Remoción de Cooper desata pugna política: Gobierno llama a respetar instituciones y oposición exige reintegro

Remoción de Cooper desata pugna política: Gobierno llama a respetar instituciones y oposición exige reintegro

La decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de la investigación sobre la Fundación ProCultura, ha generado una fuerte controversia política y ha dividido las reacciones del oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno destaca la “virtud institucional” del país y llama a respetar la autonomía del Ministerio Público, la oposición califica la medida como una «pésima señal» y exige el reintegro inmediato del persecutor.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta mañana el tema en entrevista con Meganoticias, calificando de “juicio apresurado” las acusaciones del Frente Amplio, que denunciaron presunto espionaje político tras revelarse que una interceptación telefónica ordenada por Cooper involucraba conversaciones de Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín —fundador de ProCultura—, con el propio Presidente Gabriel Boric.

“La decisión del Fiscal Nacional es una evaluación estratégica de litigación, sobre la cual el Gobierno no tiene atribuciones para pronunciarse. El Ministerio Público es autónomo”, enfatizó Cordero. También descartó la existencia de espionaje, señalando que no comparte esa calificación ni “conceptual ni jurídicamente”.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta había acogido previamente un recurso de amparo presentado por los abogados de Huneeus, declarando ilegales las intervenciones telefónicas ordenadas por Cooper, lo que implicó la eliminación de todo el material obtenido por esa vía.

Tras ese revés judicial, la Fiscalía Nacional resolvió trasladar la investigación a la Fiscalía Regional de Antofagasta, a cargo de Juan Castro Bekios.

Dura respuesta opositora

El cambio de fiscal fue duramente cuestionado por parlamentarios de oposición, quienes lo atribuyen a presiones del oficialismo. La bancada de la UDI solicitó formalmente el reintegro de Cooper, señalando que se trató de una medida “precipitada” que podría comprometer la autonomía del Ministerio Público.

“El Frente Amplio está de fiesta porque logró su objetivo. Esto pone una lápida al caso ProCultura”, afirmó el diputado Henry Leal (UDI). En la misma línea, su par Marlene Pérez acusó que esta decisión “cubrirá con un manto de oscuridad la corrupción que afecta al partido político del Presidente de la República”.

Desde Renovación Nacional, los diputados Camila Flores y Andrés Longton también criticaron la remoción. Este último calificó la medida como “desproporcionada” y advirtió que sienta un “grave precedente que socava una investigación que llegaba al corazón de La Moneda”.

El Partido Republicano, por su parte, calificó la resolución como “lamentable” y acusó al oficialismo de estar más preocupado por obstaculizar la investigación que por esclarecer los hechos.

Nuevas acciones y cuestionamientos

Diputados de RN anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República y al Servicio de Impuestos Internos para solicitar investigaciones por el eventual uso ilegal de fondos públicos y posibles irregularidades tributarias vinculadas a la Fundación ProCultura.

Por ahora, la causa seguirá su curso bajo la conducción del fiscal regional de Antofagasta, mientras persiste la tensión entre los poderes del Estado y se profundiza el debate sobre la autonomía y el rol del Ministerio Público en causas sensibles políticamente.

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