El Ciudadano
En un escenario complejo para el senador Miguel Ángel Calisto (IND), el Tribunal Constitucional (TC) declarara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que había ingresado, por lo que se reactivó la causa por fraude al Fisco en su contra.
Con esta acción legal, el parlamentario buscaba que el TC declarar inaplicable una parte del Código Procesal Penal que establece que solo pueden ordenarse diligencias de reapertura cuando estas fueron solicitadas oportunamente durante el plazo de investigación. Según sus abogados, dicha disposición, vulnera el derecho a la defensa.
Para declara inadmisible el requerimiento, el órgano jurisdiccional argumentó que el precepto impugnado no tendría un carácter decisivo para la resolución de la gestión pendiente, tal como exige el artículo 84 N° 5 de la Ley N° 17.997 y sostuvo que la aplicación de la expresión «que oportunamente hubieren formulado durante la investigación» era meramente hipotética, ya que la oposición del Ministerio Público a las diligencias se fundó en su pertinencia y no en su extemporaneidad, quedando el debate reducido a una ponderación de mérito que el juez de garantía resolverá sin necesariamente aplicar la norma cuestionada.
En segundo lugar, el TC consideró que el requerimiento carecía de fundamento plausible, configurando así la causal del artículo 84 N° 6. y eñaló que el núcleo del conflicto no era una cuestión de constitucionalidad concreta, sino una controversia de mera legalidad sobre la interpretación y aplicación del artículo 257 del Código Procesal Penal, específicamente para determinar si las diligencias solicitadas por la defensa, tras una reapertura de la investigación, cumplen con el requisito temporal de haber sido pedidas «oportunamente». El Tribunal concluyó que dirimir esta disputa interpretativa y
de «desentrañamiento del sentido y alcance de la ley procesal», es un tarea que «corresponde privativamente al juez de garantía que conoce de la gestión».
«No es posible fundar plausiblemente una cuestión de inaplicabilidad», determinó el órgano.
Juzgado de Garantía de Coyhaique reactiva la causa contra Calisto
Tal como se había anunciado el pasado 23 de julio, la causa contra Calisto por fraude al Fisco se mantuvo temporalmente congelada mientras se resolvía la admisibilidad del requerimiento. Sin embargo, tras el dictamen del TC, el Juzgado de Garantía de Coyhaique informó que levantó la suspensión del procedimiento.
Antes de que se aplicara la pausa “hasta el pronunciamiento en sede de admisibilidad”, el Juzgado había ordenado reabrir por 60 días la investigación que enfrenta Calisto.
Tal como consta en la resolución del TC, el pasado 25 de junio el Ministerio Público había comunicado por escrito el cierre de la investigación y presentó la acusación, contra el senador por su presunta participación en un esquema de corrupción en un fraude al Fisco que superaría los $100 millones.
Sin embargo, las pesquisas experimentaron un giro luego de que dos de los coimputados modificaran sus declaraciones, lo que gatilló que el Juzgado de Garantía fijara una audiencia, inicialmente programa para 27 de julio estaba con la finalidad de discutir la reapertura de la investigación, la cual fue pospuesta hasta el dictamen del órgano judicial.
Fraude al Fisco por más de $100 millones
Cabe recordar que la causa se inició en 2021 a raíz de una denuncia por un posible fraude en el uso de fondos destinados a asignaciones parlamentarias. Según la Fiscalía de Aysén existen indicios que vinculan a Calisto, mientras ejercía como diputado, con un entramado en el que recursos fiscales habrían sido desviados en su beneficio mediante la contratación de asesorías. Por su parte, la defensa del actual senador niega los cargos y sostiene que los servicios cuestionados sí se prestaron efectivamente.
A finales de junio, el Ministerio Público formalizó una acusación en contra de Calisto y otras siete personas, pidiendo para el senador una condena de 12 años de cárcel por un presunto fraude superior a $100 millones relacionado con las asesorías mencionadas.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios contra Calisto, con la cual busca recuperar más de $131 millones que habrían sido obtenidos de manera fraudulenta desde el Congreso Nacional y el Gobierno Regional (Gore) de Aysén.
La partida más relevante que el CDE busca recuperar asciende a $105.554.697, correspondientes a dineros que el órgano legislativo habría desembolsado por concepto de las asesorías parlamentarias. De acuerdo con los antecedentes recopilados en la demanda, entre 2018 y 2022 Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf —ambos imputados—para acceder a recursos fiscales mediante un mecanismo defraudatorio que consistía en la contratación de Graf como asesora parlamentaria del entonces diputado, pese a que, según sostiene el organismo, esta no habría cumplido efectivamente con las funciones pactadas
La acción detalla que los contratos de asesoría no eran más que una fachada y que Calisto realizó las gestiones necesarias ante la Cámara Baja para concretar la contratación de Graf, a pesar de que supuestamente tenía conocimiento de que ella no cumpliría con las asesorías comprometidas. Durante ese período, Roland Cárcamo habría estado prestando labores de asesoría política para Calisto, mientras Graf figuraba formalmente como asesora parlamentaria y recibía los pagos provenientes del Fisco
Sin embargo, el proceso sufrió un cambio relevante cuando Cárcamo y Graff, rectificaron sus testimonios y justamente esta situación fue la que impulsó la reapertura del caso por un plazo de 60 días.
Como consecuencia, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió suspender la audiencia donde se analizaría la nueva petición de desafuero presentada por la Fiscalía, ya que el código de procedimiento establece que dicha gestión solo puede tramitarse con la investigación cerrada.
En septiembre de 2025, la Corte Suprema había confirmado su desafuero cuando ejercía como diputado, pero luego de que noviembre del año pasado lograra ser electo como senador, Calisto recuperó nuevamente su fuero tal y como lo dicta la Constitución.
Tra el revés que sufrió en el TC, y la reactivación de la causa por parte del Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Ministerio Público deberá sostener en tribunales la existencia de un esquema de fraude al Fisco basado en rendiciones presuntamente irregulares.
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