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A juicio del senador presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya (PPD), si se llegase a restringir beneficios penitenciarios y derechos sociales, también se castigaría a condenados por casos de DD.HH. La razón es que las jefaturas de los disueltos organismos represivos han sido condenadas por Poder Judicial por el delito de asociación ilícita.