SEÑOR DIRECTOR:
La muerte del cabo primero Marco Cosme, a manos de un delincuente que permanecía prófugo desde 2021, constituye una dolorosa muestra de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país hoy en día. Más allá del legítimo pesar por la pérdida de un servidor público, este hecho obliga a preguntarnos si el Estado está entregando a nuestras fuerzas de orden y seguridad las herramientas jurídicas y el respaldo institucional que requieren para cumplir eficazmente su labor.
En un Estado de Derecho, el uso legítimo de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado y debe ejercerse dentro del marco de la ley. Sin embargo, ese principio exige que quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía cuenten con normas claras y con un respaldo efectivo cuando actúan conforme a su deber.
La seguridad de los chilenos no puede seguir cediendo terreno frente a la delincuencia. Fortalecer a Carabineros, junto con perseguir y sancionar con eficacia a quienes delinquen, es una condición indispensable para recuperar la tranquilidad que las familias merecen.
En ese contexto, el debate sobre una eventual “Ley Nain-Retamal 2.0” debiera transformarse en una prioridad nacional, con el propósito de fortalecer la protección jurídica de quienes, día y noche, arriesgan su vida por resguardar la seguridad de todos los chilenos.
Rodrigo Plá von Chrismar
Cientista político
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