NNJ que requieren de herramientas pedagógicas y adecuaciones curriculares específicas para cubrir sus necesidades educativas, los recursos adicionales que contempla esta iniciativa permiten abordar la deserción de manera focalizada, mejorando la capacidad de respuesta y aumentando las probabilidades de éxito en la conclusión de la educación obligatoria.
No obstante lo anterior, durante la tramitación del proyecto, el actual Ejecutivo señaló que el mecanismo para abordar esta problemática era otro: potenciar el Plan de Reactivación Educativa y reforzar los programas para la revinculación. Si bien esta política pública iba en la dirección correcta, estuvo lejos de obtener los resultados esperados. El escaso presupuesto asignado sólo permitió la contratación de 873 revinculadores en 2024 (un 34,5% menos que en 2023), y en 2025 esta cifra disminuyó a 850. De manera agregada, no se cumplió ninguna de las metas globales del Plan, lo que es coherente con su efectividad limitada, recursos insuficientes, implementación tardía, y baja cobertura (Acción Educar, 2026).
Es evidente que la pandemia profundizó una problemática previa y que cualquier política enfrentaría enormes desafíos. Sin embargo, la evidencia sugiere que la aproximación tardía, los recursos insuficientes y la postergación de la subvención de reingreso limitaron seriamente la capacidad del Ejecutivo para revertir la deserción escolar. Las prioridades legislativas revelan dónde están los énfasis de un Gobierno y, en este caso, la revinculación escolar no ocupó el lugar que la magnitud del problema exigía. No obstante, incluso de los errores ajenos se aprende: ante una serie de fracasos en materia de educación, el Gobierno entrante debería ser capaz de entender que la política educativa no puede seguir dependiendo de dicotomías ideológicas o prioridades coyunturales. Por ello, sería sensato que otorgara a este proyecto de ley la urgencia que merece. Postergarlo tiene un costo que el país no puede seguir asumiendo.
Por Danae Sukni, investigadora legal Acción Educar.
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