El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que, si se suma el potencial impacto de los contratos de alquiler que terminarían también en 2027, el número de personas afectadas por renovaciones de arrendamientos podría rozar los 2,7 millones en el país, según datos basados en la última Encuesta de Condiciones de Vida. De acuerdo con información proporcionada por EFECOM, este fenómeno alcanzaría un impacto considerable en términos financieros para los hogares arrendatarios, con incrementos anuales relevantes e incrementos récord en regiones específicas.
Según informó EFECOM, durante 2026 se prevé el vencimiento de 632.369 contratos de alquiler en España, afectando directamente a más de 1,6 millones de personas. Se calcula que la renovación de estos contratos supondría un incremento de alrededor de 1.735 euros anuales en la renta para los hogares con una renta mediana. El ministerio encabezado por Pablo Bustinduy subrayó que el caso de Baleares resulta especialmente llamativo, donde la actualización de contratos podría representar aumentos de hasta 4.615 euros anuales, la cifra más elevada en el territorio nacional.
Otras comunidades autónomas presentan también aumentos superiores al promedio nacional. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la subida media con la renovación alcanzaría 2.686 euros anuales, mientras que en Canarias rondaría los 2.267 euros y en Madrid se estiman unos 2.042 euros adicionales al año. En regiones como Cantabria y Andalucía, los incrementos están cerca de los 2.000 euros, según consignó el medio EFECOM. Otras comunidades como La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia también superarían la barrera de los mil euros de aumento anual por la renovación de contratos de alquiler.
El análisis excluye a Cataluña, el País Vasco y Navarra por motivos metodológicos. Concretamente, Cataluña no figura en los cálculos debido a que el 80 % de su población reside en zonas consideradas tensionadas, lo que modifica la dinámica habitual del mercado de alquiler. País Vasco y Navarra, por su parte, no se contemplan en el Panel de Hogares porque cuentan con régimen foral propio y su situación no aparece reflejada en dicho estudio, según detalló EFECOM.
En términos de número de afectados, las comunidades más pobladas concentran la mayor cantidad de revisiones contractuales proyectadas para 2026. Madrid lidera el listado, con 145.881 contratos próximos a vencer que implican a unas 404.090 personas. Le sigue Cataluña, con 112.728 viviendas en alquiler y 300.984 afectados; Andalucía, con 85.491 contratos y 213.728 personas; y la Comunidad Valenciana con 62.523 alquileres y 155.057 posibles afectados. Estos datos provienen del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estudios Fiscales.
Idealista aportó otro elemento clave al contexto actual al informar que entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler subió un 34,3 % de media en España. En este periodo, arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó de 860 euros mensuales a unos 1.160 euros al mes, lo que representa un encarecimiento de unos 300 euros. El medio EFECOM recogió que estas subidas afectan significativamente a la economía doméstica y que, según los últimos datos disponibles, el 36,42 % de los hogares inquilinos destinan más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler.
Las cifras de vulnerabilidad financiera entre la población que vive de alquiler también resultan significativas. Más de 2,5 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera en el mercado de alquiler, de acuerdo con los datos recabados y publicados por EFECOM. Esta situación ha impulsado a diferentes actores sociales y políticos a pedir medidas de protección ante la subida de precios.
En este ambiente de presión para las familias, el grupo político Sumar mantiene su propuesta de renovación automática para los contratos de alquiler que vayan venciendo en los próximos meses. Ha insistido en que la única actualización permitida sea la correspondiente al IPC, con el objetivo de evitar aumentos superiores y proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios observada en los últimos años. Según destaca EFECOM, la formación espera una respuesta por parte de sus socios del PSOE ante esta demanda.
Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy, según declaraciones recogidas por EFECOM, adelantó el 4 de diciembre la necesidad de dar prioridad y urgencia a la prórroga de contratos de alquiler que expirarían en 2026. Bustinduy insistió en que el Ejecutivo debe actuar con rapidez para prevenir que las subidas afecten de manera severa a los arrendatarios, dada la evolución reciente de los precios y el panorama previsto para los próximos años.
La diversidad regional en cuanto a incrementos y volumen de afectados dibuja una situación compleja. El impacto de las subidas se percibe especialmente en territorios insulares y en grandes áreas metropolitanas, donde la presión sobre el alquiler se ha intensificado a lo largo de los últimos años, conforme recogen los distintos informes citados por EFECOM. El debate sigue abierto en los ámbitos administrativo y político, sobre el alcance y las herramientas necesarias para contener la tendencia al alza en los precios y reducir la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
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