El Ciudadano
En un fallo que marca un precedente significativo para los miles de ciudadanos que mantienen deudas vinculadas con el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Corte de Apelaciones de Talca decidió suspender el embargo que pesaba sobre un deudor, tras acoger a trámite el recurso de protección que presentó en contra de la Tesorería General de la República (TGR).
En su dictamen, el tribunal de alzada también le concedió una orden de no innovar, una medida que frena el cobro judicial mientras la justicia analiza el fondo del caso.
El recurso de protección fue interpuesto por un deudor residente en la comuna de Curicó, quien calificó la dictación del embargo como una “medida ilegal y arbitraria” que, a su juicio, desconocía por completo su realidad financiera.
En el recurso presentado detalló que percibe un ingreso líquido mensual de 1.600.000 pesos, de los cuales ya destina más de la mitad a obligaciones ineludibles como pensión de alimentos y el dividendo de la vivienda familiar, además de mantener a dos hijos como cargas familiares. Con ese panorama, el deudor argumentó que el embargo no solo resulta desproporcionado, sino que también amenaza directamente su estabilidad económica y la de todo su núcleo familiar, consignó CNN Chile.
La acción judicial también invocó la posible vulneración de garantías constitucionales esenciales, entre ellas la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, y el derecho de propiedad.
Paralelamente, el tribunal de alzada ordenó a la Tesorería General de la República que, en el plazo de ocho días hábiles, elabore y remita un informe completo con todos los antecedentes disponibles sobre el proceso de cobro, el cual será clave al momento de resolver el fondo, pueda determinar si existió o no una vulneración a las garantías del deudor.
La resolución definitiva que emanará de la Corte de Talca podría convertirse en un referente jurisprudencial para los casos similares que se tramitan en el país, mientras que el gobierno de José Antonio Kast a través de la TGR impulsa un plan de cobro compulsivo y masivo de estas deudas, justificándose bajo criterios de recuperación de “activos fiscales”.
De hecho, el pasado 6 de abril comenzó el proceso de cobro judicial y administrativo a más de 550 mil personas que se encuentran morosas.
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